La Comunidad de Madrid ha denegado la petición de la alcaldesa de Getafe, la socialista Sara Hernández, de declarar el municipio como zona tensionada para moderar el precio del alquiler de las viviendas, como recoge la nueva Ley de Vivienda.
Así lo ha anunciado este viernes el consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, quien ha recordado que el Gobierno regional "tiene las competencias en vivienda y la responsabilidad de declarar las zonas tensionadas".
"Rechazamos esta petición porque consideramos que limitar los precios y declarar las zonas tensionadas va en contra la oferta de vivienda de alquiler", ha defendido el consejero.
Rodrigo ha explicado que el Ejecutivo autonómico "se ha fijado en la experiencia de otras ciudades de España, como Barcelona, donde no ha funcionado esta limitación, así como en otras ciudades europeas como París o Berlín".
"No compartimos esta iniciativa, mucho menos topar los precios. Lo que queremos que la vivienda se mueva con libertad en el mercado. Es lo que le he trasladado a la regidora de Getafe", ha insistido el consejero.
El Ayuntamiento de Getafe envió este miércoles sendas comunicaciones al secretario de Estado de Vivienda y al consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid para estudiar la declaración de la ciudad como zona tensionada.
"Se trata de una oportunidad magnífica para trabajar conjuntamente las tres administraciones en favor del acceso a la vivienda, como una de las principales preocupaciones que existen en el país en general y en Madrid en particular", aseguró la alcaldesa sobre esta petición para poder moderar el precio del alquiler de las viviendas, como recoge la nueva Ley de Vivienda estatal, recurrida ante el Tribunal Constitucional por la Comunidad de Madrid al considerar que invade sus competencias. Esta misma semana el Constitucional ha admitido a trámite el recurso.
Fue el pasado 27 de abril cuando el Congreso dio luz verde al proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda con un respaldo de 176 votos que representan la mayoría absoluta del hemiciclo, frente a 167 en contra. El Senado dio su aprobación definitiva el 17 de mayo tras haber recibido más de 300 enmiendas parciales y seis vetos (PP, el PNV, Junts per Catalunya, Cs, Vox y UPN).
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