Así se ha pronunciado Sáenz de Santamaría a su llegada a la Convención Nacional del PP que se celebra en Valladolid, un día después de la marcha en la que miles de personas pidieron que se diera marcha atrás en la reforma de la ley del aborto que impulsa el Gobierno y que pidió la dimisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.
En declaraciones a los periodistas, la vicepresidenta ha recordado que el Gobierno ha pedido informes sobre esta reforma "como en todas las leyes" y ha señalado que ese "buen número de organismos y distintas instituciones" tienen que exponer su punto de vista y sus aportaciones sobre la ley".
"Y las analizaremos con muchísimo interés como en todas la leyes y más en asuntos como éste que, indudablemente tiene una gran sensibilidad social. El procedimiento será como en otras leyes y procuraremos trabajar por un consenso que tiene que existir siempre en materias como ésta", ha resaltado.
La ley más restrictiva
La ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, aprobada con Bibiana Aído (PSOE) al frente de la cartera de Igualdad, supuso un cambio radical de procedimientos. Se pasó de los supuestos (peligro para la madre, violación o malformación fetal) a los plazos (aborto a petición de la mujer hasta las catorce semanas, o veintidós en caso de malformación), lo que básicamente se traduce en que las mujeres dejaron de acreditar que ser madres podía afectar a su salud para poder abortar. La norma se aprobó el 17 de diciembre de 2009 en el Congreso, con 184 votos a favor (PSOE, PNV, ERC, IU, ICV, BNG y Nabai y dos de diez diputados de CiU), 158 en contra (PP, CC, UPN, UPyD y siete diputados de CiU) y una abstención (una diputada de CIU). El anteproyecto de ley que presentó el ministro Ruiz-Gallardón vuelve a los supuestos pero de una manera aún más restrictiva, pues elimina el de malformación fetal -aunque varios dirigentes 'populares' han dejado entrever que este caso volverá a incluirse en el texto final- y exige dos informes médicos que acrediten el riesgo para la madre. Uno de los motivos alegados para justificar la ley es que será "positiva" para la economía española, porque conllevará un incremento de la natalidad.
La futura legislación será de las más duras de la Unión Europea. Tanto, que las críticas han traspasado fronteras y colectivos feministas también celebrarán protestas en París, Londres, Roma o Bruselas.
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