Aunque suene paradójico, la nueva Ley de Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid no protegerá a todas las víctimas del terrorismo que residan en la Comunidad de Madrid. Al menos, si la tramitación parlamentaria que ahora comienza no modifica el proyecto presentado por el Ejecutivo regional.
Como norma general, podrán acogerse a las ayudas económicas extra -también de acceso a vivienda pública- las personas que hayan sufrido un ataque dentro o fuera de España siempre que puedan acreditar al menos dos años de empadronamiento en la región previos al atentado. Así lo ha explicado este martes la presidenta Cristina Cifuentes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Cifuentes ha asegurado que este proyecto "garantiza" los principios básicos de "memoria, dignidad y justicia".
Compromiso electoral y con la AVT
La normativa es un "compromiso electoral" del PP, según la presidenta, que bebe de la estrecha relación de estas siglas con la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). Su expresidenta, Ángeles Pedraza, forma parte de la ejecutiva dell partido que dirige Cifuentes.
Por eso, la legislación prevé dos excepciones diseñadas a la medida de los damnificados por el terrorismo de ETA. Por un lado, se otorgará protección a quienes acrediten haber sufrido "amenazas o coacciones directas" de "organizaciones terroristas" y que, por esa razón, se hayan visto obligados a cambiar su comunidad de origen por la madrileña y hayan vivido legalmente en ella al menos durante los dos años anteriores a la aprobación, cuando se produzca, de esta normativa. En el borrador presentado en enero, este requisito era más exigente y elevaba el umbral a los cinco años.
Por otra parte, también podrán acogerse a las indemnizaciones por fallecimiento o daños físicos y psíquicos quienes, con efecto retroactivo, hayan sido víctimas de actos terroristas en la región desde 1960. La fecha no está escogida al azar. El 27 de junio de ese año, la bebé de 22 meses Begoña Urroz murió en una explosión en la estación de tren de Amara, en San Sebastián. Aunque existe cierta controversia si ETA estuvo detrás de ese episodio, como reivindican las asociaciones, esa jornada se conmemora en España desde 2010 como el Día de las Víctimas del Terrorismo. Para acceder a esas ayudas deberán haber estado empadronados, también, desde dos años antes de la entrada en vigor de la norma y en el momento en el que sufrieran el ataque.
Estos supuestos acortan el número de beneficiarios del variopinto grupo de víctimas del terrorismo que conviven en la Comunidad y niega una suerte de protección universal de la norma. Por ejemplo, impide que los refugiados víctimas de ataques yihadistas en otros países que huyen a España puedan acogerse a la iniciativa. También, los ciudadanos españoles o comunitarios que no puedan acreditar un tiempo mínimo de residencia en la región o aquellos que han sufrido el golpe del terrorismo en Latinoamérica.
Casi 3.000 beneficiarios
Con todo, la Comunidad maneja una primera estimación de beneficiarios que alcanza las 2.763 personas. Esta es la suma de 584 fallecidos -el reconocimiento lo reciben sus familiares y allegados- y los 2.189 heridos que causaron, en su mayoría, ETA y las bombas del trágico 11 de marzo de 2004.
La Comunidad tampoco piensa ampliar la categoría de víctima del terrorismo que describe la normativa estatal y, por ejemplo, evita pronunciarse sobre capítulos como la represión franquista.
La revisión de esta legislación autonómica prevé una mejora del sistema de ayudas que van desde un incremento de las subvenciones regionales de un 30 por ciento que complementan las que otorga el Ministerio del Interior a nuevas facilidades para vivienda, educación, cultura y deporte.
Historia del terrorismo, pero no como asignatura
Este martes, Cifuentes ha confirmado que los centros educativos de la región deberán incorporar a partir del próximo curso unidades didácticas sobre la historia del terrorismo en todos los currículos, desde Primaria a Bachillerato. Eso sí, no será una asignatura diferenciada.
"Queremos que se estudie como contenido, dentro de la Historia, para que se sepa qué ha sido ETA", ha matizado la presidenta. "Es imprescindible que no sea algo optativo".