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Un nuevo Acuerdo Marco prioriza la calidad frente al precio en la contratación de plazas concertadas en las residencias
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(Foto: Chema Barroso)

Un nuevo Acuerdo Marco prioriza la calidad frente al precio en la contratación de plazas concertadas en las residencias

lunes 22 de febrero de 2021, 17:51h

La Comunidad de Madrid pasará de pagar 54,51 a 74,88 euros por residente y día a los geriátricos concertados, un 37,4 por ciento más que ahora, pero les obligará a contratar a 450 empleados más en total con un aumento del ratio de personal, entre otras exigencias que implica la firma del nuevo Acuerdo Marco que fijas las condiciones para la contratación de plazas concertadas en las residencias.

Así lo ha anunciado este lunes el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, tras su firma y la de los secretarios generales de CCOO Madrid, Jaime Cedrún, y UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo, y con la vicepresidenta de CEIM, Eva Serrano, y el consejero de Políticas Sociales, Igualdad, Familias y Natalidad, Javier Luengo. Este acuerdo, que sustituirá a partir de mediados de este año al vigente desde 2017 y sumará 58 millones de euros anuales extra a esta partida, establece las características (régimen económico, criterios de adjudicación, prescripciones técnicas, etc.) de los contratos de servicios que licita el Gobierno regional para el mantenimiento de plazas públicas en las residencias de mayores de la región.

"Es un acuerdo que supone una revisión sin precedentes del Acuerdo Marco, que busca que cada euro que invertimos tenga una traducción directa en la mejora de la calidad del servicio. Anteponemos el sistema de calidad al precio. Y vinculamos una revisión del contrato a una serie de requisitos y mejoras. Se apuesta también por mejorar menús y los sueldos de los trabajadores, entre otros puntos. Aquellas residencias que apuesten por la excelencia tendrá el apoyo del Gobierno regional", ha señalado.

Aguado también ha destacado que la reforma del Acuerdo supone un incremento del ratio del personal por residente que supondrá, según sus estimaciones, la incorporación de un mínimo de 450 nuevos profesionales a las residencias concertadas, un 7 por ciento más de lo que hay ahora, lo que redundará "en una mejora atención".

Concretamente, por plaza supone el incremento en cinco puntos de la ratio de personal de atención directa, en el que se incluyen médicos, enfermeros, gerocultores, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales o psicólogos y que pasa de 0,42 a 0,47 por residente. El nuevo acuerdo marco fija además ratios para gerocultores (0,33) y para la suma de todos los profesionales encargados de la limpieza y manutención (0,12) que hasta ahora no estaban determinados.

Igualmente, ha detallado que se pondrá en marcha una Comisión de Menús en el que trabajarán cocineros, nutricionistas y usuarios. El vicepresidente ha apuntado, entre otras novedades, la prohibición de las sujeciones forzosas en estos centros porque "van en detrimento de la dignidad de las personas mayores".

Y también se cambia la normativa para que la Comunidad puede tomar medidas severas contra las residencias incumplidoras. Las sanciones leves por mala limpieza e higiene serán ahora graves y habrá rescisiones de contratos por graves incumplimientos. "Se da dinero pero se les exige más calidad, trato y atención", ha resumido Ignacio Aguado.

Mejora de salarios

Así, aunque los salarios de médicos, gerocultores, enfermeros y el resto de personal están establecidos en los convenios colectivos, la subida de un 1,5 por ciento en la cuantía del salario base fijada por ese convenio tendrá un peso de hasta 9 puntos dentro de los criterios de calidad determinantes para la adjudicación.

Además, y pensando en la estabilidad laboral de las personas que atienden a los mayores, se establece la obligatoriedad de que a lo largo de la vigencia del contrato se supere el porcentaje de trabajadores con contrato indefinido y a jornada completa que recoja el convenio colectivo de aplicación, o bien que este porcentaje sea superior al 85 por ciento de la plantilla del centro.

El acuerdo también señala que los adjudicatarios solo podrán subcontratar con terceros la realización de prestaciones accesorias al contrato (limpieza, cocina, lavandería), y en ningún caso se podrá subcontratar personal de atención directa salvo profesionales de enfermería (DUEs), que sí se podrán subcontratar para cubrir la demanda de este servicio tan necesario en estos centros.

Además, añade a los protocolos habituales de los que deben disponer y seguir los centros (higiene, sueño, administración de medicación) otros específicos como el de no discriminación por motivos de identidad o expresión de género u orientación e identidad sexual, de prevención de riesgos psicosociales y detección y actuación ante situaciones de maltrato.

