El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 11 de Madrid ha estimado parcialmente la demanda de un afectado por las obras de ampliación de la Línea 7B de Metro en San Fernando de Henares, ordenando una mayor indemnización por los daños sufridos, incluyendo una plaza de garaje. En la sentencia, fechada el 30 de junio, se reconoce el derecho a incrementar las cuantías inicialmente fijadas en vía administrativa, ajustándolas a la tasación presentada por los propios afectados. También se contempla el daño moral, que deberá ser compensado.
La resolución judicial ha sido valorada como un precedente positivo por parte de la Asociación de Afectados Rafael Alberti-Presa, que considera que la sentencia abre la puerta a que se reconozcan indemnizaciones ajustadas al valor real de mercado de las propiedades afectadas. En palabras de su presidente, Juan Fuentes, las ofertas realizadas por la Comunidad de Madrid estaban por debajo del valor real, lo que ha llevado a los vecinos a acudir a los tribunales.
Los vecinos exigen indemnizaciones acordes al coste actual de la vivienda, señalando que los importes ofrecidos, entre 136.000 y 355.000 euros por vivienda y entre 10.000 y 33.000 euros por garaje, resultan insuficientes. Además del perjuicio patrimonial, reclaman que se reconozca el daño moral por la pérdida de propiedades.
Este fallo corresponde a la primera vista judicial celebrada en mayo y ya es firme, sin posibilidad de recurso. Desde la asociación vecinal destacan que esta sentencia supone un paso importante en el proceso que aglutina 28 demandas por parte de vecinos que consideran insuficiente la compensación recibida por los derribos provocados por las obras.
El portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, ha asegurado que la Comunidad de Madrid ha ofrecido siempre el “máximo legal” en las indemnizaciones y que acatarán todas las resoluciones judiciales firmes. Además, ha defendido que las valoraciones se han realizado conforme a criterios técnicos y jurídicos, con informes elaborados por empresas tasadoras acreditadas por el Banco de España.
Desde el Ejecutivo autonómico se insiste en que las compensaciones también contemplan gastos derivados del desalojo, mudanzas, pérdida de enseres, y lucro cesante, incluyendo el daño moral. Por su parte, la Consejería de Vivienda ha recordado que los afectados están en su derecho de recurrir a la vía judicial si discrepan con las indemnizaciones.
Tras conocerse la sentencia, Más Madrid ha valorado el fallo como un paso en el reconocimiento del sufrimiento de los vecinos y de la responsabilidad del Gobierno regional, comprometiéndose a seguir apoyando las reivindicaciones de los afectados.
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