PSOE-M plantea revertir la caducidad de la protección pública a la vivienda para combatir la "especulación"

Queda patente que las políticas de acceso a la vivienda se han convertido en una de las llaves maestras de la actual legislatura. Para muestra, las múltiples iniciativas puestas en marcha por el Gobierno regional desde la consolidación de su mayoría absoluta y que tienen en el Plan Vive uno de sus principales baluartes. Su fórmula, construir por medio de la colaboración público-privada para incrementar la oferta y, con ello, rebajar los precios. Sin ir más lejos, en el día de ayer el consejero de Vivienda Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, hacía entrega de las llaves de hasta 78 nuevos pisos en régimen de alquiler "asequible" en el municipio de Getafe.

Por su parte, y pese a la evidente desventaja parlamentaria, la oposición huye de la resignación y también ha presentado numerosas propuestas encaminadas a paliar la crisis de vivienda. Más allá de la aplicación de la normativa estatal a este respecto, medida estrella del Ejecutivo central y que supondría el establecimiento de topes al precio del alquiler en las conocidas como "zonas tensionadas", desde el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Vallecas plantean ahora la posibilidad de revertir la caducidad de la protección pública a la vivienda, actualmente fijada en diez y 15 años, con el objetivo de combatir la "especulación" urbanística.

A tal fin bastaría, aseguran, con reformar la Ley 6/1997, de 8 de enero, de Protección Pública a la Vivienda de la Comunidad de Madrid. En concreto, la propuesta sostiene la necesidad de modificar el artículo 2 -Concepto de vivienda con protección pública-, añadiendo al texto actual que "todas las viviendas contempladas y desarrolladas bajo este artículo tendrán de forma permanente la calificación de vivienda con protección pública".

Asimismo, la modificación traería consigo la alteraración de los dos decretos -74/2009 y 11/2005- sobre vivienda pública que limitan su especial grado de protección a diez y 15 años respectivamente. Las primeras hacen referencia en la actualidad a las viviendas con Protección Pública para arrendamiento con opción de compra, mientras que las segundas se corresponden con el uso propio, la venta o el alquiler.

"Con esta reforma queremos que toda la vivienda protegida de la Comunidad de Madrid siga siendo protegida de manera indefinida para no entrar en el mercado de la especulación y asegurar que están al servicio del derecho a la vivienda de las familias y los jóvenes en Madrid", ha señalado el secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, en declaraciones remitidas a Madridiario.

"No vamos a adoptar recetas trasnochadas"

Parece claro, no obstante, que la pretendida modificación de la normativa presentada este miércoles por el PSOE-M no tendrá demasiado recorrido. Y es que esta supondría, al menos a ojos del portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García, “no decirle claro a los potenciales inversores cuáles son las reglas del juego”. Puesto que "lo más importante es generar seguridad jurídica", el también consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local ha cerrado la puerta a cualquier modificación al respecto: “No vamos a adoptar recetas trasnochadas (…). Vamos a seguir actuando para que la región sea la que más vivienda de protección construye de toda España”.