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“La nueva política (una historia con moraleja)”

Por Patricia García
miércoles 27 de abril de 2016, 16:59h

En estos últimos días ha estado de cierta actualidad un tema que a primera vista parece menor (desde luego no ha merecido la misma atención que los papeles de Panamá, por ejemplo) pero que, analizado en profundidad, resulta ser gravísimo: me refiero a las sospechas de que asignaciones de grupos municipales y autonómicos (que, recordémoslo, salen de los presupuestos; es decir, directamente de nuestros impuestos) hayan podido ser utilizadas por un partido político para asuntos muy distintos de su finalidad y, en especial, para financiar la campaña de las elecciones generales de diciembre de 2015.

Insisto en que éste es un asunto grave. En democracia, de los impuestos de los ciudadanos sale el dinero para muchas cosas, una de las cuales es el mantenimiento y funcionamiento de la propia democracia. Es por eso por lo que Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y Estado destinan parte de sus presupuestos a dotar a los distintos grupos políticos con representación en las instituciones: para garantizar que esos grupos puedan ejercer el cometido para el que les hemos votado, sea gobernar o vigilar y controlar al que gobierna.

Así que no sólo quien gobierna dispone de dinero público; también quien está en la oposición, además de cobrar (o no) un sueldo público, dispone de un dinero procedente de los presupuestos con respecto al cual tiene las mismas obligaciones de control, austeridad, legalidad y honradez, utilizándolo para lo que se ha destinado y para ninguna otra cosa más. Y mucho menos para financiar a su partido con el dinero de todos.

A este respecto, voy a tirar de recuerdos y a contarles a ustedes una batallita de mis tiempos en el Ayuntamiento de Madrid. Como es lógico en una gran ciudad como la nuestra, la asignación que el Ayuntamiento destinaba a los grupos era más que generosa. Ahora bien, lo que nos llamó la atención fue que no había ningún control sobre la misma. Ninguno. Increíblemente, la intervención municipal llevaba años reclamando que los grupos municipales justificaran sus gastos sin que absolutamente nadie se diera por aludido. Por eso, en abril de 2012 UPyD presentó una proposición para que, de una vez por todas, los grupos se comprometieran a justificar todos los años en qué se gastaban la asignación que recibían.

Y oigan, para según qué cosas, no hay nada como darles publicidad: virtudes de la transparencia. Obviamente, ninguno de los otros partidos con presencia en el Ayuntamiento podía negarse a votar a favor de nuestra propuesta (aunque no crean que lo hicieron de buen grado: según alguno, no nos interesaban ni el control, ni la austeridad, ni la legalidad ni la transparencia, sino sólo el titular…, en serio, váyanse al Diario de Sesiones; no tiene desperdicio). Sea como fuere, la propuesta salió aprobada, aunque con algunos cambios “de poca monta”: además de fiscalizar los gastos a futuro, nuestra propuesta pedía justificar los de los años anteriores, y ahí sí que hubo unanimidad, pero en contra: ninguno de los otros grupos estaba dispuesto, bajo ningún concepto, a desvelar en qué se había venido gastando el dinero hasta entonces.

Les voy a dejar unas cifras para que vean de qué cantidades estamos hablando. Son cifras correspondientes a 2013, pero como ejemplo pueden valer. En ese año, el PP (31 concejales) recibió 226.327 euros; el PSOE (15 concejales), 128.375 euros; IU (6 concejales), 73.227 euros y UPyD (5 concejales), 67.155 euros. En total, 495.084 euros que, sin la propuesta presentada por UPyD, habrían seguido estando fuera de control.

Y ahora vamos a los resultados. El dinero no dispuesto durante un ejercicio no había que devolverlo, sino que se acumulaba para ejercicios posteriores. En diciembre de ese año, el remanente del Grupo Municipal del PP era de 619.923 euros, el del el del PSOE, de 25.326 euros, el de UPyD ascendía a algo más de 140.000 euros y el de IU era negativo por 4.223 euros. Tengamos en cuenta que (a excepción de UPyD, que no había tenido representación hasta entonces) ese remanente venía en todos los casos de antiguo, de mandatos anteriores. Lo que demuestra, de paso, que casi siempre la austeridad es posible… seguramente de forma proporcional al control que se establece.

Sin embargo, aunque hablar de cantidades puede ser ilustrativo, en realidad no me interesaba tanto entrar en el detalle como ir a lo que yo creo que es el quid de la cuestión: que es posible establecer formas de funcionamiento que ayuden a prevenir esos asuntos tan desagradables de los que luego se intenta convencer a la ciudadanía de que no son más que casos aislados o errores administrativos. Basta con establecer reglas de funcionamiento claras e iguales para todos, basadas en la transparencia y en la rendición de cuentas. Ni siquiera es caro. En este caso, simplemente hubo que aprobar una medida en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid y, después, que cada Grupo Municipal dedicara unas horas al año a presentar un informe a la intervención.

Sencillo, transparente y efectivo; una prueba de que la lucha contra la corrupción no es una tarea ingente perdida de antemano: no se trata de apartar a las malas personas (que también, obviamente), sino de mejorar los sistemas para no dejarles huecos por los que colarse.

Pensemos en ello ahora que todo apunta a que nos enfrentamos a unas nuevas elecciones generales. Porque aquí viene la moraleja del asunto: tengamos claro que la “nueva política” no es, no puede ser, un “quítate tú para ponerme yo”. La nueva política debe ser un compromiso ineludible de empezar a hacer las cosas de otra manera: para variar, bien.

Patricia García,

Miembro del Consejo Político de Unión, Progreso y Democracia.

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