Marcela llegó a España desde Brasil, su país natal, con 20 años. Le hablaron maravillas de la vida que podría tener y no dudó un segundo en viajar al otro lado del charco con la motivación de un futuro mejor y poder ayudar a su familia.
“Estudiaba formación profesional, algo parecido a secretaria para despachos de abogados, y me brindaron la oportunidad de realizar en España un tipo de prácticas que podría suponer un importante apoyo para mi carrera y mi futuro. No lo dude un instante. Además, la persona que me trajo era amiga de una conocida de la familia y contaba maravillas de su vida en España. En realidad, era todo mentira”, relata a Madridiario.
Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la trata de personas se define como “el traslado de seres humanos de un lugar a otro dentro de las fronteras de un mismo país o hacia el exterior con fines de explotación en su mayoría explotación sexual, laboral o en la mendicidad”.
Añaden que en la trata, el consentimiento de la víctima es “irrelevante” para que la acción se caracterice como el tráfico. “Eso porque, generalmente, este se obtiene a través del engaño, la amenaza, el uso de la fuerza u otras formas de coacción como el rapto, el fraude, el abuso de poder o una situación de vulnerabilidad”, agregan.
La Comunidad de Madrid habla de 4’5 millones de mujeres y niñas víctimas de la trata en todo el mundo. Esta región recibe a muchas de estas mujeres, que llegan a Madrid engañadas o en contra de su voluntad para ejercer, principalmente, servicios sexuales.
Es por ello que, a través de varias iniciativas, desde el Gobierno regional se les tiende la mano para ayudarles a salir de esta situación y que puedan encontrar el futuro próspero que esperaban crear cuando aterrizaron en Madrid.
El 2 de septiembre de 2020, la Comunidad aprobó destinar 333.880 euros al Servicio de detección e identificación de mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual en la Comunidad de Madrid.
La Asociación para la prevención, reinserción y atención a la mujer prostituta (APRAMP) es la encargada de gestionar este servicio, cuyo contrato ha sido prorrogado por un año, desde el 1 de diciembre de 2020 hasta el 30 de noviembre de 2021.
Ayudando a mujeres desde 1989
“Cuando llegué a España el trabajo no existía. Me metieron en un Club, me dieron ropa escotada y zapatos de tacón y me enseñaron lo que iba a ser mi tortura. Me obligaron a tomar drogas y alcohol con los proxenetas y con los clientes. Me dijeron que tenía una deuda y que si no la pagaba harían daño a mi familia. Era un sueño convertido en pesadilla”, lamenta Marcela.
APRAMP es pionera en ofrecer atención integral a mujeres que ejercían la actividad de la prostitución desde finales de los años 80. Esta entidad se ha ido adaptando a las nuevas formas de explotación y esclavitud, creando servicios que se ajustan a las circunstancias reales y actuales con el objetivo de “ofrecer y dar protección, recuperación, formación e inserción a las mujeres y niñas víctimas de la trata y explotación e igualmente a mujeres que se encuentran en el contexto de la prostitución por la carencia de alternativas socio formativas reales”, nos comentan a Madridiario desde la asociación.
Su colaboración con la Comunidad de Madrid ha sido siempre estrecha, pero no es hasta la aprobación y puesta en marcha de la Estrategia Madrileña contra la Trata y Explotación Sexual en 2016, cuando se comienzan a impulsar diversas medidas y se dota de presupuesto para la creación de recursos específicos.
En aquel año salieron a concurso de licitación pública también dos pisos de protección para víctimas de trata, uno para menores y otro para mujeres, y el servicio de Unidad Móvil de Trata, que ganó la APRAMP. En él trabaja un equipo de seis mediadoras, supervivientes de la trata, cuatro trabajadoras sociales y una coordinadora. Desde su puesta en marcha en junio de 2019, han atendido a más de 12.000 personas, la gran mayoría mujeres.
Gracias a este equipo, Marcela consiguió salir del infierno en el que se había visto atrapada. “Un día unas chicas llegaron al club donde estaba. Cuando el dueño estaba despistado me acerque a una de ellas pensando que no me podrían ayudar, y me dijo: “sé lo que estás viviendo, podemos ayudarte” y me dio una tarjeta que escondí enseguida. Por la noche pude escabullirme y llamar. Hablé con una persona de APRAMP, me tranquilizó mucho y al día siguiente pude escapar del club. Desde APRAMP me acompañaron a un alojamiento seguro donde pude recuperarme”, relata.
El recurso autonómico para la detección e identificación de las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual o en situación de riesgo, se presta a través de un teléfono de emergencia.
A ese número pueden acudir las 24 horas del día tanto las propias víctimas como los profesionales encargados de la identificación cuando necesiten atención especializada (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Servicios Sanitarios, etc.).
Además, existe la ya mencionada Unidad Móvil con el fin de detectar e identificar de forma directa a mujeres que estén siendo tratadas con fines de explotación sexual, a través de la presencia física reiterada de profesionales especializados en los lugares de ejercicio de la prostitución.
Junto a esta unidad se encuentra un equipo a pie de calle compuesto por dos auxiliares que acompañan a mujeres en la realización de las gestiones necesarias, buscan nuevas zonas para futuras atenciones y refuerzan las intervenciones en los lugares que sea necesario.
Una atención integral que abarca varios ámbitos
Desde APRAMP destacan que el protocolo a seguir varía siempre en función de cada persona. “Básicamente, para poder detectar una situación de trata y explotación tienes que crear vínculo con la mujer, ganarte su confianza para poder mantener una conversación y que pueda explicar su proceso migratorio”, explican.
