El próximo 3 de diciembre se constituye la comisión de investigación de universidades aprobada la semana pasada por la Asamblea de Madrid. La semana que viene se registrarán los miembros de cada partido que participaran en las sesiones. Las comparecencias se esperan para mediados de diciembre, aunque desde el PP apuntan que se retrasarán hasta febrero o marzo.
La Mesa de la Asamblea de Madrid ha aprobado las normas de funcionamiento de la comisión de investigación de universidades, que se constituirá la semana del 3 de diciembre, mes en el que se prevé que haya una primera sesión, han informado fuentes parlamentarias.
Ya el pasado lunes la Mesa aprobó la constitución de la comisión de investigación de universidades, pese a la negativa del PP, con el objeto de determinar "responsabilidades políticas" y se estableció que puedan acudir a comparecer el presidente, miembros del Consejo de Gobierno, altos cargos, rectores de universidades o responsables de las unidades académicas.
No obstante, aún faltaban por determinar las reglas que regirán esta comisión, que es lo que se ha producido este lunes, así como la fecha. Según han informado fuentes parlamentarias, la semana que viene se registrarán los miembros de cada grupo que la vayan a componer, se constituirá la Mesa a principios de diciembre y la siguiente semana se podría comenzar a llamar a gente para comparecer.
También tratarán que haya dos sesiones al mes, que acudan comparecientes como el exdirector del Instituto de Derecho Público Enrique Álvarez Conde, y hacer que enero sea hábil para prolongar esta comisión al máximo ya la Cámara se disolverá a finales de abril.
Sin embargo, fuentes 'populares' menos optimistas creen que hasta que se constituya la comisión, que se presente un plan de trabajo y contando con que enero es inhábil no creen que las comparecencias se puedan llegar a producir antes de febrero o marzo.
Esta comisión tiene por objeto "investigar", y en su caso, "determinar las responsabilidades políticas que hubiese, por las presuntas irregularidades y trato de favor en el funcionamiento del Instituto de Derecho Público (IDP) desde su creación por Acuerdo de la Comisión Gestora de la Universidad Rey Juan Carlos el 12 de diciembre de 2001".
Además, se pretende estudiar "otros potenciales o posibles casos relacionados con la presunta obtención irregular de títulos académicos oficiales en las universidades públicas de Madrid y sus centros adscritos por parte de cargos públicos". De este modo, se quedan fuera, por ejemplo, los estudios del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al afectar a una universidad privada.
A pesar de ello, el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea aseguró que estaba estudiando pedir a la Mesa del Parlamento madrileño que reconsidere la creación de la comisión de investigación de universidades y en el caso de no hacerlo, abrirían la posibilidad de solicitar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC).