Los controladores dejan el cielo sin aviones

Viernes 3 de diciembre. 17.00 horas. Casi todos los controladores aéreos de varios aeropuertos españoles se ponen de baja a la vez cuando tenían que incorporarse a su puesto de trabajo. Inmediatamente, en los paneles, los vuelos comenzaron a retrasarse en su salida y su llegada. Los aviones no podían despegar y, lo que es más grave, tampoco aterrizar. A las 18 horas el Gobierno cerraba el espacio aéreo ante la carencia de controladores. Los nervios estallaban. Miles de personas se quedaban en tierra sin saber qué iba a pasar con sus viajes y muchos sin poder salir del aeropuerto por miedo a perder el valor de su billete. El Gobierno tuvo que habilitar trenes y autobuses para reducir los daños.

El ministro de Fomento, José Blanco, pedía que los controladores volviesen a sus puestos y establecía un comité de crisis. El sindicato de clase (USCA) daba mensajes distintos sobre la razón de la baja, que, aseguraban, no estaba organizada. Al principio, tenían estrés por la cantidad de horas extra que debían hacer. Luego criticaron el real decreto que iba a recortar las horas extraordinarias que podían realizar, por las que alguno llegaba a cobrar hasta el millón de euros. El coste de la masa salarial de los controladores había pasado, según Fomento, en unos años de 140 a 730 millones de euros.

Militares en el puente
A las 21 horas, los militares entraban en acción mientras los controladores seguían desaparecidos. Muchos de ellos estaban en el Hotel Auditorium concentrados El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunciaba que aquellos que no se incorporasen a sus puestos de trabajo podían ser acusados de un delito de sedición. Poco a poco, regresaron los controladores de varios aeropuertos, salvo los de Barajas, principal gestor del tráfico aéreo del país, donde continuaba el pulso al Gobierno. USCA pidió a los controladores que volviesen a sus puestos pero, al día siguiente, la situación seguía igual. Miles de viajeros se acercaban al aeropuerto para ver si su avión iba a salir. Solo algunas de las aerolíneas daban facilidades a sus clientes para recuperar su dinero o colocarles en otro vuelo. Muchos de los afectados comenzaron a organizarse para dirigir una denuncia colectiva contra AENA, empresa responsable de las acciones de los controladores. Días después se conoció sus exigencias: 10.000 euros de indemnización por cada pasajero afectado. El Gobierno, por su parte, decidió aprobar el estado de alarma y actuar judicialmente contra los controladores. Ante la contundencia de la respuesta, los contralodores regresaron a sus puestos. Llegó el momento de hacer cálculo de daños: sólo la ciudad de Madrid había perdido 140 millones de euros. En España 660.000 personas habían resultado afectadas.

La Fiscalía identificó a los controladores que se habían puesto de baja. Fueron llamados a declarar pero se negaron a responder ante el ministerio público, argumentando que tenían que dar explicaciones ante la autoridad militar, que era la que les coordinaba. Fomento anunció 442 expedientes y señaló a apenas una decena de ellos como responsables máximos, a los que habría que expedientar y echar del servicio, y centrar las penas de cárcel. Para evitar que la situación se repitiera el Gobierno acordó mantener con el voto favorable del Congreso la medida hasta el 15 de enero. Para ello, el PSOE contó con los apoyos de PNV y Coalición Canaria. El Partido Popular, que dio su beneplácito a la actuación inicial del Gobierno, vio con suspicacia la extensión de la alarma.

La lucha de las horas extra
La pugna por las horas extra venía de atrás. Desde principios de año los controladores habían propuesto cobrar el doble por cada hora de esta naturaleza. Barajas ya había sufrido 'demoras' en la Navidad de 2009 por "la deficiente programación que había hecho AENA", según USCA, que negó una "huelga encubierta". Lo cierto es que el tráfico aéreo sufrió importantes retrasos. Blanco aseguró entonces que el privilegio de los controladores no podía permitirse y anunció que quería reducir su sueldo a una media de 200.000 euros, más del doble que el del presidente del Gobierno, hubiese acuerdo con el colectivo o no. Los controladores amenazaron con trabajar solo su jornada básica, con el riesgo de dejar el espacio aéreo sin controladores suficientes.

En abril, el Ministerio de Fomento asumió por Real Decreto la facultad de designar "nuevos proveedores" para los servicios de navegación aérea siempre que estuvieran debidamente certificados por un Estado de la Unión Europea. En esa normativa también se establecía la jubilación a los 57 años. En junio, AENA denunció el absentismo laboral continuado de los controladores y estos la falta de personal. Ante una amenaza de huelga en el puente de agosto y el contraataque del Estado con que los militares tomarían el puente de mando, ambas partes llegaron a un acuerdo de mínimos: trabajar cuatro días y descansar dos para conciliar "vida familiar y laboral" y reducir las 1.670 horas laborales a 1.350 en un período de tres años. Ahora tienen que enfrentarse a un decreto que reduce sus horas extra, al control militar y a la decisión judicial que puede hacer que algunos de ellos pierdan su trabajo o algo peor.