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Inicio del juicio por las muertes de cinco adolescentes en la fiesta de halloween en el Madrid Arena en el 2012.
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Inicio del juicio por las muertes de cinco adolescentes en la fiesta de halloween en el Madrid Arena en el 2012. (Foto: Kike Rincón)

Condena a Flores y Simón Viñals por el caso Madrid Arena

viernes 02 de marzo de 2018, 12:26h

El empresario Miguel Ángel Flores y el médico Simón Viñals han sido condenados a prisión por el Tribunal Supremo por la tragedia de Madrid Arena en el año 2012, que ha considerado la venta masiva de entradas el origen de la muerte de las cinco jóvenes.

El Tribunal Supremo (TS) ha ratificado la condena dictada por la Audiencia Provincial de Madrid a cuatro años de cárcel al empresario Miguel Ángel Flores por la tragedia del Madrid Arena, en el que murieron cinco jóvenes aplastadas, y ha decidido condenar al absuelto médico Simón Viñals a año y medio por imprudencia profesional. También, ha señalado que el exceso de las entradas vendidas por los organizadores fue el origen del resultado mortal.

La Sala de lo Penal ha confirmado la condena a Flores, presidente y administrador de la empresa Diviertt y promotor de la fiesta de Halloween celebrada en el pabellón Madrid Arena la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre de 2012 en la que fallecieron cinco jóvenes de entre 17 y 20 años, como autor responsable de cinco delitos de homicidio y catorce de lesiones por imprudencia grave.

Además, le inhabilita para el ejercicio profesional de cualquier actividad en relación con la organización y celebración de eventos durante el tiempo de la condena, ha informado el Alto Tribunal en una nota de prensa.

También ha confirmado tres años de prisión por los mismos delitos a Francisco del Amo, responsable de Madrid Espacios y Congresos S.A. (Madridec), y a Santiago Rojo, director general de Diviertt; dos años y seis meses de prisión a Miguel Ángel Morcillo, jefe de personal de Diviertt, y a Carlos Manzanares, socio de Kontrol 34 (empresa encargada de controlar el acceso al recinto), así como el pago de una multa de 3.600 euros a los coordinadores de Seguridad de Seguriber, Juan José París y Raúl Monterde. En el caso de estos dos últimos la condena es por cinco delitos de homicidio por imprudencia menos grave.

Condenado el médico Simón Viñals

Los más novedoso de la sentencia es que la Sala anula la absolución del médico Simón Viñals, que era el encargado de atender y de dirigir el servicio médico la noche de los hechos, y le condena a un año y medio de prisión por un delito de imprudencia grave con resultado de muerte, en la modalidad de imprudencia profesional, en relación a la víctima Cristina Arce, e incluye la inhabilitación especial para la profesión de médico por un periodo de cuatro años.

Además, tendrá que indemnizar a los familiares de Cristina Arce de la Fuente en un total de 340.000 euros. La sentencia explica que "al actuar negligentemente incrementó el riesgo de que la joven, que fue trasladada con vida a la enfermería del recinto, falleciera debido a las graves lesiones que padecía tras el aplastamiento sufrido en el vomitorio".

De este modo, el tribunal no comparte el argumento de la sentencia recurrida que basó la absolución del facultativo en que "no resultaba acreditado que la asistencia sanitaria que el doctor Viñals hubiera debido prestar, y no prestó, hubiera evitado, con probabilidad rayana en la certeza, el fallecimiento de las jóvenes".

La Sala precisa que Cristina Arce ingresó en el servicio médico y que este "no llevó a cabo las maniobras más elementales de reanimación", afirmando que se "omitió toda diligencia debida". Añade que es un elemento innegable que incrementó el riesgo para la vida de la joven como consecuencia de tal comportamiento, ya que "llegó viva a su servicio médico, y nada hizo el acusado por reanimarla".

Para los magistrados, "lo que no es de recibo es justificar la postura del médico acusado, que desatiende escandalosamente su actuación profesional, nada menos que en un caso de urgencia vital, no poniendo los medios mínimos adecuados para intentar salvar la vida de la paciente".

En conclusión, para el Supremo la responsabilidad del médico surge porque "ha incrementado el riesgo permitido, y lo ha hecho al haber actuado negligentemente, y con tal comportamiento ha contribuido al resultado, siéndole reprochada su conducta a través de la teoría de la imputación objetiva".

Voto particular

La sentencia cuenta con el voto particular de uno de los cinco magistrados que la han dictado, Alberto Jorge Barreiro, que defiende que debió mantenerse la absolución del médico Simón Viñals que había acordado la Audiencia de Madrid.

