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Francisco Lobo Montalbán, ex Secretario General Técnico de la Consejería de Sanidad.
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Francisco Lobo Montalbán, ex Secretario General Técnico de la Consejería de Sanidad. (Foto: Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid)

Cesado el ex Secretario General Técnico de Sanidad por la Púnica

martes 03 de septiembre de 2019, 16:14h

Uno de los altos cargos de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha sido cesado por su vinculación a la trama Púnica. Francisco Lobo, hasta ahora secretario general técnico de la Consejería de Sanidad, ha sido apartado de sus funciones tras su imputación por la presunta financiación irregular del PP de Madrid.

El cese se ha dado a conocer este martes en en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid y portavoz del Ejecutivo autonómico, Ignacio Aguado, ha agregado que tras el cese Lobo "ocupará su plaza de funcionario cuando corresponda".

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón imputó ayer a las expresidentas de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, así como al expresidente Ignacio González y otros altos cargos del Gobierno regional.

Entre otros, Lobo ha sido citado como investigado el 17 de septiembre, en medio de un intenso calendario de citaciones que abarcan desde el 9 de septiembre hasta el 18 de octubre.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha citado a Cifuentes el día 1 de octubre y a Aguirre el 18 de ese mismo mes, relanzando así la investigación del 'caso Púnica' y, concretamente, de la pieza que indaga en si el PP que presidió Aguirre se financió ilegalmente las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011.

Francisco Granados, en el punto de mira

Nuevos detalles se han dado a conocer sobre la implicación de Francisco Granados en la Púnica. El ex consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid y número 2 del PP lideró una trama que entre 2002 y 2014 saqueó más de 15 millones de euros a cooperativas de profesores en la construcción de colegios concertados en municipios de esta y otras comunidades autónomas, según el relato de los hechos que recoge el auto del juez de la Audiencia Nacional para formar una pieza separada, la número 11, que permita juzgar aisladamente esta rama de la trama Púnica.

Francisco Granados, ex secretario general del PP de Madrid. (Foto: Javier Bernardo)

Conforme explica, el corazón del negocio era Alfadel, la promotora de Alfonso Ferrón del Río y el "patrón" era "el mismo" en todos los casos investigados: La empresa constituía cooperativas para promover la construcción de colegios concertados y exigía a los cooperativistas amplios poderes para la gestión del proyecto, desde autorización para contratar servicios hasta firma en las cuentas bancarias para pagarlos.

Era así como Ferrón les cargaba facturas falsas emitidas por otras empresas de la trama (las de David Marjaliza y José Luis Capita, ambos investigados) y conseguía el dinero con el que luego abonaría comisiones y dádivas a técnicos y políticos mientras él "se procuraba ingentes beneficios", hasta el punto de que ha acabado imputada su mujer por aflorar en forma de lujos este dinero de origen ilícito.

El colegio, no obstante, se construía. Según el auto del juez, el primer paso era "un concierto criminal" en el que Ferrón, Marjaliza, Capita y el ex alcalde de Cartagena, José Antonio Alonso, también investigado, "definían en qué Ayuntamientos podrían establecerse las cooperativas de profesores, que cambios de planeamiento del PGOU había que realizar, la tramitación de los concursos necesarios, la obtención de licencias y todo ello acompañado del pago de sustanciosas comisiones que se repartían entre los regidores y técnicos de los ayuntamientos".

Granados, por su parte, habría sido determinante. El juez, en línea con las tesis de la Fiscalía Anticorrupción, expone que primero como alcalde de Valdemoro y luego como secretario general del PP de Madrid y número 3 del Ejecutivo regional, "usaba sus influencias políticas" para que los ayuntamientos cedieran suelo "a un precio muy inferior al de mercado con el argumento de que el colegio concertado era un servicio público de interés".

Adjudicado sin cumplir los requisitos

Una vez liberado el suelo, llegaba el proceso de adjudicación de las parcelas, fase en la que a la luz de los informes policiales que obran en la causa, "los promotores no dudaron en saltarse los trámites administrativos" y las mesas de contratación, en obviar esta circunstancia. El auto relata cómo se rebajó el peso de la oferta económica en los concursos para poder adjudicar la construcción a Alfadel, si bien no cumplía los requisitos e incluso tenía informe negativo de la Seguridad Social.

