El TSJM inadmite la denuncia del Ayuntamiento de Móstoles contra Escudero por el protocolo en las residencias

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado investigar la denuncia del Ayuntamiento de Móstoles contra el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, por los supuestos criterios de exclusión hospitalaria aplicados en los centros de mayores durante la primera fase de la pandemia. El TSJM sostiene que no puede establecerse "un nexo causal" entre la conducta imputada y el resultado ilícito al no haber una identificación de las víctimas.

Así consta en una resolución, contra la que cabe recurso, en la que se inadmite a trámite la denuncia, que se dirigía además contra "todos aquellos que pudieran ser responsables, por la existencia de un documento/protocolo, elaborado por la citada Consejería y remitido a hospitales y residencias de la comunidad" para excluir a los citados residentes.

Según la denuncia, estos documentos establecerían "criterios de exclusión" de derivación hospitalaria de los mayores que vivían en residencias con motivo del estado de alarma y la situación excepcional derivada de la pandemia Covid-19.

Los magistrados inadmiten a trámite la denuncia, en primer lugar, por adolecer ésta de la necesaria precisión. El auto recalca que el Ayuntamiento de Móstoles "no ha podido recabar datos concretos, al menos en las residencias de su término municipal, a través de sus servicios sociales o por denuncias o comunicaciones que les hayan podido hacer llegar de familiares de fallecidos". "La falta de identificación impide conocer, a su vez, si el posible fallecimiento ha tenido como causa la Covid 19 o si se ha debido a otras causas, y si una derivación, o mejor dicho, la falta de ella, es causa de dicho fallecimiento", recoge la resolución.

Los magistrados rechazan también la denuncia tras el examen de los protocolos redactados por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid que "no determina, necesariamente, que se hayan producido resultados lesivos para los derechos de los residentes, en la medida en que desconocemos quiénes han podido ser perjudicados por la aplicación directa de los citados protocolos", asegura la resolución.