Más Madrid, Unidas Podemos y PSOE acuden a la Fiscalía Especial contra la Corrupción

Más Madrid ha presentado este viernes un escrito ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada para que investigue el contrato de emergencia vinculado al hermano de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ya que entiende que podría haber "cohecho" y "tráfico de influencias" y auguran que es "la primera piedra" de un caso mayor de corrupción.

Así lo ha precisado la portavoz, Mónica García en la entrada de la Fiscalía, donde ha indicado que la formación está investigando "más contratos" que podrían ser sospechosos de irregularidad.

En el texto registrado, la formación incluye sms anónimos recibidos en noviembre en el que se advertía del contrato en cuestión que ha desatado un cisma entre Ayuso y la dirección nacional del PP.

"Cuando ingresó los pagos de la CM hizo transfer por valor de 300.000 euros a Tomás Díaz Ayuso (...). El concepto de esas transferencias es intermediación Comunidad de Madrid (...) Pero si la intermediación ya sería delictiva, pagar un 25% del importe de un contrato significa que Alcazar es un testaferro de Tomás Ayuso", rezan parte de los mensajes enviados a Mónica García y al líder de Más País, Íñigo Errejón.

A renglón seguido, señala que el responsable jurídico de Más Madrid estudió estas informaciones "sin observar elementos suficientes para darle veracidad" como para elevarlas al Ministerio Fiscal.

García ha señalado en la puerta de la Fiscalía que lo que queda por dilucidar es si es "prevaricación, malversación, cohecho o tráfico de influencias", pero que se trata de el inicio de un caso de "corrupción más grande" que llevará a "imputaciones".

"No es la última vez que vendremos a Fiscalía porque ya estamos analizando otros contratos como los aviones, el Zendal o algunas de los contratos de emergencia", ha advertido la portavoz de Más Madrid.

Entiende que el hermano de Ayuso usó "o una empresa pantalla" con su amigo de testaferro o "hubo un claro caso de tráfico de influencias" porque "se ha llevado 280.000 euros en plena pandemia".

Así, cree que en el caso de que se confirme la conducta como un acto delictivo deberían declarar el hermano de la mandataria, la empresa y también "los que han hecho la contratación" porque "se estaban haciendo otros contratos" donde la diferencia del coste de la mascarilla era notable.

Considera además, que la Comunidad ha intentado elevar un "muro de opacidad" entorno a este tema que acabó derrumbándose con la comparecencia de Ayuso cargando contra la dirección de su partido.

UP reclama saber "el concepto" de la "comisión recibida"

La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Carolina Alonso, ha registrado este viernes también un escrito ante la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada para que investigue el contrato de emergencia al entender que hubo "mediación" con el Gobierno regional y que consiguió una "comisión" por ello.

Así figura en el escrito en el que recogen, entre otros, las declaraciones del presidente nacional del PP, Pablo Casado, en las que estimaba en 280.000 euros la supuesta compensación al hermano de la mandataria autonómica.

"Queremos saber el concepto por el que recibió la comisión porque es curioso que sea un cobro superior al beneficio empresarial", ha lanzado Carolina Alonso en la puerta de la Fiscalía.

Asimismo, ha recordado que desde la formación se han pedido explicaciones de varios contratos, que se ha llamado a comparecer a consejeros pero que se mantiene la "falta de información". "Son sospechosamente irregulares muchísimos contratos", ha zanjado.

PSOE pide investigar por "tráfico de influencias"

El PSOE de Madrid ha presentado este viernes una denuncia ante la Fiscalía reclamando que investigue el contrato, ya que entienden que podría haberse cometido "tráfico de influencias" y "malversación de caudales públicos". Así figura en el documento y que está firmado por los portavoces adjuntos del PSOE Pilar Sánchez Acera y Jesús Celada.

La denuncia se interpone contra "todas aquellas autoridades, funcionarios y articulares que puedan aparecer como responsables" de la presunta comisión de "delitos de prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios y caudales públicos".

A la Fiscalía ha acudido junto a Sánchez Acera y Celada el portavoz del grupo y secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, quien ha destacado que "cuanto más se oye más dudas hay" tras las declaraciones tanto de Ayuso como del presidente de su partido, Pablo Casado, en Cope.

"Hemos oído a Casado decir que obtuvo la información directamente de la administración, hemos oído hablar de testaferros e incluso a Ayuso decir que ni siquiera ha preguntado a su hermano por la comisión", ha insistido Lobato, quien ha reclamado de nuevo a la presidenta que explique los pormenores sobre esta presunta comisión "de más de un cuarto de millón de euros".

Entiende además, que la información presentada hasta ahora por la mandataria regional es "absolutamente insuficiente" porque no aclara el fondo del asunto ni si ha existido un "posible interés particular" por su hermano. "Si es legal o no lo decidirá la Justicia, pero lo que no es desde luego es ético", ha remarcado.

Asimismo, ha censurado que Ayuso ha abierto esta mañana más dudas sobre si habría "otros contratos" porque "no le ha preguntado".

Por otro lado, ha asegurado que Casado debería haber ido a Fiscalía hace seis meses cuando conoció de estos hechos que podrían tener "consecuencias jurídicas muy graves". "Le exigimos a Ayuso y Casado que den la cara y pongan en conocimiento de la Justicia toda la información que tengan. El PSOE va a ser implacable", ha advertido.

Asimismo, ha recordado que del Pleno monográfico de contratación salió la decisión política de abrir una comisión de investigación pero que cuando llegó el momento de ponerla en marcha "el PP la bloqueó con Vox". Entienden que hay que retomarla porque hay que fiscalizar hasta el "mínimo detalle" lo ocurrido con los contratos de emergencia donde "había comisiones del 20%".

"Ayer nos despertamos con dos acusaciones gravísimas y nos acostamos con dos certezas aún más graves. La acusación del PP a Ayuso sobre comisiones ilegales que luego ella reconoció y la de Ayuso al PP de espionaje confirmados por la dimisión de Carromero. ¿Cómo es posible que ambos tuvieran la verdad en la acusación del otro y no dijeran la verdad en cuanto la defensa de sí mismos?", ha reprochado Lobato, quien ha señalado la necesidad de "ejemplaridad" en Madrid.