El exsecretario general del PP en Madrid y presunto 'cabecilla' de la trama 'Púnica', Francisco Granados, pidió al empresario David Marjaliza que utilizase su "máquina" de contar dinero con los 360.000 euros que le envió para la compra de una vivienda de su hermano. Así lo detalla un Informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las operaciones inmobiliarias llevadas a cabo por Alfonso Antonio Granados, que obra en el sumario de la trama que investiga el juez instructor de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco. La UCO cree que esta operación "puede apuntar" a un presunto delito de blanqueo de capitales.
En un registro practicado en la vivienda del empresario en 2014 se encontró una nota manuscrita con el membrete de la Asamblea de Madrid, cuando Granados era consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, dirigidas a su socio David Marjaliza, al que denominaba como 'Morti', para cerrar la compra de un inmueble para su hermano. "Estimado Morti, van 360.000 (no lo he contado, tú tienes máquina). Faltan 30.000 que no te pago porque como me los tienes que dar por el corral de mi madre... pues ya los pones tú si eso, que eres rico", escribe Granados. "El piso lo va a comprar mi hermano en vez de mi madre", informa.
Según detalla el informe de la UCO, Granados intermedió en la compra de un piso para su hermano Alfonso por el valor de 390.000 euros. La Guardia Civil deduce de esta carta que el exdirigente 'popular' "remitió 360.000 euros en metálico" en dicho sobre para facilitar la compra del inmueble que, en un principio, iba a figurar a nombre de la progenitora.
Asimismo, en esta carta se intentaba fijar la fecha de la firma de la escritura, ya que Alfonso Granados se encontraba en ese momento "de vacaciones" y la cantidad oportuna para la entrada de la compraventa: "Se va de vacaciones esta tarde hasta el lunes. ¿Puede firmar él el lunes? Además de los 30.000, yo creo que con 12.000 de entrada ya estaría bien no?".
El juez Velasco acordó el pasado 5 de octubre prorrogar su estancia en prisión, donde se encuentra desde el pasado 31 de octubre de 2014, hasta un máximo de otros dos años, lo que alcanzaría el tope de cuatro que prevé la ley para mantener a una persona en prisión preventiva sin ser juzgado.
El juez considera que el exsecretario general del PP madrileño dispone de fondos que aún no le han sido decomisados y que podría utilizar para huir.
El actual director general de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, Carlos López Jimeno, hizo pagos por valor de 200.000 euros entre 2010 y 2012 desde la Fundación de la Energía de la Comunidad -una institución semipública de la que participa la Administración regional- a la sociedad Alba Ingenieros Consultores SL, de la que él mismo era copropietario en dicho periodo con un 20 por ciento del capital. Así se desprende del informe que aporta la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al sumario del caso, en el que tanto López Jimeno como otra persona, María Pilar García Bermúdez, aparecen como socios colaboradores de la Fundación, en la que también participaba un directivo de Cofely, la empresa de eficiencia energética filial de la multinacional francesa GDF Suez que supuestamente utilizó a la trama para asegurar sus contratos.
En esta Fundación, según detalla la Guardia Civil en su informe, Jimeno aparece como autorizado en diversas cuentas bancarias junto a García Bermúdez y ésta última es administradora de la misma desde el 2008 hasta la actualidad. En el momento en que se efectuaron los pagos, el alto cargo de la Comunidad de Madrid y García Bermúdez también participaban en el capital social de Alba Ingenieros con un 20 y 40 por ciento respectivamente, según se desprende del informe que obra en manos del magistrado instructor de este caso en la Audiencia Nacional, Eloy Velasco.
Según el mismo informe, la Fundación realizó pagos a la mercantil en el año 2010 por importe de 35.670 euros, en el año 2011 por 59.250 euros y un año después por 97.10 euros a la empresa de consultoría e ingeniería especializada en el campo de la minería con sede en Madrid, que recibió un total de 192.025 euros en esos tres ejercicios. Además, en la documentación aportada por la UCO a la causa destaca un correo electrónico con fecha del 8 de noviembre de 2012 en el que Fernando Utrilla, empleado de Cofely, pide al directivo de esta firma Constantino Álvarez que intente gestionar la contratación de un cercano a López Jimeno en respuesta al "favor" que éste le había hecho "para el Ayuntamiento de Alcalá de Henares". La UCO concluye que "resulta lógico pensar" que la petición de Álvarez a López Jimeno estaría relacionado con que Cofely fuera adjudicataria del contrato en dicha localidad madrileña.
Por su parte, el director general ha indicado que la citada fundación es una entidad privada participada por varias entidades, entre las que se encuentra la Comunidad de Madrid. Además, López Jimeno asegura que no ha tenido ninguna acción de la empresa Alba Ingenieros Consultores. Por otro lado, ha explicado que ocupaba la vicepresidencia del patronato del ente por su cargo de director general, un puesto sin remuneración y sin ninguna responsabilidad en las tareas de contratación. Ante el contenido del sumario, según apunta, López Jimeno va a recopilar sus declaraciones de renta para demostrar que no ha ostentado ninguna acción de esta entidad.