El 20 de abril de 2025, alrededor de las seis y media de la mañana, un estruendo sacudió el número 18 de la cuesta de Santo Domingo, en pleno centro de Madrid. El suelo de un hostal ilegal, ubicado en la quinta planta del edificio, se vino abajo y el forjado colapsó sobre la vivienda del cuarto derecha, el hogar de una familia que ha residido allí toda la vida y que ahora se ha visto obligada a marcharse por miedo a un nuevo desplome. El techo del salón se precipitó de golpe. Eduardo, el hijo de los propietarios, dormía en otra habitación. "Si llega a estar en el salón, se muere", resume su hermana, Diana Nebreda.
Desde entonces, el piso está apuntalado con nueve vigas metálicas colocadas por los bomberos para sostener el techo que amenaza con volver a caer. "Mi hermano se ha tenido que ir de casa porque tiene miedo, porque eso ya no es una vivienda segura", explica Diana. "Nos sentimos indefensos. Esto ha pasado en abril y todavía no hemos podido empezar las obras, que tiene que hacer cargo la comunidad, y lo más increíble es que el hostal sigue funcionando. Les han clausurado tres habitaciones, pero las demás siguen operando con normalidad".
La familia supo en 2019 que se preparaba la apertura de un alojamiento turístico justo encima de su vivienda. "Preguntamos en la comunidad, empezamos a investigar y nos enteramos de que estaban operando con una licencia falsa", recuerda Diana. Las obras, según relata, se llevaron a cabo de manera irregular. "Han unido dos pisos, han montado diez habitaciones cada una con su baño y han instalado un sistema de fontanería y de suelo radiante sin planos ni control técnico. El arquitecto de la comunidad ni siquiera sabe cómo lo han hecho", denuncia.

El informe técnico del Ayuntamiento de Madrid atribuye el derrumbe precisamente a ese sobrepeso: un recrecido de unos quince centímetros en el suelo del hostal para instalar las conducciones de agua y calefacción sobre un edificio antiguo con vigas de madera. "El informe dice que la causa más probable se debe a fugas de agua prolongadas en el tiempo y al sobrepeso del forjado", resume Diana. "Nos parece increíble que después de eso el Ayuntamiento no haya cerrado el hostal".
"Era una casa familiar, donde crecimos mis hermanos y yo, y ahora estamos viendo cómo la destruyen desde arriba por culpa de un hostal que ni siquiera tiene licencia", destaca Diana, quien recuerda que su madre nació en la primera planta del mismo edificio y que, años después, adquirió la vivienda de la cuarta planta donde hasta hace poco residía su hermano.
Una orden de cese que nunca se ejecutó
El hostal, que opera bajo la marca CH Hoteles, propiedad de la empresa Hispano Hostelería y Restauración S.L, acumula una orden de cese de actividad dictada por el Ayuntamiento de Madrid el 24 de junio de 2024. Sin embargo, esa orden nunca se hizo efectiva. El portavoz de Más Madrid, Eduardo Rubiño, ha denunciado ante la Agencia de Actividades la inacción del Consistorio.
"Como veis, es sobrecogedor escuchar a Diana", ha afirmado Rubiño frente al edificio, acompañado por la familia. "Estamos ante una injusticia producto de la impunidad que genera el modelo urbanístico de Martínez-Almeida, que deja barra libre a los desmanes urbanísticos y a los hostales ilegales. En este caso, unas obras ilegales han provocado una desgracia que ha arruinado la vida de una familia. Y el Ayuntamiento no está dando ni la más mínima respuesta".

El escrito presentado por Más Madrid ante la Agencia de Actividades recuerda que el Ayuntamiento dictó la orden de cierre hace más de un año, que el suelo del hostal colapsó sobre la vivienda del cuarto piso en abril, y, a pesar de ello, el Consistorio “no ha adoptado ninguna medida para hacer efectiva la clausura del hospedaje”. “La falta de actuación priva a los vecinos del derecho constitucional a usar su vivienda con seguridad”, señala el documento al que ha tenido acceso Madridiario.
Más Madrid exige al Ayuntamiento que proceda al precinto inmediato del local, en aplicación del artículo 193 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, y denuncia que la inacción municipal está "generando una situación de impunidad e injusticia" que pone en riesgo a los vecinos del centro. "No puede ser que unas obras ilegales de un hostal ilegal hayan provocado la ruina de una familia, y que el Ayuntamiento no haya ayudado en nada a mitigar los daños", insistió Rubiño.
Medio año después, el hostal sigue recibiendo turistas
Seis meses después del derrumbe, la escena frente al número 18 de la cuesta de Santo Domingo parece no haber cambiado, al menos para los dueños de hostal. Este periódico ha podido comprobar que el hostal continúa operativo. Durante la visita, dos turistas argentinos salían del portal para visitar la ciudad. Preguntaban, preocupados, si el alojamiento iba a ser clausurado y si podrían recuperar sus pertenencias en caso de cierre.
En las plataformas digitales el alojamiento se sigue promocionando, bajo el nombre Le Petit Maison, como una opción "en pleno centro de Madrid", con habitaciones desde 105 euros la noche. En Booking figura aún con disponibilidad inmediata y fotografías que algunas de las habitaciones y baños privados.

Mientras tanto, la vivienda de los Nebreda permanece apuntalada. Sin noticias de cuándo pueden comenzar las obras para recuperar su hogar. "No hemos podido comenzar las obras. Nos sentimos totalmente indefensos. Hay una impunidad total. Este tipo de actuaciones ilegales funcionan porque no les han puesto ni una multa", critica Diana.
Un modelo que expulsa a los vecinos
Para Rubiño, este caso simboliza una deriva urbana que afecta a todo el centro de Madrid. "El Ayuntamiento está robando el centro a los vecinos para convertirlo en un escaparate al servicio de los negocios turísticos, en muchos casos ilegales", denuncia. "Cada vez hay más familias expulsadas de sus casas, más edificios apuntalados y más impunidad. Y los responsables no reciben ni una multa".
Según los últimos datos del Ministerio de Consumo, en Madrid operan más de 15.000 pisos turísticos sin licencia, nueve de cada diez del total. A pesar de ello, el Ayuntamiento solo impuso 92 sanciones en todo 2024.