Polémica por la aplicación de la Ley de Dependencia

La Ley de Dependencia entró en vigor a principios de 2007 y su aplicación en Madrid se desarrolló a lo largo del año de forma más lenta de lo inicialmente previsto. En mayo, por ejemplo, no había datos oficiales sobre el número de demandantes y no se había evaluado ningún caso cuando en otras regiones como la Comunidad Valenciana ya se había valorado a cerca de 8.500 personas. El Gobierno madrileño se quejaba de que, sobre el desarrollo de la Ley, “nos hemos enterado antes por la prensa que por el Ministerio”.

El Gobierno central y las comunidades autónomas tenían previsto dedicar a lo largo del año hasta 821 millones de euros para aplicar la Ley de Dependencia, una cifra que se duplicará en 2008 y se triplicará al siguiente.

Aunque entró en funcionamiento a principios de 2007, no fue hasta abril cuando los demandantes pudieron empezar en algunas regiones a solicitar las ayudas . Sin embargo, hasta el 20 de ese mes el Gobierno no publicó el decreto por el que se aprobaba el baremo de valoración de la situación de dependencia. De momento, en 2007, sólo se beneficiaron los grandes dependientes (grado III), de los que se calcula que hay unos 194.000 en toda España, un 17 por ciento de los 1.125.000 personas dependientes. De ellos, según las estadísticas oficiales, unos 140.000 viven en Madrid.

La Comunidad denunciaba en junio que “la aplicación informática para la baremación llegó hace sólo una semana” aunque el Ejecutivo central replicaba que "todas las comunidades están integradas desde hace tiempo en el sistema".

Fuentes del Ministerio afirmaban, además, que "Madrid es la única región que no ha dado de alta a ningún funcionario en la Agenda de Protección de Datos", requisito fundamental para entrar a la aplicación, "y no ha enviado a ninguna persona a los cursos de formación".

Aunque la presidenta regional, Esperanza Aguirre, indicó durante su debate de investidura su intención de consensuar con el resto de partidos el desarrollo de la Ley de Dependencia en Madrid y la consejería  aseguraba que la norma tiene “un propósito loable”, se indica que tanto el Gobierno regional como los ayuntamientos “están desconcertados por la falta de información que llega antes por la prensa que por el Ministerio”. “Nos han pillado por sorpresa, no han tenido en cuenta el engranaje de cada región y han generado 17 sistemas distintos para aplicar la Ley”, aseguraban en la consejería en relación a que cada Comunidad autónoma está implantando la norma de forma diferente. Desde el Ejecutivo central se calificaba de “falsas” estas acusaciones porque “toda la información y reglamentación está publicada en el Boletín Oficial del Estado”.

Ante el desconcierto generalizado, el sindicato CCOO denunció en octubre que, a pesar de contar con una situación previa más ventajosa respecto a otras regiones, Madrid se encuentra a la cola de España en aplicación de la Ley de Atención a la Dependencia. El sindicato calificó la situación en la región de "parálisis" y "desconcierto". Poco después, el Ministerio advirtió que tanto Madrid como Murcia debían "ponerse las pilas" para aplicar la ley lo antes posible, pues ambas iban con retraso. La consejera del ramo, Gádor Ongil, replicó que Madrid no había recibido "ni un solo euro" para poder aplicar la normativa.

El día 30, el secretario general del Partido Socialista de Madrid, Tomás Gómez, manifestó que el PSOE emprendería "acciones judiciales contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid por no aplicar la Ley de Dependencia en el territorio regional", mientras Ongil seguía insistiendo en que, en la región, estas personas ya se encontraban atendidas por el Gobierno regional.

El 8 de noviembre llegó la regulación de la tramitación de las solicitudes del reconocimiento del derecho a la atención a la dependencia en Madrid, de la mano de una orden de la Consejería de Asuntos Sociales. Según el texto, los ayuntamientos deberán recoger la documentación necesaria para el reconocimiento de la situación de dependencia y, además, elaborar, a través de sus Servicios Sociales, un informe social sobre el entorno del interesado. Tanto los partidos de la oposición como los sindicatos manifestaron su preocupación tanto por el retraso en la aplicación de la ley como por la posibilidad de que los servicios sociales municipales se colapsaran ante tanto volumen de trabajo.

Hasta ese momento, el Gobierno regional había recibido 10.000 solicitudes y había baremado la mitad. El resultado hasta entonces era de 3.000 personas cuyo derecho a las ayudas a la dependencia había sido reconocido.

El año terminó sin que la polémica quedara zanjada y sin datos oficiales sobre los dependientes madrileños de grado III que estaban atendidos, tal y como marcaba el objetivo de la ley. En 2008, la ley obliga a que se hagan efectivas las ayudas a más dependientes.