Los sindicatos educativos no aguantan más. La falta de dialogo por parte del Ministerio de Educación y la toma de decisiones que afecta a los docentes, y que no se han consultado con los representantes de los trabajadores, han llevado a CSIF a convocar -frente a la sede del Ministerio- una concentración para exigir una mayor interlocución, puesto que la falta de negociación perjudica a la Educación pública y, sobre todo, que se mantengan el próximo curso los refuerzos covid que se contrataron por la pandemia. Le piden al Ministerio que se comprometa a manternerlos, a pesar de que las medidas que se pondrán en marcha en los centros no fueron consensuadas con los sindicatos.
Es una situación que, denuncian, se lleva produciendo desde que Isabel Celáa asumió esta cartera ministerial. Una de las razones que ha llevado al sindicato a convocar esta concentración y en palabras del presidente del sector de Educación de CSIF, Mario Gutiérrez, es que se haya decidido “de manera unilateral” volver a las ratios anteriores a la crisis sanitaria “como si la pandemia ya hubiera terminado”. Un hecho que va a perjudicar de manera directa a la calidad de la educación pública y que es consecuencia del despido de los cerca de 40.000 docentes de refuerzo Covid que se contrataron en toda España para hacer posible la reducción de alumnos por aula. Es por lo que los sindicatos piden al Ministerio que llegue a un consenso con las Comunidades para el mantenimiento de las plantillas extra para consolidar la bajada de ratios.
Esta supresión de contratos llega en un momento en el que la Educación, según Gutiérrez, está peor que hace cinco años e incluso no ha llegado a recuperarse nunca de los recortes que sufrió en la anterior crisis económica de 2008. Por lo que al mantenimiento de estos profesores habría que sumarle, según estimaciones del sindicato, otros 50.000 o 60.000 docentes más que permitan al sistema educativo adaptarse a la realidad de 2021 y a los cambios que la sociedad ha experimentado de manera reciente.
Y es que afirma que la ratio que se establecerá el curso que viene, igual a la que había antes de la pandemia, está establecida desde 1990, por lo que no se encuentra acorde a la nueva concepción de la enseñanza. Para conseguirlo, Gutiérrez ve fundamental tener un plan de futuro, un pacto de Estado que garantice la bajada de ratios. “Queríamos que estos 40.000 docentes de refuerzos sirvieran de base para seguir reconstruyendo en el futuro y llegar a tener 60.000 docentes más en toda España, los que podrían conseguir tener el número de alumnos por clase que hay en otros países europeos.
En esta misma línea, aunque no estarán presentes en la concentración del próximo jueves y si llevarán a cabo protestas la próxima semana en diferentes ciudades españolas, se manifiestan desde Comisiones Obreras. En concreto, la secretaria de Educación de CCOO Madrid, Isabel Galvín, considera imprescindible que se mantenga de cara al próximo curso la reducción del número de alumnos por aula en todas las Comunidades y el refuerzo de profesores ya que se ha demostrado que no solo es una medida sanitaria sino que mejora los resultados académicos de los alumnos.
"El Ministerio no puede mirar para otro lado"
“Mejora la calidad, la atención educativa y los resultados de los alumnos” continúa Galvín al recordar que España ha sido el único país europeo que ha conseguido mantener los colegios e institutos abiertos durante todo el curso escolar, a pesar de la virulencia de la segunda y tercera ola de la pandemia: “Ese milagro se debe al esfuerzo de los profesionales docentes y a la bajada de ratios”. Es por ello por lo que piden al Ministerio que se comprometa a garantizar la bajada de ratios en todas las regiones y no se desentienda: “No puede mirar para otro lado”.
A pesar de todo, fuentes del Ministerio de Educación aseguran a Madridiario que la ministra Celáa "ha instado" a las CCAA a que el próximo curso mantengan los contratos de estos casi 40.000 profesores "pues permitirán una atención más personalizada a los alumnos, tanto educativa como emocional". Recuerdan que el Gobierno aprobó el curso pasado un fondo extraordinario para hacer frente a la pandemia y en el que 1.600 millones de euros iban destinados a las medidas de educación no universitaria, dinero que las CCAA destinaron "en gran parte" a contratar profesorado de refuerzo. Aún así, desde el Ministerio afirman que "la contratación o el refuerzo de plantillas corresponde a las correspondientes Consejerías de las CCAA, dado que la gestión educativa está transferida".
