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Juez Elpidio José Silva
Juez Elpidio José Silva

El TJSM ve indicios para juzgar al juez Silva por el 'caso Blesa'

lunes 09 de diciembre de 2013, 12:38h
El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Jesús Gavilán ha dado por terminada la investigación abierta contra el juez Elpidio José Silva por presunta prevaricación en la instrucción del "caso Blesa" y concluye que existen "indicios racionales bastantes" para procesarle por este delito y los de retardo malicioso en la administración de justicia y contra la libertad individual. Le exige una fianza de 8.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias a las que podría ser condenado. También este lunes el juez ha vuelto a su trabajo después de la suspensión de cuatro meses impuesta por el Consejo General del Poder Judicial.

Así se señala en un auto de 15 páginas dictado este lunes por Gavilán por el que se declara formalmente imputado al juez Silva, se transforman en procedimiento abreviado las actuaciones y se pide a las partes que en el plazo de diez días soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o bien el sobreseimiento de la causa, así como la práctica de diligencias complementarias.

El juez Silva, que se enfrenta a una pena de inhabilitación de hasta 40 años, había regresado precisamente este lunes a su juzgado tras concluir la suspensión de meses que le impuso el Consejo General del Poder Judicial por su conducta en otras causas, aunque deberá seguir absteniéndose de entender el caso contra el expresidente de Caja de Madrid al seguir recusado en el mismo.

El titular del Juzgado de Instrucción número 9 está siendo investigado por la querella de la Fiscalía por presuntos delitos de prevaricación, retardo malicioso en la Administración de Justicia y contra la libertad individual del banquero al ordenar su ingreso en prisión en dos ocasiones al frente de la entidad.

La resolución, que también se pone en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), señala que tras analizarse los testimonios y pruebas practicados durante la instrucción debe concluirse que la conducta del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid supuso una "reapertura improcedente" de las diligencias archivadas inicialmente contra el expresidente de Caja de Madrid por la concesión de un crédito de 26,6 millones de euros al entonces presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán. Esta reapertura se realizó sin existir dato nuevo alguno que lo justificase, según el instructor Gavilán, "seguido sin solución de continuidad por la asunción contraria a las normas de reparto de una ampliación de la denuncia relativa a otros hechos" -la compra del City National Bank de Florida-, "sin conexión alguna con los anteriores".

También se cita como irregular el "carácter prospectivo y de investigación general" desplegado por Silva en relación con "hechos atinentes a la situación general del funcionamiento de la entidad bancaria a la que pertenecía el denunciado", relacionándolos con la "crisis global del sistema financiero".

Órdenes de prisión

Igualmente se tiene como indicio de delito "la apertura injustificada de diligencias al letrado de la defensa" de Blesa, Carlos Aguilar, y sobre todo la medida de prisión contra el banquero "acordada en dos ocasiones en relación causal con las anteriores circunstancias" en base a la exclusiva petición de Manos Limpias, que carecía de legitimación para ello y sin que contara formalmente su personación en la causa.

La primera medida de prisión contra Blesa, dictada en mayo pasado, adolecía de justificación suficiente según el auto del magistrado Gavilán, al estar siendo investigado el banquero por unos hechos -la compra del City National Bank de Florida- que databan de más de cuatro años, "con afirmaciones genéricas respecto a conductas delictivas" y sin tener en cuenta las circunstancias personales del denunciado, quien estuvo a disposición del juzgado de Blesa desde el inicio de las actuaciones. También se recrimina a Silva que no tuviera en cuenta la intervención en esos hechos de entidades públicas como el Banco de España "y algo definitivo, como era la no pertenencia ya del denunciado a la entidad que de hecho se estaba investigando" es decir, Bankia como sucesora de Caja Madrid. Añade que no hay solución de continuidad en el anterior auto de 5 de junio que mandó nuevamente a Blesa a prisión y donde se incorporan correos electrónicos "que sólo guardarían una relación indirecta con la causa".

Según Gavilán, la declaración que prestó Silva se centró "de forma casi exclusiva" en la necesidad de proceder al visionado de dichos correos electrónicos con carácter prospectivo "para demostrar que en lo que denomina 'motivación interna' de las resoluciones dictadas" -e investigadas como prevaricadoras- "estaría la justificación de la prisión acordada".

Según la Guardia Civil, únicamente serían relevantes para la causa algunos de estos correos que tratan de las resoluciones dictadas, "mientras que los restantes son de carácter particular e íntimo", por lo que su visionado vulneraría los derechos fundamentales de Blesa.

