Desde la entrada en vigor de la ley ‘antibotellón’ en 2002, beber en la calle no ha dejado de ser una práctica polémica. En el mes de noviembre, el Ayuntamiento de Madrid comenzó a plantearse multar con entre 300 y 600 euros a quienes generasen ruido por participar en botellones que tengan lugar en zonas habitadas. La oposición criticó al Consistorio por considerar que convertían la práctica en un negocio.
Un informe elaborado por la fundación de Ayuda contra la Drogadicción aseguraba en el mes de enero que el
69 por ciento de los jóvenes madrileños de 15 a 24 años se había emborrachado en el año anterior. El estudio revelaba además que el botellón era la alternativa preferida para los jóvenes en su tiempo de ocio.
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En junio, la Delegación del Gobierno en Madrid recomendó a los ayuntamientos el establecimiento de
‘botellódromos’ vigilados durante las fiestas patronales del verano y evitar así disturbios como los ocurridos en Pozuelo en 2009.
El incremento del número de botellones que tenían lugar en la capital llevó primero a que los hosteleros pidieran una
rebaja en la edad de acceso a los bares –a los 16 años- y un
endurecimiento de la ley ‘antibotellón’ después. Y es que solo en la primera mitad del año la Policía Municipal interpuso casi
12.000 multas por beber en la calle, un 54 por ciento de ellas en el distrito Centro.
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Varios medios de comunicación denunciaron el aumento de botellones en lugares cada vez más visibles. Uno de los más concurridos en la capital es la zona de Ciudad Universitaria aunque el rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM),
Carlos Berzosa, aseguró desconocer cómo combatir los botellones que allí se celebran fin de semana tras fin de semana.
A pesar de estas denuncias, el coordinador general de Seguridad del Ayuntamiento,
Javier Conde, aseguró por su parte que en Madrid se había pasado del
botellón al botellín, ya que no existían las mismas aglomeraciones de jóvenes bebiendo en lugares públicos que era habitual ver hace algunos años.
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Nueva Ordenanza del Ruido En noviembre, la delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento,
Ana Botella, confirmó que la nueva
Ordenanza del Ruido que tramita el Consistorio prevé multas de
entre 300 y 600 euros por beber en la calle y molestar a los vecinos. La medida pretende erradicar así la contaminación acústica y la suciedad de las plazas del centro.
Indicó
además la delegada que serán los propios agentes, sin especialistas técnicos que midan los niveles de ruido, los que expedirán las sanciones. En el caso de que los infractores sean menores, el Ayuntamiento planea que los padres se hagan “responsables solidarios”.
El portavoz socialista en la Comisión de Medio Ambiente,
Pedro Santín, criticó al Ayuntamiento asegurando que Gallardón “en vez de aplicar políticas para combatir el botellón, lo ha convertido en un negocio de
40 millones de euros al año”. Santín calculó esta cantidad después de conocer el aumento de las multas que conllevará la futura ordenanza.
En la mesa redonda ‘Lucha contra el ruido nocturno. Causas y consecuencias’ que tuvo lugar durante las VIII Jornadas de Medio Ambiente organizadas por
Madridiario, especialistas en el tema concluyeron que
el ruido de la noche madrileña superaba el de una mañana laborable.
Si (
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