El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) ha solicitado al Gobierno y a las comunidades autónomas que se coordinen mejor para combatir el cambio climático, ya que la Ley de cambio climático y transición energética compromete al Estado en su conjunto, incluidas las comunidades autónomas.
Así, la organización de abogados ambientales señala que Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León y La Rioja todavía no han comenzado a elaborar sus planes de energía y clima para contribuir a alcanzar la neutralidad climática en España antes de 2050.
De ese modo, en el informe 'El rol de las comunidades autónomas en la lucha contra el cambio climático: planes autonómicos de energía y clima', analiza los avances de las comunidades autónomas en la acción climática y recuerda que de acuerdo con la nueva ley, a partir del 31 de diciembre, las comunidades autónomas tendrán que informar a la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático de sus planes de energía y clima en vigor.
El documento examina el régimen constitucional de distribución de competencias en materia de cambio climático y transición energética, analiza el estado actual y el contenido de los planes autonómicos de energía y clima, así como el marco institucional y los mecanismos existentes para realizar, a nivel autonómico, el seguimiento y evaluación de la implementación de los planes y/o estrategias de energía y clima.
La directora del IIDMA, Ana Barreira, ha defendido que las negociaciones internacionales en materia climática, donde participan los Estados, son "esenciales" para establecer la senda de la acción, pero la acción climática debe producirse no solo a nivel nacional sino también subnacional.
De ese modo, añade que en España las comunidades autónomas desempeñan un "papel esencial" para aplicar los compromisos internacionales y, por ello, los planes autonómicos de energía y clima son un elemento clave para contribuir al logro de un clima estable.
La entidad refleja que en octubre e 2021, excepto Asturias, Castilla La Mancha, Castilla y León y La Rioja, la mayoría de las comunidades autónomas ya habían comenzado a elaborar o adoptado sus respectivos planes de energía y clima para el horizonte 2030 o, en algunos casos, para 2050. No obstante, existen diferencias significativas en la forma en que las regiones están diseñando su planificación y en los compromisos climáticos asumidos.
El informe analiza el desarrollo de estos planes autonómicos es fundamental para alcanzar los objetivos establecidos en la citada Ley estatal y en el Acuerdo de París, pero insiste en que las comunidades autónomas deben tener en cuenta las reglas de distribución de competencias establecidas en la Constitución. De ese modo, añade que las actuaciones de las comunidades autónomas no deben invadir otros ámbitos de competencia estatal o local.
A nivel jurídico, incide en que la sentencia 87/2019, de 20 de junio, del Tribunal Constitucional, por la que se declaró la inconstitucionalidad de ciertos preceptos de la Ley Catalana de Cambio Climático, ha declarado que las comunidades autónomas no pueden establecer objetivos concretos, esto es, cuantitativos, mensurables y a término, de reducción de emisiones y de transición energética (energías renovables y eficiencia energética), por vulnerar la legislación básica del Estado y el ámbito competencial estatal.
Por su parte, la abogada ambiental del IIDMA, Alba Iranzo, ha manifestado que hay que ue tener en cuenta que en España no se ha realizado un reparto específico de esfuerzos entre comunidades autónomas para combatir el cambio climático e impulsar la transición energética.
"Si bien se está avanzando en este reto a nivel autonómico, es fundamental promover una mayor coordinación y colaboración interadministrativa entre el Estado y las comunidades autónomas para asegurar que los compromisos, medidas y acciones propuestas a nivel regional en los planes de energía y clima y/o en las leyes autonómicas de cambio climático sean coherentes y contribuyan a cumplir con los objetivos asumidos por España a medio y largo plazo", ha apuntado.
Tras el informe, el IIDMA recomienda a todas las comunidades autónomas que informen a la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático de sus planes y/o estrategias de energía y clima en vigor a partir del 31 de diciembre de 2021.
De ese modo, insiste a las que aún no han comenzado a elaborar o adoptar sus respectivos instrumentos de planificación en que deben avanzar sometiendo sus planes y/o estrategias al correspondiente procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica, cuando sea legalmente requerido.
Por otro lado, ven fundamental garantizar que las Administraciones Públicas respeten la distribución competencial estatal, autonómica y local en materia de cambio climático y transición energética, a fin de evitar futuros conflictos de competencia entre los tres niveles de gobierno, pues la litigiosidad podría retrasar el logro de los objetivos asumidos. De ese modo, reclaman una mayor coordinación y colaboración entre la administración general y las 17 comunidades autónomas y esta coordinación debe tener lugar en la Comisión Coordinación de Políticas de Cambio Climático, con la colaboración de las Conferencias Sectoriales de Medio Ambiente y de Energía.
Por ello, recomienda que acuerden un reparto específico de esfuerzos a nivel autonómico de acuerdo con el contexto y realidad particular de cada región.
Finalmente, recomienda acordar entre comunidades autónomas y la administración general del estado en el contenido mínimo que deben incluir los planes y estrategias autonómicas de energía y clima.
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