Precisamente hace un año, el antiguo consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, anunció que abrió un expediente a la empresa gestora de la residencia de mayores Usera DomusVi por incumplimiento del pliego porque identificaron un caso de subcontratación del personal que atiende a las personas directamente. Si embargo, finalmente la Abogacía de la Comunidad de Madrid paró la rescisión del contrato, una situación que se quiere evitar ahora con este nuevo Acuerdo Marco.

La oferta económica pasa de 70 a 49 puntos

En la misma línea, el consejero de Políticas Sociales ha indicado que el aumento en coste de plaza "se va a traducir en una mejor calidad en atención. "Vamos a primar que la calidad en la atención tenga una ponderación mucho mayor en las licitaciones, por encima de la oferta económica. Es algo que no pasaba. Habrá una mejora en la puntuación de los sistemas de la calidad, que prime sobre la oferta económica", ha dicho.

El desarrollo de talleres de terapia recreativa (ludoterapia, jardinoterapia, etc.), la contratación de mayor número de fisioterapeutas o animadores socioculturales, la existencia de planes de formación continuada para todos los trabajadores o la disponibilidad de mayor número de habitaciones individuales son algunos de los criterios de calidad que se podrán valorar con hasta 51 puntos, dejando el peso de la oferta económica en un máximo de 49 puntos frente a los 70 que establecía el acuerdo vigente.

Para rescindir los contratos con los adjudicatarios contarán la imposición de tres penalidades muy graves en un año o cinco muy graves o graves a lo largo de la ejecución del contrato o el incumplimiento de los compromisos de calidad en la atención ofertados en la licitación. Además de señalar que los residentes conocerán los menús con antelación, Luengo también ha abundado en que se modificarán los criterios de penalizaciones. "Los centros que no cumplen de los estándares de calidad van a poder ser revertidos esos contratos o sacados del sistema", ha insistido.

UGT: "Con este acuerdo se hubieran salvado miles de vidas en el Covid"

Por su parte, el secretario general de UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo, ha afirmado que se trata del acuerdo más importante que ha firmado. "Después de todo lo pasado como el Covid, si hubiéramos tenido antes este acuerdo, se hubieran salvado miles de personas. Pero esto es lo que nos ha tocado vivir", ha añadido.

El líder sindical ha subrayado también que prevalezcan los criterios de calidad en los pliegos, también en los menos y que aumente la formación de estos trabajadores. "Nosotros al final lo que queremos es que las residencias sean universales y gratuitas, como la Sanidad. De momento, esto es un paso de gigante, que los mayores puedan ser atendidos como se merecen porque nos dieron este estado de bienestar y se lo debemos. Todos merecemos una vejez y cuidados dignos", ha sostenido.

Por su parte, el secretario de CC.OO. Madrid, Jaime Cedrún, ha ensalzado que por primera vez hay un acuerdo marco en residencias donde se cuente con la colaboración de acuerdos sociales. "Hoy se ha firmado un protocolo de compromiso pero el acuerdo marco que sale recoge buena parte de lo que habíamos planteado. Recoge algunos aspectos importantes, como reconocer que el sistema no ha funcionado bien. Con la Covid se ha demostrado del sistema el gran fracaso, como el propio cuestionamiento social", ha dicho.

Cedrún, quien ha dado ánimo a los familiares de fallecidos en residencias durante la primera ola en su lucha judicial, ha apostado no solo por revisar el modelo de residencias, "sino todo el modelo de cuidados, porque si queremos conseguir que si sean las personas el verdadero centro de atención, respetemos su autonomía y una vida digna". "Ahora se empezará a trabajar con esto y poner en marcha una comisión de seguimiento. Lo que hay no nos sirve, hay que modificarlo", ha apuntado.

Según ha explicado este líder sindical, hasta ahora el 70% de valoración para una concesión es la oferta económica, "lo que carga a la presión a los trabajadores, menos plantillas y peores condiciones laborales".

Por eso espera que la nueva normativa mejore la situación en las 150 residencias concertadas, donde habrá mecanismos de seguimiento y sanciones, "que hasta ahora no ha sido habitual". "Estamos en un escenario nuevo que agradezco. A ver si somos capaces entre todos lograr avanzar en una mayor atención a los mayores", ha concluido Jaime Cedrún.

La vicepresidenta de CEIM ha apoyado al sector concertado y ha indicado que ahora "va a primar la calidad, ajustar los costes y una mejor calidad de vida para la gente mayor, que nos dieron nuestro actual Estado de Bienestar". "Mañana nosotros seremos mayores y hemos de trabajar por adaptar al siglo XXI el sistema de residencias. Se empezará a invertir en formación, en empatía, en aumentar los ratios para atender como Dios manda a la gente mayor", ha dicho.

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