La Comunidad de Madrid, junto a provincias limítrofes como Guadalajara y Toledo, alberga una población importante de aves esteparias que se encuentran amenazadas como el sisón, la avutarda, las gangas ibérica y ortega, el aguilucho cenizo, el aguilucho pálido y la carraca europea. Estas especies corren el peligro de perder su hábitat por la intensificación agrícola, ya que los grandes proyectos de energía renovables se han multiplicado convirtiéndose en una amenaza para estas aves.
Actualmente, la Comunidad de Madrid, Toledo y Guadalajara cuentan con más de 80 proyectos de energía solar fotovoltáica en activo. Estas plantas de placas solares se instalan sobre cultivos tradicionales de secano y “ocupan directamente el hábitat de las aves”, tal y como señala Yago Martínez, portavoz de Ecologistas en Acción. En las dos últimas décadas, las aves asociadas a estos sistemas agrícolas tradicionales han sufrido una disminución poblacional que ha disparado todas las alarmas en el territorio nacional.
"El sisón ha sufrido un declive del 76,2 por ciento entre 1998 y 2017"
La intensificación agrícola ha sido la principal causante de este declive, provocando la pérdida de calidad del hábitat y la disminución de alimento para estas especies avícolas. Además de la instalación de placas solares en territorio madrileño, los tendidos eléctricos de regiones limítrofes suponen otro gran peligro, ya que muchas aves se electrocutan o colisionan durante su vuelo con los postes que los sostienen. Este proceso de integración de nuevas energías renovables en la agricultura de la región conlleva la pérdida de áreas de vegetación natural y la homogeneización del paisaje como resultado del uso masivo de agroquímicos y la transformación de los cultivos de secano.
A pesar de que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) recoge esta transición energética, desde Ecologistas en Acción consideran que existen otras zonas en las que llevarla a cabo sin afectar al hábitat de estas aves que se encuentran gravemente amenazadas, mientras que la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura asegura que “la situación de las aves es buena en la región”.
Preocupación por las aves de la Comunidad
España es de los pocos países de Europa en el que quedan ejemplares de especies como la carraca europea o la avutarda, ya que la intensificación de la agricultura ha acabado con ellas en otras regiones vecinas. Aún así, aves como el sisón común se encuentran en peligro de extinción, pues aunque estos procesos de industrialización del campo en España han sido más tardíos, también se están dando. “La proliferación de plantas fotovoltáicas en las zonas donde habitan estas aves es la puntilla”, indica Yago Martínez.
Esta situación se ha extendido por todo el territorio nacional y ha llegado a la Comunidad de Madrid donde se contabilizan 35 proyectos de este tipo. El Valle del Jarama y el Henares, Campo Real, Pinto, Torrejón de Velasco o Navalcarnero son algunas de las zonas en las que estas aves habitan y que se están viendo afectadas por la instalación de estos nuevos modelos energéticos. “El problema es que prácticamente todas estas placas fotovoltaicas se están concentrando en zonas de cultivos tradicionales de secano”, explica el portavoz de Ecologistas en Acción, “son zonas más baratas de alquilar o comprar porque tienen menor rentabilidad económica”, añade. Los agricultores se han visto seducidos por los beneficios que estas instalaciones pueden conllevar, ya que siempre serán superiores a las ganancias que obtienen de sus cultivos.
“Puede que estas zonas tengan poco valor para las personas, pero son muy importantes en cuanto a biodiversidad”, señala Yago Martínez. Aunque estas aves son poco conocidas, necesitan de estos espacios para sobrevivir y la insuficiente designación de áreas de Red Natura 2000 por parte de las administraciones públicas en España les afecta gravemente. Por ello, muchas áreas importantes para su conservación carecen de figuras de protección. Esto ocurre en zonas como la Alcarria de Alcalá entre Campo Real y Valdilecha, las estepas de Valdemoro y Torrejón de Velasco, en las comarcas de la Campiña del Henares en torno a Uceda en Guadalajara, y de La Sagra en el norte de Toledo.
