Seis personas de origen búlgaro consiguieron acceder a un trasplante de riñón en España de manera fraudulenta, según informaron fuentes de la Guardia Civil, sanitarias y de la Seguridad Social este lunes en rueda de prensa. Catorce (incluyendo las seis personas trasplantadas) accedieron también a un tratamiento de diálisis mediante un sistema de altas ficticias en la Seguridad Social. Según fuentes de la Guardia Civil, el coste de estos tratamientos sanitarios, todos ellos recibidos en la Comunidad de Madrid, habría ascendido a más de 1,5 millones de euros.
Según el director de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, la operación, llamada 'Renibus', tiene relevancia a nivel nacional. Las alarmas saltaron cuando la Organización nacional de Trasplantes (ONT) detectó un número anómalo de trasplantes de riñón a ciudadanos de países del este de Europa. Posteriormente, vieron que estos ciudadanos acudían a un centro de salud para solicitar de urgencia un tratamiento de hemodiálisis y, consecutivamente, presentaban contratos falsos de trabajo para poder acceder a la lista de espera.
Al comprobar la veracidad de esas actividades vieron que eran fraudulentas con el "único objetivo" de obtener la tarjeta sanitaria y tener acceso a todos los servicios y prestaciones del sistema sanitario. De hecho, esto les llevaba a entrar en la lista de espera para un trasplante de riñón "en las mismas condiciones que cualquier español o extranjero con derecho", según ha aclarado Rafael Matesanz, director de la ONT.
La Guardia Civil no ha detectado una organización criminal tras esta operación, sino que se ha producido un "efecto llamada" por el "boca a boca" de quienes volvían a su país tras el tratamiento o por los casos contados a través de diferentes medios de comunicación búlgaros. Se están estudiando más casos en otras comunidades autónomas. "Es un fraude para quienes esperan a recibir un órgano y se ven perjudicados por aquellos que delinquen y vienen a aprovecharse del servicio de salud ejemplar que tenemos en España", ha destacado Fernández de Mesa.
La Guardia Civil ha insistido en que ninguna organización criminal se ha lucrado por este motivo y sólo han identificado que en algunos casos alguno de los empleadores "cobró por darles de alta", entre 100 y 200 euros. La clave, según han añadido, ha sido el "efecto llamada" generado a través de varios artículos publicados en la prensa de Bulgaria en los que hablaban del éxito del sistema español de trasplantes "pero no de que fuera un fraude".
"Esta operación entra dentro del turismo sanitario", ha declarado Matesanz, que ha reconocido que siempre han negado el trasplante renal a quienes venían a España por este motivo y lo limitaban a quienes tenían su residencia legal en España. Además, ha asegurado que están trabajando para evitar que se produzcan nuevos casos. "El hecho de que nuestra sanidad sea universal y gratuita no quita para que estemos alerta de estas situaciones", ha declarado el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos.
En España se realizan cada año casi 3.000 trasplantes de riñón y hay 4.327 pacientes en lista de espera, el 15 por ciento de los más de 25.500 que están en diálisis. En Bulgaria, según datos de 2014 facilitados por la ONT, se realizaron apenas 58 trasplantes de este tipo.
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