Los trabajadores de Iberian Partners, el embotellador único de Coca-Cola en España, se han manifestado este sábado en Madrid en contra del Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que afectará a 1.250 trabajadores, el 30 por ciento de la plantilla, y supondrá el cierre las plantas de Fuenlabrada (Madrid), Palma de Mallorca, Oviedo y Alicante.
Más de 1.500 empleados de las distintas embotelladoras y familiares se han desplazado a Madrid, procedentes de varios puntos de la geografía, en diez autobuses y coches particulares, a los que se han sumado además los trabajadores de la localidad madrileña de Fuenlabrada.
Los secretarios generales de CC OO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente, han participado también en la movilización para que la empresa retire el ERE y se acuerde un plan industrial y de empleo. Junto a ellos también han estado el secretario general de la federación agroalimentaria de CC OO, Jesús Villar, y el de la federación de Industria y Trabajadores Agrarios de UGT, Antonio Deusa.
Bajo el lema 'Coca-Cola, ni cierres ni despidos', la manifestación ha comenzado a las 11.30 horas en la Glorieta de Bilbao y ha discurrido por la madrileña calle Fuencarral hasta la Gran Vía, en protesta por un expediente que los sindicatos consideran "brutal, ilegal e injusto".
Al término de la manifestación Méndez y Toxo han defendido "no sólo la lucha contra la franquicia Coca-Cola Iberian Partners" sino también contra la empresa matriz, ya que "la decisión sobre el cierre de las empresas se está tomando en Atlanta, a miles de kilómetros de aquí", ha indicado Toxo.
Méndez, que ha cifrado la asistencia a la manifestación en más de 7.000 personas, ha criticado la "avaricia e insensibilidad" de una empresa con "un ingente volumen de beneficios" y en la que "la viabilidad económica, organizativa y productiva está asegurada".
También ha pedido al Ejecutivo "que piense en las consecuencias de lo que pretende hacer Coca-Cola", y ha criticado que "se vanaglorie con insistencia de una recuperación económica basada en la destrucción de empleo". Además ha mostrado su solidaridad con los trabajadores de Panrico.
La manifestación tiene lugar a menos de diez días para alcanzar un acuerdo sobre el ERE, teniendo en cuenta que el próximo 21 de febrero expira el plazo legal de consultas entre la empresa y los representantes de los sindicatos. Hasta el momento, las reuniones mantenidas entre ambas partes no han fructificado, ya que los sindicatos exigen a la compañía que retire el ERE para seguir negociando, una postura que la empresa no comparte.
Llamamiento al diálogo
Desde la empresa han realizado un llamamiento al diálogo con los sindicatos para lograr un acuerdo antes de esa fecha y han reiterado la necesidad del proceso reorganizativo, porque de no hacerlo pondría "en riesgo la viabilidad de la compañía a corto plazo", teniendo en cuenta que la productividad media en las plantas no llega en la actualidad al 50%, según han informado fuentes próximas a la compañía.
De los 1.250 trabajadores a los que afecta el ERE, unos 750 serán despedidos a través de prejubilaciones o salidas directas, mientras que cerca de 500 se recolocarán en otras plantas.
En la actualidad, existen 11 fábricas y 73 líneas en el territorio español, con límites de producción y comercialización territoriales y distintas líneas de producción, y con capacidad "ociosa", según datos de la firma, en todas las plantas, al no alcanzar ninguna el 80% de la capacidad en los periodos de máxima producción (meses pico).
El objetivo de la firma es buscar un mapa de plantas de producción que permita los máximos ahorros totales del sistema, manteniendo la atención a la demanda actual, tanto en cantidad como en calidad.
La compañía, que alega causas productivas y organizativas para acometer el ERE, registró un descenso significativo tanto en cajas, con un desplome del 14 por ciento para el periodo 2008-2013, como en litros, con una caída del 4,3 por ciento para el periodo 2011-2013.
La compañía ofrece una indemnización de 30 días con un tope de 18 mensualidades por la extinción de contrato y una cantidad a tanto alzado de 5.000 euros por gastos de traslado a los trabajadores que se recoloquen en otros centros a más de 75 kilómetros del suyo, según información de la compañía.
Según la firma, la indemnización y compensaciones serán distintas en función de la proximidad a la fecha de jubilación, con el fin de garantizar en el caso de quienes tienen una edad más próxima a la misma un esquema que les permita llegar a la misma con la menor pérdida posible de expectativas, especialmente en los periodos y cuantías de cotización a la Seguridad Social.
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