"Todos los datos están documentados, no nos los estamos inventando"
Según indican desde la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura “la Comunidad de Madrid posee una amplia extensión de su superficie incluída en alguna figura de protección de la naturaleza”, esto es indicativo de la gran flora y fauna del territorio madrileño, lo que implica incrementar la protección de ciertas especies. El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico publicó una Guía Metodológica que recoge el impacto de estas plantas fotovoltaicas sobre la avifauna esteparia. Estas instalaciones destruyen, fragmentan y alteran los hábitats. Tanto esta publicación, como la reciente ‘Estrategia para la conservación de las aves esteparias’ recomiendan no instalar plantas solares ni eólicas en zonas importantes para estas especies.
A pesar del constante sobreaviso sobre el peligro que conlleva la instalación de proyectos fotovoltáicos se contabilizan grandes sumas de terreno ocupados por estos; 2.086 hectáreas en la Alcarria de Alcalá (Madrid), 1.536 hectáreas entre Torrelaguna (Madrid) y Uceda (Guadalajara) y 2.257 hectáreas en Torrejón de Velasco y Secanos de Valdemoro, entre otras. Ante la preocupación, Ecologistas en Acción considera que no debe darse luz verde por parte del Ministerio ni de las Comunidades Autónomas a la instalación de estas plantas fotovoltaicas en áreas de presencia comprobada de aves esteparias amenazadas.
Medidas urgentes y efectivas
La asociación ecologista considera que es necesario actuar de inmediato para frenar este daño que se está produciendo en el hábitat de las aves esteparias. “Habría que adoptar diferentes medidas, la primera sería cambiar los cursos agrícolas en estas zonas”, señala el portavoz de Ecologistas en Acción. Serían necesarias medidas vinculantes que obligaran a los agricultores a hacer un manejo menos intensivo que fuera compatible con la presencia de estas aves. La Consejería de Medio Ambiente ha implementado ayudas anuales para que los agricultores utilicen técnicas de cultivo tradicional que no afecten a las aves esteparias, sin embargo el calado ha sido mínimo, ya que tal y como explica Yago Martínez “la instalación de estas placas fotovoltaicas viene bien económicamente a los agricultores”.
El beneficio económico está por encima de la protección de la biodiversidad de la Comunidad para algunos, que quizás no son conscientes de lo nocivo que es esto. “Hay muchos estudios que han demostrado que estos proyectos hacen que la presencia de las aves disminuya o desaparezca”, relata el portavoz de la asociación. Para atajar el problema piden que no se instalen estas placas fotovoltaicas en zonas sensibles, “debería establecerse una planificación y regulación vinculante, tanto a nivel nacional como autonómico”, ya que hasta el momento solo existen mapas de visibilidad ambiental.
La Comunidad de Madrid cuenta con su propio Catálogo de Especies Amenazadas y la Ley de Protección y Regulación de la Fauna y Flora Silvestres se encarga de regular esta protección. En este se recogen las diferentes categoría que indican el estado de peligro de extinción de las especies, sin embargo, desde Ecologistas en Acción creen que tanto el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico como la Comunidad de Madrid deberían actualizar sus catálogos de especies amenazadas y elaborar planes de conservación y recuperación.
A pesar de que la Consejería de Medio Ambiente asevera que “los programas de protección de aves esteparias están funcionando muy bien” es necesario un refuerzo antes de que otras especies se unan al sisón que ya se encuentra en peligro de extinción. El apoyo de la biodiversidad de la región no mueve a tanta gente como el dinero, pero es necesario mantener estos espacios libres de peligros para las aves. Ecologistas en Acción reclama que se ordene “el desarrollo y la implantación de proyectos de energías renovables en el territorio”, algo que “debe responder a un objetivo real de sustitución de las energías procedentes de combustibles fósiles y energía nuclear y no a intereses especulativos”.