Sobre el retardo malicioso, pese a que los secretarios judiciales y otros funcionarios lo niegan, para Gavilán estas opiniones contrastan con los datos objetivos respecto a la demora en dictar resoluciones por parte del juez Silva. Se trataba de decisiones que "pendían exclusivamente del querellado, que habitualmente en situaciones de similar naturaleza tienen preferencia cuando se encuentran en juego recursos frente a decisiones excepcionales como declaraciones del secreto sumarial o que afectan, como en el presente caso, a derechos fundamentales".

'Caso Blesa'

Por lo que respecta al 'caso Blesa', dos Juzgados de Instrucción de Madrid se han pasado la bola de investigar al ex presidente de Caja Madrid Miguel por la compra del City National Bank de Florida en 2008, al resistirse ambos a hacerse cargo del asunto. Después de que el caso haya sido rebotado durante dos meses de una instancia a otra, el conflicto será resuelto por la Audiencia Provincial de Madrid.

Según los autos, el tortuoso recorrido que ha tenido esta causa en los Juzgados de Plaza de Castilla ha acabado con una cuestión de competencia que ha sido elevada a la Audiencia de Madrid por la magistrada que sustituía hasta este lunes al frente del Juzgado de Instrucción número 9 a Elpidio José Silva. Por ello, la Sección 17 de la Audiencia Provincial deberá decidir si el órgano competente es el Juzgado de Instrucción número 19, al que le tocó por reparto, o bien el Juzgado del que es titular Silva, al que el anterior órgano y el Decanato devolvieron las actuaciones por entender que era el encargado de instruirlas.

El conflicto se desató después de que la Audiencia de Madrid considerara el pasado junio que existen razones para investigar la adquisición del banco de Florida y que Silva debió enviar a reparto a denuncia de Manos Limpias que recibió sobre estos hechos. Conforme a esta resolución, la jueza que sustituía a Silva al frente del Juzgado de Instrucción número 9 envió el pasado septiembre las diligencias a Decanato para su reparto. La causa recayó en su colega del Juzgado número 19, cuyo secretario la volvió a enviar al Juzgado de Silva al entender que le correspondía por antecedentes.

Al volver a recibir la causa, el Juzgado de Silva planteó una cuestión de competencia ante Decanato. Y el juez decano dictó un acuerdo gubernativo confirmando el decreto que anteriormente había emitido su secretario judicial en el que se remitían de nuevo a Silva las actuaciones sobre el banco de Florida. Así pues y después de dos meses rebotando de un órgano a otro, el Juzgado de Instrucción número 9 ha promovido la cuestión de competencia ante la Audiencia Provincial de Madrid al entender que no le corresponde conocer la causa del banco con sede en Miami adquirido por la caja de ahorros.

En todo caso, este asunto no tendrá ninguna incidencia en la investigación abierta contra Silva en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por encarcelar al ex responsable de Caja Madrid, ya que la querella de la Fiscalía se limita a cuestionar las resoluciones firmes que dictó cuando era instructor del 'caso Blesa', según informaron fuentes jurídicas.

Vuelta al trabajo

Por otra parte, el juez Silva, que se enfrenta a una pena de inhabilitación de hasta 40 años, ha regresado este lunes a su juzgado tras concluir la sanción de 4 meses y 7 días de suspensión y multa de 600 euros que le impuso el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el pasado mes de julio por dos faltas muy graves y una grave de retrasos, falta de motivación de sus resoluciones y de consideración a sus funcionarios, han informado fuentes jurídicas.

La sanción respondía a la comisión por el juez Silva de dos faltas de carácter muy grave (una suspensión por 4 meses y otra por 7 días) y una grave, que conlleva multa, pero no supuso pérdida de destino. La sanción que este lunes ha concluido, y que no tiene nada que ver con el 'caso Blesa', le fue impuesta por la "absoluta y manifiesta falta de motivación" de sus resoluciones -prevista en el artículo 417.15 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)- y por retrasos en la tramitación de asuntos en su juzgado -artículo 417.9 de la misma Ley- mientras que la grave corresponde al artículo 418.5, que sanciona la falta de desconsideración al Ministerio Fiscal.

Silva acumula un nutrido historial disciplinario desde 1994, cuando fue suspendido tres meses de sus funciones por retrasos en su juzgado de entonces, el número 1 de Instrucción de San Roque, en Cádiz.

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