Familiares de fallecidos en residencias presentan ante la Fiscalía una denuncia por "discriminación"

Las asociaciones 'Marea de residencias' y '7291: Verdad y justicia', que agrupan a más de un centenar de familiares de usuarios que perdieron la vida durante la pandemia, han presentado ante la Fiscalía Superior de Justicia de Madrid una denuncia por la "discriminación sufrida" durante el Covid-19, fruto de la que consideran fallecieron 7.291 residentes sin ser trasladados a un hospital en la Comunidad de Madrid.

Según han informado en rueda de prensa Carmen López, portavoz de Marea de Residencias, y María Jesús Valero, presidenta de 7291: Verdad y Justicia, la denuncia abarca a 29 personas, entre los cuales se encuentran "altos cargos del Gobierno". Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, quienes ejercieron como directores de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno de Madrid durante la primera ola de la pandemia, son mencionados como "el firmante y el autor" de los protocolos que prohibieron el traslado de los residentes a los hospitales. También se incluye a Pablo Busca, quien era director del SUMA 112 en ese periodo; Antonio Burgueño, responsable del plan de choque contra la pandemia; así como a los geriatras encargados de implementar el protocolo en los 25 hospitales públicos de Madrid.

Un total de 108 familiares han presentado la enuncia en representación de 115 residentes que murieron en 72 residencias diferentes de la región. En este documento se incluye "documentación inédita", como "informes internos del Gobierno que reflejaban la situación en la que se encontraban los geriátricos", según lo indicado por López y Valero. Además, se menciona que "la decisión de prohibir el traslado de los residentes a los hospitales comenzó a aplicarse el 13 de marzo de 2020, cinco días antes de la aprobación del conocido como 'protocolo de la vergüenza'".

Las asociaciones han señalado que se ha producido "al menos un delito continuado de denegación de la prestación sanitaria por motivos discriminatorios", conforme al artículo 511 del Código Penal. Este artículo establece que "incurrirá en la pena de prisión de seis meses a dos años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años el particular encargado de un servicio público que deniegue a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su ideología, religión o creencias, su situación familiar, pertenencia a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, razones de género, de aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que padezca o su discapacidad".

Durante el momento más crítico de la pandemia, las residencias de mayores se vieron obligadas a llevar a cabo un triaje que limitó la atención hospitalaria para la mayoría de los ancianos.

Valero ha expresado su intención de continuar explorando nuevas formas de protesta debido a "la discriminación que sufrieron por dependencia y por vivir en residencias públicas". Ha detallado que "no tuvieron la misma oportunidad que cuando vivía cada uno en su domicilio" y, además, ha indicado que solicitarán una reunión con el Fiscal General del Estado y el ministro de Justicia para "aportarles la denuncia". También ha manifestado su "preocupación" por el hecho de que las acciones de 2020 puedan prescribir el próximo mes de marzo "sin haber sido investigadas".

Las representantes han solicitado a Almudena Lastra, la fiscal superior de Madrid, que "investigue y judicialice las causas". "Exigimos que recopile el resto de documentos, ya que se enviaban diariamente entre las consejerías, y que los recupere todos para llevar a cabo una investigación, que al final es su responsabilidad, no la nuestra", han manifestado.

La denuncia que se ha presentado recientemente se une a otras acciones legales que las asociaciones han estado llevando a cabo para exigir "que se haga justicia". Entre estas acciones se encuentran las querellas interpuestas y la solicitud al Europarlamento para investigar las muertes en residencias.

No es la primera vez que se presenta una actuación ante la Fiscalía. Un informe sobre los acontecimientos en las residencias de la Comunidad de Madrid fue registrado el 3 de abril por la Comisión Ciudadana por la Verdad. En este documento, se argumenta que si los ancianos de estas residencias hubieran sido trasladados a centros hospitalarios, "más de 4.000 vidas" podrían haberse salvado de los 7.291 fallecidos contabilizados durante la primera ola de la pandemia.

En varias ocasiones, la investigación sobre lo sucedido en las residencias ha sido rechazada por el Gobierno regional, que cuenta con la mayoría absoluta del Partido Popular en el Parlamento regional. La comparecencia de François Béland, encargado de investigar los protocolos de las residencias durante la primera ola de la pandemia, fue bloqueada este miércoles.

Hasta el momento, se han cerrado 25 procedimientos relacionados con el fallecimiento de ancianos por Covid en residencias públicas de la Comunidad de Madrid, ya que no se ha podido demostrar la existencia de delito alguno en lo que respecta a los protocolos de derivación de pacientes a hospitales durante la primera ola de la pandemia.