La oposición rechaza la ley de viviendas rurales sostenibles

El portavoz socialista de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Antonio Fernández Gordillo, ha asegurado que esta norma se hace de espaldas a la realidad, con apenas 360 segundos de debate y que "se salta" procedimientos y dictámenes como el del Consejo Económico y Social (CES) o el de Medio Ambiente.

Los tres grupos han coincidido en que el PP se mantiene "sordo" ante un "clamor" contrario a esta Ley por parte de ecologistas, arquitectos, ingenieros de montes e, incluso, de los 326 empleados públicos y técnicos de la Consejería de Medio Ambiente que han suscrito un documento en el que piden su "retirada" por todo lo que atañe de malo al suelo y al medio ambiente de la región.

A juicio de Fernández Gordillo, supone una amenaza al medio natural, facilita la urbanización de suelos rurales y potencia riesgos exponenciales de riesgos forestales además de dificultar la extinción de los mismos.

"No es una ley ni de viviendas, ni rural ni sostenible", ha sentenciado, tras señalar que apenas 13.000 parcelas se beneficiarán de esta norma que "colisiona" con la Ley estatal de Suelo y conculca las competencias básicas de los ayuntamientos en materia de planificación y gestión urbanística.

El portavoz socialista ha anunciado que combatirán con todos los medios que brinda el Estado de Derecho "este nuevo virus que intenta sembrar, a diestro y siniestro, el Gobierno regional con estas casonas asesinas en el medio natural de la región".

Por su parte, la portavoz de IU en materia de Medio Ambiente, Carmen Villares, ha subrayado que esta Ley es un "escándalo" y un "abuso de poder" al margen de la legalidad que "amputa" el suelo rural, "cercena" la producción agropecuaria en la región y "privatiza" el medio ambiente.

A su juicio, es una ley de privilegios "para las castas aristocráticas y los potentados de la Comunidad de Madrid" que podrán construir "grandes mansiones" mientras se contabilizan diariamente 80 desahucios en esta región.

Para Villares, esta norma es ilegitima, contraria al interés general y un "atraco" porque roba el bien público para dárselo a una minoría.

"Es -ha concluido- un virus que penetra todo el suelo y el medio ambiente de la Comunidad de Madrid".

En términos similares se ha expresado el portavoz de UPyD, Gabriel López, quien ha explicado que la Ley prevé la posibilidad de edificar viviendas de al menos 900 metros cuadrados en suelo rural, "al margen de cualquier planeamiento urbanístico", a quien disponga de parcelas de un mínimo de seis hectáreas.

UPyD sostiene que esta ley promueve un modelo de gestión y ocupación del territorio "insostenible", carece de soluciones reales para los problemas acuciantes de vivienda que hay en la Comunidad y consagra la prevalencia del derecho de unos pocos a la edificación privada sobre bien público.

Desde el PP, sin embargo, el diputado Álvaro González ha defendido que esta Ley de Viviendas Rurales Sostenibles da más libertad a los madrileños, equipara a Madrid con la mayor parte del resto de comunidades y "permite construir viviendas unifamiliares en suelo no urbanizable sin protección sectorial".

Ha asegurado que se trata de una ley "muy rígida" que no privatiza el suelo porque éste "ya es privado".

González ha negado que el PP haya vetado a UPyD, y ha explicado que ha sido este grupo parlamentario el que ha entregado fuera de plazo las enmiendas, una "mala praxis parlamentaria", ha concluido.