En todo este proceso, la promotora "pagaba una comisión que oscilaba según las características del colegio" y que siempre según el auto, "se enmascaraba mediante un contrato falso de consultoría" con "alguna de las sociedades" de Marjaliza. "De esta forma, Alfonso Ferrón del Río pagaba las comisiones, siempre presuntamente, a través de facturas falsas, pero todo ello con una apariencia legal", detalla.

Entre las comisiones que recoge el informe de Anticorrupción, constan 660.000 euros que se habría embolsado el propio Granados por dos colegios y 400.000 euros al ex regidor de Cartagena más otros 939.000 euros a una de sus sociedades por estas licitaciones, entre otras.

Las comisiones, a cuenta de la cooperativa

Según la tesis de los investigadores, este dinero salía de los cooperativistas y a sus espaldas pues Ferrón, "utilizando facturación falsa del resto de los investigados (Marjaliza, Capita y Alonso) atendió pagos contra los saldos de las cuentas de las cooperativas, para fines ajenos a estas" que "se concertaron con facturación simulada para el vaciamiento de los fondos de las cooperativas de la enseñanza".

"Las facturas y comisiones de estos últimos, encubrieron los pagos de dádivas que repartieron entre los Alcaldes y Técnicos de varios municipios de Madrid, facilitando Alfonso Ferrón los fondos de los sobornos y la documentación simulada de cobertura", expone el auto de imputación.

En total, el auto cifra en algo más de 19 millones de euros los fondos que Alfadel obtuvo de 19 cooperativas y en 12,1 millones de euros los ingresos obtenidos por las empresas vinculadas a David Marjaliza, José Luis Capita y José Antonio Alonso con esta trama que pivotaba en torno a la construcción de colegios concertados.

Las irregularidades, añade el juez, "no atendieron a promover o mejorar el sistema de enseñanza de sus respectivos municipios, sino que se dirigieron fundamentalmente a obtener un ilícito lucro para su enriquecimiento personal" con un perjuicio para los cooperativistas que se estima en 15 millones de euros, "importe al que ascendió todo el aprovechamiento ilícito que se realizó de los proveedores, constructores y arquitectos de las cooperativas".

Amaños en los concursos de Metro

Asimismo, también se ha sabido que Granados aprovechó el único año que estuvo al frente de la Consejería de Transportes de la Comunidad (noviembre 2003-diciembre 2004) para amañar los concursos públicos de la construcción de tres tramos de Metro y adjudicarlos a empresas 'amigas' a cambio del cobro de comisiones, siempre buscando su enriquecimiento personal y en detrimento del erario público.

Disponiendo de un elevado presupuesto para acometer ampliaciones de la línea del suburbano madrileño, Granados actuó junto a Jesús Trabada, el entonces consejero delegado de la empresa pública Mintra, la encargada de ejecutar, gestionar y mantener las infraestructuras del transporte colectivo de la Comunidad de Madrid.

Metro de Madrid. (Foto: Javier Bernardo)

Al parecer, ambos diseñaron un plan para adjudicar las obras de Metro Norte, Metro Oeste y Metro Sur a "empresas medianas" del círculo del exconsejero, compañías que hasta la fecha nunca se habían dedicado a la construcción de este tipo de infraestructura, en detrimento de grandes constructoras adjudicatarias tradicionales de este tipo de proyectos.

Una de las empresas favorecidas por este plan fue Obrum, a sugerencia del entonces socio del exconsejero, David Marjaliza, a quien conocía de los negocios que compartieron cuando Granados era alcalde del municipio madrileño de Valdemoro. Pero Obrum nunca había acometido este tipo de obras, y así lo exponía su objeto social: "administración de fincas, proyectos de ingeniería y arquitectura, promociones y construcciones de viviendas, así como toda clase de edificaciones".

Todas las empresas adjudicatarias, explica el auto del juez, "están implicadas en la realización de pagos no justificados en los servicios contratados", ya que "no cumplían los requisitos de licitación y con graves irregularidades en el proceso de contratación administrativa".

Obras complementarias para aumentar las comisiones

Pero no sólo eso, sino que además de la adjudicación en sí, Granados y Trabada habrían concertado con los técnicos de Mintra Antonio González Jiménez, José María Díaz Retana y Manuel Herrera Álvarez (los tres citados a declarar como investigados en las próximas semanas) para que elaboraran informes que justificaran "la necesidad de un modificado del contrato inicial o de un contrato complementario" con la excusa de que habían surgido "modificaciones para conseguir una mejor adaptación".

