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Informe del Defensor del Pueblo
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Informe del Defensor del Pueblo (Foto: Defensor del Pueblo)

Los madrileños siguen liderando las quejas al Defensor del Pueblo, aunque con un 11,3% menos

Por MDO/E.P.
viernes 18 de marzo de 2022, 20:21h

Los madrileños enviaron 6.361 quejas al Defensor del Pueblo el año pasdo, lo que supone un descenso del 11,26% si se compara con el año anterior. No obstante, la Comunidad de Madrid sigue siendo la región con más quejas de España, ya que aglutina el 22,39% del total nacional.

En 2020 los madrileños remitieron a esta institución 7.200 quejas, el 25,83% del total del país. Este año han bajado un poco, pero siguen siendo los españoles que más demandan. Le siguen los andaluces, con 3.517 quejas; los valencianos, con 2.856; y los catalanes, con 2.815.

En toda España, la Oficina Defensor del Pueblo recibió un total de 29.015 quejas en 2021, un año "marcado por las secuelas" de la pandemia de la Covid-19, lo que supone un incremento de un 3,5% con respecto a las 28.020 del año 2020, según el Informe anual de la Institución. Las quejas suben pero lo hacen en menor medida que en el año en el que empezó la pandemia, cuando aumentaron un 26,4 por ciento respecto al ejercicio anterior.

"Cuanto ha sucedido ha venido marcado por las secuelas del difícil y complejo año 2020, con consecuencias dolorosas y determinantes en la sociedad española. El impacto de la Covid-19 se ha hecho evidente en su repercusión social y económica, en definitiva, en todos los sentidos, en 2021", explica el Defensor, Ángel Gabilondo, en el documento, que ha entregado este viernes 18 de marzo a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet.

Se trata del primer informe que Gabilondo entrega como alto comisionado aunque gran parte de la gestión de la Institución durante el año pasado correspondió al Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán.

Según el documento, recogido por Europa Press, la Institución inició en 2021 un total de 182 actuaciones de oficio ante distintas administraciones, y atendió personalmente a 33.708 ciudadanos --32.974 de ellos a través de llamadas telefónicas y 734 presencialmente--.

Como consecuencia de la tramitación de las quejas y de las actuaciones de oficio, el Defensor del Pueblo formuló en 2021, ante las distintas administraciones, un total de 582 recomendaciones y 1.139 sugerencias.

De las recomendaciones, 189 han sido aceptadas, 60 no aceptadas y 333 están en trámite o todavía sin contestar por parte de la administración concernida (al cierre del presente informe). Respecto a las sugerencias, 324 han sido aceptadas, 125 no aceptadas y 690 están en trámite o sin contestar.

Por temáticas, la mayoría de los expedientes de queja, de actuación de oficio o de solicitudes de recurso están relacionados con el área de la Seguridad Social y el empleo (13,4%), seguidos por Administración de Justicia (11,9%), Función y empleo públicos (11,6%), Sanidad (8,2%), Migraciones (6,8%), Asuntos de interior (6,6%) y educación (6%).

Singularmente, el Defensor del Pueblo destaca que el "número de quejas recibidas en materia sanitaria ha puesto en evidencia en diversos ámbitos la emergencia" que ha representado la pandemia y "el cuestionamiento del alcance de determinadas políticas y medidas administrativas de salud pública o muy singularmente en lo relativo al funcionamiento del Sistema Nacional de Salud".

"La pandemia ha sido la gran razón y en algunos casos un argumento aducido para justificar aspectos que han de ser atendidos más adecuadamente", precisa.

Gabilondo también se refiere a la "dolorosa experiencia de la asistencia residencial a mayores, a pesar de la respuesta de los profesionales", que "ratifica la urgente necesidad de que se replantee y, en todo caso, se revise el modelo residencial, la necesidad de un incremento de recursos humanos, la mejora de las condiciones laborales y un mayor seguimiento y control por parte de las Administraciones Públicas".

Asimismo, señala que son "reiterados" los escritos ante el Defensor del Pueblo por las "situaciones de mayor desamparo", ya "lamentablemente asentadas en algunos sectores", a lo que ha de añadirse "las penurias sobrevenidas". Estas, según añade, "hacen imprescindible una valoración de las quejas desde una perspectiva que cabe calificar de pobreza o de riesgo de pobreza, en todos los sentidos de esta palabra, en determinados ámbitos de la sociedad".

Por otro lado, la institución también constata "diversas dificultades procuradas por una transición a las nuevas tecnologías, sin duda necesaria, pero que ha tenido lugar sin establecer adecuadamente los medios y recursos para no dejar al margen, tanto a personas mayores, como a quienes habitan en ámbitos especialmente aislados en el mundo rural, o que carecen de los recursos".

El Defensor del Pueblo incide en la necesidad de esa accesibilidad y de un lenguaje claro en la Administración Pública.

Mensajes a Madrid

En su informe, el Defensor del Pueblo aborda algunos problemas concretos planteados en la región. Por ejemplo, ha exigido a la Agencia de Vivienda y Suelo de la Comunidad de Madrid (AVS) que "enfrente sin demora" las dudas, preocupaciones y viviendas de los inquilinos tras la nulidad de la venta de casi 3.000 viviendas del Ivima en 2013 a Goldman Sachs.

El Defensor recoge las "numerosos quejas de ciudadanos disconformes" con la supresión de los 37 SUAP de la región y concluye la necesidad de seguir con la investigación sobre el cierre de estos Servicios de Urgencias en Atención Primaria, sin servicio desde el inicio de la pandemia de Covid-19, y ha recordado la necesaria prestación de "atención continuada y urgente de proximidad".

Sobre la situación en la Cañada Real, Gabilondo dice que "no sirve de excusa" que se esté implementando un programa de realojos en la Cañada Real Galiana para que cerca de 4.000 personas, 1.800 menores, permanezcan desde hace más de 500 días sin suministro eléctrico. Augura que "en el mejor de los casos" se necesitarían años para poder acometer el realojo total de los vecinos y que no resulta "aceptable desde ningún punto de vista" que aquellos que residen allí sigan "privados del acceso a un suministro esencial".

A la Consejería de Familia y Política Social, dirigida por Concepción Dancausa, le ha pedido que aplique el procedimiento de urgencia de valoración de la situación de dependencia y de aprobación del Programa Individual de Atención (PIA) a las personas que se encuentren incursas en el proceso de morir.

Alude también a las quejas sobre la demora para la adquisición de la condición de personal estatutario fijo, en distintas categorías, derivados de ofertas públicas de empleo de 2017 y 2018, recordando el plazo "improrrogable" de tres años para resolver estos procesos en el Servicio Madrileño de Salud (Sermas). En concreto, se trata de procesos en curso interrumpidos durante la pandemia en los que, por el elevado número de participantes y por la necesidad de mantener las necesarias condiciones sanitarias de seguridad, se produjeron retrasos en la baremación de los méritos en la fase de concurso.

Gabilondo menciona también la modificación de la ordenanza de Movilidad que regulaba Madrid Central, señalando que "reduce el nivel de protección ambiental existente" alegando que "permite una mayor entrada de vehículos tanto en la Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección-Distrito Centro como en la zona de Plaza Elíptica" donde, apunta el informe, "se rebajan sensiblemente las limitaciones" para la entrada en dichas zonas de vehículos de empresas y autónomos.

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