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Sede del Tribunal Supremo en Madrid.
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Sede del Tribunal Supremo en Madrid. (Foto: Juan Luis Jaén)

Abogados de toda España presentan una querella contra el Gobierno en nombre de 3.000 familiares de fallecidos

martes 12 de mayo de 2020, 13:24h

Once abogados de toda España han presentado este lunes una querella ante el Tribunal Supremo en representación de más de 3.000 familiares de fallecidos por el coronavirus contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los 22 vicepresidentes y ministros del Ejecutivo por posible delito de homicidio imprudente en la gestión de la pandemia.

La querella ha sido presentada ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra todos los miembros del Consejo de Ministros por "un número no determinado aún de delitos de homicidio por imprudencia grave" al haber permitido por acción o por omisión la extensión de la pandemia y la muerte de estas personas por el virus Sars-Cov-2.

Los firmantes de esta querella, que representan a 3.268 personas, han advertido que se podría ampliar para incluir los delitos de prevaricación y omisión del deber de socorro, entre otros, así como incluir al director del Centro de Coordinación de Emergencias de Sanidad, Fernando Simón, y otros asesores de Sanidad como cooperadores necesarios.

En concreto, la querella representa a 3.268 las personas, cuyas familias han perdido a 3.274 familiares como consecuencia de la epidemia del Sars-Cov-2, aunque hasta el momento únicamente se han personado 116 familias "dado que las restantes no han podido obtener" el Certificado Médico de Defunción necesario para poder acreditar la muerte de los familiares, y las causas del óbito.

Entre otras cuestiones, en el texto de la misma se denuncia "la irresponsable y negligente inacción y actuación tardía y nefasta" por parte de los 23 miembros del Gobierno en la gestión y evolución de la pandemia por el nuevo coronavirus.

"Una crisis sanitaria", dice el texto, "que, amén de tardía, ha estado continuamente trufada de decisiones y ordenes verbales, contradictorias con las medidas previstas para el freno de los contagios, lo que a su vez ha contribuido de manera poderosa al desproporcionado incremento del número de víctimas que, posiblemente, se contagiaron en los propios centros sanitarios, en los que se produjeron dantescas escenas de hacinamiento de enfermos, creándose así un escenario perfecto para la propagación del virus".

Defensor de El Paciente denuncia a Ayuso

Por otro lado, la asociación El Defensor de El Paciente ha interpuesto ante la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Supremo una denuncia contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz de Ayuso, por la presunta comisión de un delito de omisión del deber del socorro y homicidios imprudentes por presuntamente ordenar que los hospitales madrileños no aceptaran ancianos procedentes de residencias durante la crisis del Covid-19.

En la denuncia, la presidenta de la asociación, Carmen Flores, sustenta su petición en las afirmaciones de Ayuso en una entrevista publicada este fin de semana en el diario El Mundo en las que, a juicio de la denunciante, se rechazó en Madrid la derivación a hospitales de ancianos enfermos, fundamentalmente en hospitales

En esa entrevista se le preguntó a la presidenta regional sobre unas declaraciones de la patronal de residencias en las que se denunciaba que durante el pico de la pandemia no se aceptaron hospitalizaciones de residendes.

"Si ha habido criterios técnicos y sanitarios que te dicen que igualmente esta persona va a fallecer, que mejor se quede ahí, yo no lo puedo cuestionar ahora en frío y a toro pasado", manifestó Ayuso entonces.

Al respecto, Flores tacha de "inhumana" las manifestaciones de Ayuso ante estas muertes de residentes, quienes en su opinión "murieron abandonados y desamparados". Además, apunta a que la Comunidad de Madrid habría vulnerado el artículo 14 de la Constitución al "dejar sin asistencia médica a los ancianos.

Asimismo, sostiene que la presidenta regional infringió con ello "toda la normativa en materia de Sanidad y Derechos Humanos". "¿A toro pasado?. No les ha ofrecido una mínima oportunidad de supervivencia y han fallecido aproximadamente 17.000 por decisiones como esta", ha denunciado.

Por ello, El Defensor del Paciente ha destacado que quiere que se investigue cuántos han podido fallecer sin recibir la asistencia adecuada debido a esta decisión al considerar que "la petición de investigación e intervención está más que justificada; más todavía si considera que el presidente de la patronal de las residencias ha manifestado, también públicamente, que no llegaban los medicamentos, a excepción de la morfina".

La asociación basa su solicitud en el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que " obliga a los que por su cargo, profesión u oficio tuvieran noticia de algún delito público a denunciarlo inmediatamente al Juez o al Fiscal".

Un total de 7.547 usuarios de residencias madrileñas han muerto por todas las causas desde el 8 de marzo hasta el pasado viernes, de los que 5.846 han fallecido por coronavirus, el 77,5 por ciento del total, según los datos recopilados por la Consejería de Políticas Sociales.

En la anterior entrega de datos reportaron que habían muerto 5.876 personas en residencias por Covid-19, 30 más que el pasado sábado. Este desfase de datos, que aporta cada centro, se produce por algunos ajustes, ya que se ha comprobado que algunos casos se habían contabilizado dos veces, según han explicado a Europa Press fuentes del departamento que dirige Alberto Reyero. Con el registro actualizado hoy, 1.146 decesos fueron confirmados por pruebas de coronavirus y 4.700 con síntomas.

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