Para estas modificaciones, fueron los técnicos los que, según el magistrado de la Audiencia Nacional, sugirieron contratos sin licitación, "tratando de justificar la adjudicación a las empresas de su círculo de confianza de los nuevos contratos por modificados y obras complementarias, que tenían un objeto inexacto y precio indiciariamente sobrevalorado, superando el límite del 20% del precio del contrato originario".

Indiciariamente estos nuevos contratos, añade García Castellón, "desviaron fondos a favor de las empresas favorecidas, que a su vez incrementaron el importe de las comisiones" ilegales que entregaban a Granados y otros participantes en la trama.

Correos electrónicos intervenidos en registros realizados en empresas de los investigados Marjaliza y Javier López Madrid han llevado a los investigadores a estas conclusiones. El propio Marjaliza reconoció los hechos después en sede judicial. Los hechos serían constitutivos de delitos de malversación, cohecho, organización criminal, tráfico de influencias, falsificación de documentos mercantiles y blanqueo de capitales, sin perjuicio de que puedan ampliarse a medida que avance la instrucción.

Por todo ello, el magistrado de la Audiencia Nacional ha llamado a declarar el próximo 18 de septiembre a los técnicos de Mintra supuestamente implicados en los amaños para la construcción de los tres tramos de Metro, así como a representantes de otras sociedades que también se habrían beneficiado de las obras, como José Luis Ulibarri, presidente de la sociedad Begar; Gustavo Muñiz Fernández, del consorcio de Azvi, Constructora San José y S.A. Elsan; y Eugenio José Rey Conde, de la UTE Metronorte: Obrum-Teconsa-Arias.

Ocho consejerías de Madrid desviaron cinco millones

Según el auto del juez de la Audiencia Nacional, un total de ocho consejerías de la Comunidad de Madrid en la etapa investigada por el caso Púnica por presunta financiación ilegal del PP de Madrid se apoyaron en una cláusula "falaz" con el cocimiento de sus máximos responsables para desviar presuntamente más de cinco millones entre 2006 y 2008

Según el juez, los dirigentes de la formación y del Ejecutivo madrileño habrían estado desde 2003 y hasta al menos 2011 utilizando fondos públicos para pagar deudas, sufragar actos de campaña y engordar una supuesta 'caja B'.

Entre las herramientas para el desvío, el juez detalla el 'modus operandi' de la citada cláusula y especifica que se aplicó en las entonces consejerías de Presidencia; Sanidad; Transportes; La Mujer; Economía; Consejería de Medio Ambiente; Consejería de Hacienda; Consejería de Economía e Innovación Tecnológica.

Además, apunta que también desvió indiciariamente un importante flujo de fondos desde entidades públicas como el Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE), Gestión Desarrollo del Medio Ambiente (GEDESMA), Áreas de Promoción Empresarial (ARPEGIO) y Campus de la Justicia, y desde otras administraciones locales.

Indra se distancia de la trama


La compañía tecnológica Indra, tras conocer su condición de investigada en el procedimiento abierto por la Audiencia Nacional sobre el 'caso Púnica', ha puntualizado que todos los hechos investigados son anteriores al año 2015, en el que se produjo el relevo en la presidencia y en la dirección de la compañía, y que ninguno de los directivos y empleados que aparecen como investigados en la causa presta servicios en Indra en la actualidad.

Indra. (Foto: MDO)

En un comunicado difundido por la empresa que preside Fernando Abril-Martorell sobre esta cuestión, se indica que la condición de investigada solicitada por la Fiscalía y decretada por el magistrado no implica en esta fase del procedimiento la acusación por ningún delito, ni tiene efecto sobre la capacidad jurídica para contratar de Indra.

Asimismo, recuerda que la compañía se dotó de un sistema de prevención penal ya desde el año 2011, una vez entró en vigor la reforma del Código Penal del año 2010 articulada por Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, que introdujo en el ordenamiento jurídico español la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

La compañía detalla que desde el año 2015, tras el relevo en su presidencia (con la salida de Javier Monzón y la llegada de Abril-Martorell) y en su equipo de dirección, ha actualizado y reforzado su sistema de prevención de la comisión de ilícitos por parte de sus administradores y empleados.

Por ello, Indra, a la luz de lo internamente analizado, sostiene que, si alguna conducta irregular se hubiera eventualmente producido en el periodo investigado, la misma se debió ejecutar violando los modelos de organización y de gestión y vigilancia aprobados en 2011 y que han sido reforzados y perfeccionados a partir del año 2015. Asimismo, han reiterado su colaboración con la investigación penal y su confianza en la Justicia.

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