Este lunes, una treintena de activistas de Stop Desahucios de Vicálvaro lograron parar el procedimiento que expulsaba de su casa a Soraya y a sus tres hijos que la ONU pidió parar. Eso sí, la orden de la jueza sigue en pie.
Soraya, una mujer con tres hijos, se enfrenta a que la Policía judicial le obligue a abandonar la casa que okupa en Vicálvaro junto a sus tres hijos pese a que la Organización de las Naciones Unidas ha solicitado al Estado la suspensión cautelar del desahucio o el realojo de la familia en una vivienda digna.
El primer intento se produjo ayer, aunque una treintena de activistas de Stop Desahucios de Vicálvaro y vecinos lograron paralizarlo. Eso sí, la orden continúa en vigor y podría producirse en cualquier momento.
Fue hace cuatro días cuando la ONU entendió que, ante la posibilidad "de que se pudieran estar vulnerando los derechos" de esta madre y "para evitar daños irreparables", era necesaria "por parte de los poderes del Estado" la suspensión cautelar del desalojo o el realojo "en una vivienda digna". La petición se basaba en que el caso tenía que ser estudiado en el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la organización.
En cambio, según ha explicado la plataforma Stop Desahucios en un comunicado, la magistrada del Juzgado número 3 de Madrid dictó un auto donde hacía oídos sordos a la petición de la ONU y ordenaba el desalojo.
Para Stop Desahucios, esta situación supone una "flagrante arbitrariedad" a la hora de asumir resoluciones de órganos internacionales y critica que no se suspenda el desalojo para tratar de salvaguardar "los derechos de la clase trabajadora y de las clases más desfavorecidas de la sociedad": "Estamos ante una familia de situación vulnerable con tres menores, uno de ellos apenas con un mes y esto no es la primera vez que pasa, porque ya ha habido más casos en los que la ONU ha pedido al Estado esto y que se suspendan el desahucio cautelarmente hasta que la familia tenga una alternativa habitacional".
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