Ponen de ejemplo la intervención a pie de calle, donde las profesionales pueden detectar indicios del entorno: proxenetas observando desde vehículos, mujeres que mantienen el rol de controladoras, etc.
“Una vez analizados los indicios, se informa a la mujer de los derechos que le asisten y de los servicios que tiene nuestra entidad para su protección, recuperación e inserción”, apuntan.
El equipo actuará siempre bajo el consentimiento de la víctima, tanto si quiere denunciar o ser rescatada como si no. De querer serlo, se pondrán en contacto con la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF).
Existen tres áreas desde las que trabajan con estas personas en situación vulnerable: sanitaria-psicológica, social y jurídica.
“Hay mujeres que han sido sometidas a una gran violencia y en muchas ocasiones muestran las secuelas en sus cuerpos (cicatrices, patologías por agresiones en órganos, embarazos interrumpidos, falta de alimentos, ETS, etc.), así como las consecuencias psicológicas que deriva ante el sufrimiento de sufrir una violencia extrema”, indican.
Después, desde el ámbito psicológico, analizan los diversos factores de vulnerabilidad que pueden ser claves para la captación y explotación, así como el diagnóstico de estrés postraumático. “Es fundamental para elaborar un informe pericial para juicio oral. Asimismo, se trabajará con la mujer técnicas de autoestima, empoderamiento, habilidades sociales e igualmente se le dotará de herramientas para superar traumas”, subrayan.
Tras esta primera evaluación, se ofrece a la mujer una plaza en un piso de protección, donde contará con el apoyo de educadoras sociales. En el Centro de Acogida, una trabajadora social elaborará un itinerario individualizado, formativo-ocupacional y prelaboral, y en el Centro de Formación podrá acudir a talleres dirigidos a la inserción laboral. Además, durante todo este proceso, APRAMP se encarga de darle asesoramiento de la Ley de Extranjería y detección de Indicios como víctima de Trata y explotación, al igual que acompañamiento en el proceso de denuncia y en el proceso judicial.
“Estando con APRAMP pude recuperar mi vida. Recibí atención integral y el compromiso de todas las profesionales, las mediadoras, las educadoras, las trabajadoras sociales, psicólogas, la directora… Todas fueron esenciales para poder recuperar mi dignidad. Sin el apoyo de la asociación seguramente estaría muerta. Me dieron lo que más necesitaba: un lugar seguro, alguien que cree en mí y una oportunidad y alternativas”, agradece Marcela.
Aislamiento, condiciones higiénico-sanitarias insalubres y sin protección frente a la Covid-19
Esta grave situación que viven muchas mujeres no mejoró durante el estado de alarma decretado el pasado 14 de enero.
Desde APRAMP observaron entre enero y febrero un aumento de llegada de mujeres procedentes de Colombia, Venezuela, Honduras, Uruguay y Rumanía. Tras arrancar el estado de alarma, pudieron constatar que un amplio número de mujeres –mientras el país se encontraba confinado– continuaba trabajando en la prostitución en situaciones de “aislamiento, condiciones higiénico-sanitarias insalubres y sin material de protección frente a la Covid-19”.
La edad de estas mujeres en situación de vulnerabilidad oscila entre los 18 y 26 años, aunque la presencia de menores suele ser habitual en las zonas de ejercicio, mayoritariamente en pisos y polígonos, trasladándolas a altas horas de la madrugada con edades comprendidas entre los 14 y 17 años.
Son mujeres que llegan de países con pocas alternativas laborales y de formación, con amplias desigualdades y falta de oportunidades.
“La situación de vulnerabilidad que sufren muchas familias consigue ser un blanco fácil para las organizaciones criminales, los cuales, practican diferentes modus operandi para su captación: desde crear una relación afectiva con el fin de trasladar a la mujer a un país europeo para su explotación hasta ofrecer falsas ofertas de trabajo mediante engaños, diciéndoles que van a ganar mucho dinero y una vez que están en España no perciben nada por los servicios que realizan, se encuentran vigiladas bajo un estrecho control, sin libertad de movimiento ni de comunicación”, relatan.
“Pero es muy importante que no nos reduzcamos a las etiquetas, pensando que lo que está fuera de esa definición está libre de sufrir explotación y esclavitud”, sentencian. “Lo importante es que todas las personas sepan que la explotación sexual está más cerca de lo que nos pensamos y que las mujeres necesitan alternativas. No podemos seguir mirando para otro lado”, añade Marcela.
Desde su nueva vida, ahora como moderadora en APRAMP, lanza un mensaje a todas aquellas mujeres que están viviendo en la situación por la que pasó ella: “Es que es normal que tengan miedo, pero lo más importante es que sepan que tienen derechos y que es posible salir de ahí”.
Piso para menores
Además de velar por estas mujeres, en la región se hace también hincapié en la protección de las menores susceptibles de convertirse en víctimas de la explotación sexual.
El Consejo de Gobierno autorizó en septiembre una inversión de 522.999’40 euros para mantener cinco plazas de acogimiento residencial y atención integral en un piso tutelado que permitirán el cuidado de estas jóvenes durante dos años, desde el 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2022.
Con esta medida se quiere “proteger a las menores que puedan estar introducidas en redes de explotación sexual o de trata de mujeres, ofreciéndoles la protección que necesitan por estar en peligro su integridad física o estar sometidas a amenaza o coacción, con medidas extraordinarias de seguridad que no existen en otro tipo de centros de la red de protección, durante el tiempo que sea necesario”, señalaron desde el Ejecutivo regional en un comunicado.
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