Además, explican que ya se anunció un nuevo fondo de 13.400 millones de euros para que las CCAA "hagan frente a inversiones derivadas de la pandemia". Todo ello supone, según las mismas fuentes, "una inversión extraordinaria al presupuesto ordinario de cada región".
"La apuesta por la Educación es la más grande por el futuro"
En Madrid, como en la mayoría de regiones, es el instrumento “idóneo” -en palabras de Galvín- que ha permitido continuar con las clases educativas presenciales, por lo que si no se mantienen será un “mazazo” para la Educación en España. Y según Galvín, si se disminuye el número de profesores y no se convierte a la Educación en un motor de salida de esta situación pandémica, la reconstrucción del país no será “como dicen que será”. “La apuesta por la Educación es la apuesta más grande por el futuro”, por lo que “trivializar esta medida es un enorme error” porque “necesitamos formar de manera adecuada a los futuros trabajadores”.
En concreto, desde Comisiones Obreras consideran necesario mantener en Madrid los 6.281 docentes extra actuales así como mantener y ampliar los 350 educadores infantiles extra y el personal de servicios educativos adicional. Desde la Comunidad de Madrid, que contrató este curso a cerca de 11.000 docentes de refuerzo Covid, aseguran que trabajan en las necesidades de los docentes acorde a la que se prevé pueda ser la situación sanitaria, "siempre anteponiendo las recomendaciones sanitarias". Por ello, fuentes de la Consejería de Educación afirman que "cuando tengamos definidas esas necesidades se tendrá el número total de docentes" del curso que viene.
Medidas sin negociación
La última medidas que no fue consensuada con los sindicatos fueron las que se pondrán en marcha el próximo curso escolar –mascarilla obligatoria y distancia de 1,2 metros entre alumnos. Se aprobaron por las Comunidades Autónomas y el Gobierno Central en la Conferencia Sectorial pero en ningún momento se informó a los representantes de los trabajadores, cuentan desde CSIF y CCOO, sobre las propuestas o decisiones finales.
“No tenemos ninguna información oficial, nos enteramos por los medios de comunicación”, denuncia el presidente del sector de Educación de CSIF, Mario Gutiérrez, al criticar que no se tenga en cuenta a los docentes, a pesar de que son los que tienen que aplicar todas las medidas y los que mejor conocen el funcionamiento de los centros. Pero desde el Ministerio explican que las medidas establecidas en los centros educativos son medidas sanitarias, no educativas, por lo que las establecen "las autoridades sanitarias en colaboración con el Ministerio de Educación y Formación Profesional".
La forma de actuar del Ministerio, no obstante, y según CSIF, ha sido la de "las buenas palabras y pocos hechos". Desde el sindicato también reclaman, a parte de un pacto por la Educación, que las pruebas de acceso a la Universidad sean iguales para todos los españoles. No conciben que una persona pueda acceder a cualquier universidad española y competir con cualquier alumno del país cuando están realizando pruebas y evaluaciones diferentes. Ante esta reclamación, la actual ministra de Educación anunció según Gutiérrez, en 2019 la creación de una comisión de estudios para "disminuir las diferencias entre Comunidades". Pero dos años después, la comisión "jamás" ha sido creada.
Desde el Ministerio defienden que están trabajando en el desarrollo del nuevo currículo. Este, que empezará a implantarse el curso que viene y que "está basado en la adquisición de competencias, dará pie, explican, "a la adaptación de las evaluaciones de cada etapa y al establecimiento de una nueva prueba de acceso a la universidad". Asimismo, sin obtener respuesta de por qué no se contituyó la mesa anunciada por Celáa, aseguran que trabajan con las CCAA, el Ministerio de Universidades y la CRUE en la "homogenización de los criterios de corrección".
Por ello, creen que la movilización de este próximo jueves es un “pistoletazo de salida” para que el Ministerio cambie de forma de actuar y se siente a negociar con los representantes de los trabajadores cualquier medida que afecte a los docentes. “Exigimos que se consulte con los profesores, algo que debería dar vergüenza tener que pedir en Democracia”, explica Gutiérrez al denunciar que en cierta medida el Gobierno Central se escuda en la cogobernanza para “delegar cosas que no le corresponde delegar”. No obstante, desde el Ministerio aseguran que mantienen mesas de diálogo abiertas con los representantes de los trabajadores "en el ámbito de sus competencias".
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