Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid ha tranquilizado a estas personas y les ha comunicado que no hay ningún derribo previsto y que se ofrecerá una alternativa residencial cuando llegue el momento.
Juan José Escribano, propietario del vertedero ilegal que se incendió en Valdemingomez el pasado año, se ha presentado a los medios este jueves como presidente y portavoz de los vecinos y ha asegurado que se movilizan todos los lunes en protesta por los derribos y que harán "cualquier cosa que haya que hacer" para que sus hijos "no se vean en la calle".
En este sentido, ha calificado de "canallada" que se lleven a cabo derribos "de manera ilegal e injusta" ya que, a su juicio, "aprovechan órdenes para hacer un registro para realizar una demolición no autorizada por un juez."
Según Escribano, utilizan "la excusa de la droga", para "luchar contra un asentamiento que se le ha ido de las manos a la Administración", por lo que ha exigido "compromisos oficiales" para buscar una solución.
La asociación Rivas contaminación Zero considera inadmisible, como así ha manifestado en un comunicado, que Juan José Escribano se presente como portavoz de este poblado, dados sus antecedentes relacionados con delitos graves contra el medio ambiente y la salud pública.
A la vista de los acontecimientos, al lugar se ha desplazado el comisionado del Ayuntamiento de Madrid para la Cañada Real, Pedro Navarrete, con objeto de tranquilizar los ánimos.
Navarrete ha negado que fuera a realizarse este jueves ningún derribo y ha asegurado que, aunque hay zonas en la Cañada en las que los vecinos no se podrán quedar, el Consistorio ofrecerá una "alternativa residencial".
"Esto es un compromiso del Ayuntamiento. El Ayuntamiento no va a dejar a nadie en la calle así, sin más", ha añadido. Asimismo, Navarrete ha explicado que se está elaborando el pacto regional y que el Consistorio madrileño está "a la espera de que la Comunidad de Madrid presente el protocolo urbanístico que defina cómo quedaría la Cañada" y que permitirá buscar una "solución global" para la zona.
Por su parte, la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre ha asegurado este jueves en la Junta de Gobierno que existe un pacto regional por la Cañada, y que el Ayuntamiento tiene que aplicar la disciplina urbanística para evitar que las infraviviendas sigan aumentado en este poblado.
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