Siete millones de recetas en 25 días

En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Victoria ha aclarado que aunque este número corresponde a recetas dispensadas no quiere decir que sean las mismas que después se hayan despachado en las farmacias puesto que existe un porcentaje de personas que, con la receta expedida, luego no acude a comprar el medicamento.

Ante este dato, Victoria ha insistido en que con la medida del euro por receta, la Comunidad pretendía racionalizar el gasto, partiendo, además de que en el 2012 se habían expedido cien millones de recetas, lo que se traduce en 17 recetas de media por madrileño, "muy por encima de la media europea".

"Y no creo que los madrileños y españoles estemos más enfermos que el resto de europeos", ha señalado Victoria, quien ha indicado que en su día se habló también del uso recaudatorio de esta medida pero poniendo el "acento" en que era una medida de "racionalización del uso de los medicamentos". Este miércoles, por ejemplo, el propio Victoria señaló que los 83 millones que pretendían ingresar tendrán que compensarse de otra manera. 

El consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha explicado este jueves que su departamento va a controlar de forma continuada la ejecución presupuestaria de los ingresos y gastos para ver si tienen que tomar alguna medida adicional por la ausencia de ingresos de los 83 millones de euros que en los presupuestos estaban previstos por el cobro del euro por receta.

Devolución del dinero
El consejero también ha recordado que el Tribunal Constitucional ha decretado la suspensión cautelar de la medida y que, según la ley, en un plazo de cinco meses, debería pronunciarse sobre esta suspensión. Posteriormente, ha añadido, se producirá el fallo sobre el fondo de la medida, algo puede suceder "en años".

Cuando llegue ese momento, ha explicado Ossorio, es esta sentencia la que puede disponer sobre qué sucede con los recursos que hayan podido presentar los ciudadanos contra la medida. En este punto, el consejero ha explicado que, según la doctrina tradicional, los actos consentidos permanecen y los discutidos por el ciudadano son los que pueden ser objeto de devolución o de revisión.