El último informe de Cáritas sobre exclusión social y pobreza revela que un 1,5 millones de personas viven en situación de vulnerabilidad en la Comunidad de Madrid. Si estas cifras se extrapolan a la capital, aunque merman siguen siendo escalofriantes. El 11 por ciento de las familias que residen en la ciudad se vieron obligadas a recurrir a los Servicios Sociales en 2021, duplicando los datos pre-pandemia, según un estudio del Ayuntamiento. La precariedad se multiplica y el modelo de atención a estos ciudadanos sigue obsoleto. Su revolución comienza este martes, con la aprobación en el Pleno de Cibeles del nuevo modelo diseñado por el área de Familias, Igualdad y Bienestar Social, que ha conseguido el respaldo unánime de todos los grupos municipales. Tras esta luz verde, los 21 acuerdos y 114 medidas terminarán de concretarse en los próximos meses.
El sistema vigente data de los años 80. Desde entonces no se ha actualizado al compás de los nuevos tiempos y tras una crisis como la del Covid-19 mediante la revisión de los protocolos se hacía ineludible. La Concejalía que lidera Pepe Aniorte ha impulsado este profundo cambio en los Servicios Sociales del Consistorio que se ha elaborado en colaboración estrecha con 500 profesionales, 310 usuarios, asociaciones, sindicatos y todos los partidos de la oposición. "Juntos hemos conseguido unos Servicios Sociales más preventivos, más rápidos, menos burocráticos y más cercanos poniendo estos objetivos comunes por encima de los partidismos", ha destacado el concejal de Cs.
La premisa de la que parte el nuevo sistema es clara: que los trabajadores sociales reduzcan el tiempo que ahora dedican a la burocracia y lo empleen en la atención directa a las familias. Según los cálculos del Gobierno municipal, los trabajadores sociales destinan el 40 por ciento de su jornada laboral al papeleo. A fin de acabar con ello, el Ayuntamiento de Madrid apuesta por la creación de equipos auxiliares especializados en trámites burocráticos en los que se delegarían estas tareas. Así, los trabajadores sociales se liberarían para poder profundizar en su ayuda directa a los usuarios, ofreciéndoles más tiempo.
Una atención más rápida
Otra de las novedades reside en que se incorporarán nuevos perfiles profesionales en la Atención Social Primaria. En concreto, se contratarán psicólogos y educadores sociales con el objetivo de "reforzar el enfoque interdisciplinar para abordar los problemas de los usuarios desde todos sus ángulos". Asimismo, cada barrio dispondrá de al menos una Unidad de Trabajo Social con tres profesionales especializados en Familia e Infancia, Mayores e Inclusión y un coordinador. Cambian, además, los turnos de la plantilla de los Servicios Sociales aumentando la atención por las tardes para facilitar la conciliación: el personal trabajará cuatro mañanas y una tarde a la semana.
Otra de las prioridades se encuentra en garantizar una atención primaria rápida. Para asegurarlo, cada trabajador social deberá prestar atención a las familias en un plazo inferior a las 24 horas cuando se trate de una urgencia, de cinco días en los casos prioritarios y de 15 días en episodios ordinarios. La prevención es otro de los factores en los que más incide el nuevo modelo público de Servicios Sociales, que busca favorecer la detección temprana. Para ello, por ejemplo, se crean equipos en los distritos activos en la detección de vulnerabilidades graves en personas mayores, una estrategia ya en marcha en Arganzuela, Villaverde y Salamanca que se extenderá al resto de demarcaciones.