El Ayuntamiento estudia rescindir parte del contrato de mantenimiento de vías de Botella

En octubre de 2013, la entonces alcaldesa de Madrid, Ana Botella, presentó a bombo y platillo un nuevo contrato que pretendía resucitar la popularmente conocida como 'operación Asfalto'. Era un clamor popular la falta de mantenimiento que sufrían los viales como parte del fuerte programa de recortes que tuvo que hacer el Consistorio para hacer frente a sus deudas en lo más crudo de la crisis económica.

El contrato de mantenimiento de vías públicas, puesto en marcha por el exdelegado de Medio Ambiente y Movilidad, Diego Sanjuanbenito, tenía una vigencia prevista en ocho años más dos de prórroga por un importe mínimo de 336,59 millones. El documento planteaba concentrar la mayor parte de la inversión que debían asumir las adjudicatarias en renovación de vías (30 millones en pavimentos y 43 en la 'operación Asfalto', 54 en la reforma integral de calles y la eliminación de barreras arquitectónicas), pasarelas y puentes (20 millones), en los tres primeros ejercicios del acuerdo. De esta manera, se salvaba el 'bache' económico y de mantenimiento momentáneamente, aunque el Gobierno de Botella aseguró entonces a consultas de estre periódico digital que se garantizaban los estándares de calidad gracias a cláusulas en el contrato que exigían que se mantuviese el mismo nivel de cuidado obtenido tras la rehabilitación de espacios públicos efectuada. También se prometía poner en marcha el programa Madrid Avisa (el famoso 'telebache' de Gallardón que comprometía al Consistorio a arreglar cualquier desperfecto callejero en menos de 72 horas, proyecto que nunca llegó a desarrollarse adecuadamente por el alto coste que suponía para las arcas municipales.

El programa funcionó adecuadamente los dos primeros años, en los que se concentraba el grueso de la inversión. Sin embargo, en este ejercicio la aportación se redujo considerablemente y el Gobierno municipal, con el nuevo equipo, tuvo que compensar la falta de inversiones con una ristra de operaciones en viales y pavimentos a cargo del programa de inversiones financieramente sostenibles. Solo en vías públicas, el remanente municipal preveía dedicar este ejercicio 28,15 millones de euros, más del diez por ciento de su montante global, cuando se presentó a finales de 2016.

Polvo y lodo
El concejal del Grupo Municipal Socialista, José Manuel Dávila, preguntó en la última comisión de Desarrollo Urbano Sostenible por qué no se había llevado a cabo la 'operación Asfalto' en los meses estivales, tal y como se hacía de forma habitual en años anteriores. La justificación del Consistorio, que incrementó la cifra dedicada a esta partida hasta los 48 millones de euros, fue que la tramitación postergaba este proyecto (que el director general de Espacios Públicos, José Luis Infanzón, denominó como 'plan de choque') hasta los meses de octubre y nomviembre, con las repercusiones en el tráfico que eso conllevará.

Varias fuentes políticas y técnicas consultadas por Madridiario coinciden en señalar que "de esos polvos -la forma en la que se fraguó el contrato de mantenimiento-, vienen estos lodos", y que todo se debe a que la urgencia que tenía el anterior ejecutivo municipal por arreglar las calles ante el clamor popular, incluso en los barrios con mayor nivel de renta, empujó a Botella y los suyos a aceptar un contrato que comprometía las acciones de mantenimiento de la siguiente legislatura, con la esperanza de que la recuperación económica fuese una realidad e hiciera viable algún tipo de alternativa o modificación del contrato. Sin embargo, la recuperación no ha sido tan rápida como se pensaba y se ha tenido que cubrir el expediente gracias al remanente de tesorería. "Antes o después tenían que saltar las costuras de este problema de mantenimiento", comenta una de dichas fuentes. "No puede mantenerse esta situación durante cinco años más porque no sabemos cuál va a ser la evolución del ciclo económico, ni si el Ayuntamiento va a disponer de la liquidez suficiente para seguir tapando ese agujero", continúa. Otras fuentes admiten que el contrato es inasumible tal y como está planteado, ya que responde a intenciones políticas cortoplacistas, más que a criterios técnicos.

Por eso, el Gobierno municipal está estudiando cortar por lo sano, admiten varias fuentes cercanas a la operación. Al menos, consideran fundamental recuperar las riendas del mantenimiento viario y de aceras, si no puede plantearse la rescisión integral del contrato. Fuentes del Gobierno municipal aseguran que se está estudiando la viabilidad de la operación, cuyo coste de indemnización se está aún calculando. "Además, habría que ver qué ocurriría con los trabajadores, porque el pliego establece que el 92 por ciento de ellos tiene derecho a subrogación", explica una de estas fuentes, algo que dificulta cualquier intento de municipalización, habida cuenta de las drásticas limitaciones de contratación que establece el Ministerio de Hacienda a ayuntamientos que están desarrollando un plan económico financiero bajo su paraguas, como es el caso de la capital. Fuentes oficiales del Ayuntamiento niegan de momento dichas intenciones por parte del Ejecutivo municipal.