Entre otros argumentos, el voto señala que no comparte la afirmación de que el acusado "no hizo nada por salvar la vida de Cristina", como se dice en la sentencia mayoritaria, "dado que sí le realizó un masaje cardíaco por un tiempo insuficiente, y también le aplicó un desfibrilador. Lo cual no excluye, por supuesto, que su conducta en su conjunto fuera manifiestamente negligente".

En un segundo punto del apartado del examen de los hechos y de su significación no coincide con la mayoría y, es en que no se destaca debidamente que Cristina Arce entró en la enfermería del 'Madrid Arena' en estado de extrema gravedad y crítico (expresiones que se utilizan también en algún párrafo de la sentencia recurrida), circunstancia que considera de suma relevancia al operar con los criterios de la evitabilidad del resultado y del incremento del riesgo (en este caso de disminución del riesgo).

Para el magistrado que discrepa de la condena de Simón Viñals, "la grave negligencia del acusado consistió por tanto en no neutralizar ni disminuir debidamente el grave riesgo de muerte que afectaba a la paciente Cristina Arce cuando la trasladaron a la enfermería. Por ello, cuando en la sentencia recurrida y en algunos párrafos de la de casación se habla de incrementar indebidamente el riesgo, lo correcto sería decir no disminuirlo cuando había obligación de hacerlo".

Añade que "la muerte no puede atribuirse al acusado cuando el riesgo homicida ha sido creado por los autores que han organizado y controlado el evento y no por el médico, cuya infracción es omisiva y no crea el riesgo, sino que no lo neutraliza debidamente; pero en un caso -y ello es lo relevante- en que las posibilidades de neutralización son mínimas, lo que impide atribuirle un delito de homicidio imprudente, a pesar de lo grave que pueda ser su comportamiento negligente y por ende el desvalor de su inacción".

Responsabilidad civil de más de dos millones de euros

La Sala confirma que los condenados por la Audiencia Provincial de Madrid, junto al subdirector de Seguridad de Madridec Rafael Pastor Martín -que fue absuelto porque las infracciones que cometió eran constitutivas de faltas y están despenalizadas-, tendrán que pagar de forma conjunta y solidariamente indemnizaciones de más de dos millones de euros a las familias de las cinco víctimas -entre 300.000 y 480.000 euros- y a los lesionados en proporción a las lesiones y secuelas que padecieron.

La sentencia corrobora la responsabilidad civil subsidiaria de Diviertt, Seguriber, Kontrol 34, Ayuntamiento de Madrid, y Madrid Destino, Cultura y Ocio, que sustituyó a Madrid Espacios y Congresos S.A. (Madridec), así como la responsabilidad directa de las aseguradoras Mapfre, Hisco, Zurich y AIG Europe.

El exceso de entradas, causante de la muerte de las cinco jóvenes

Los hechos probados de la sentencia confirmada por el Tribunal Supremo, recogen que, pese a que el aforo máximo permitido era de 10.620 personas, Diviertt vendió 16.605 entradas para el espectáculo Thriller Music "controlando dicha venta y, siendo consciente de la misma, Miguel Ángel Flores".

El exceso de entradas vendidas sobre el aforo "produjo un riesgo evidente para la seguridad de todos los asistentes y fue el origen del grave resultado mortal y lesivo producido con posterioridad durante el desarrollo del espectáculo".

Pese a lo anterior Flores le decía a Francisco del Amo, coordinador de Madridec, en los días previos a la celebración del evento que el número de asistentes previsto estaría entre las 4.000 y las 6.000 personas, lo que así transmitió Del Amo a su Departamento de Seguridad. Este transmitió a diferentes organismos, entre ellos a la Policía Municipal, que el número de asistentes previstos era de 7.000 personas, ante una mayor venta de entradas.

Asimismo, no se celebró en esta ocasión, como se hacía habitualmente cuando las características o el número de asistentes lo exigía, una reunión propuesta por Madridec, y a la que asistían los responsables de dicha entidad, el promotor del evento y representantes de Policía Municipal, Policía Nacional y Delegación del Gobierno, lo que impidió que los posibles convocados pudieran valorar la singularidad del espectáculo por la relevancia que en ese momento tenía entre los jóvenes el DJ Steve Aoki y que lo tuvieran en cuenta al fijar los correspondientes dispositivos para garantizar la seguridad pública.

La entrada a la fiesta: botellón, vomitorios cerrados

El fallo de casación del Supremo corrobora que sobre las 23:25 se abrieron las puertas del pabellón al público, aunque la mayor afluencia se produjo entre las dos y las tres de la mañana cuando un grupo numeroso de personas, que había estado haciendo "botellón" en las inmediaciones del recinto y en el aparcamiento, quiso entrar para ver la actuación del disc jockey Alejo Fidel.

Ante la aglomeración de personas que querían entrar poco antes de las 2:30, Miguel Ángel Flores, con la colaboración de Francisco del Amo, el cual como responsable de Madridec podía dar órdenes a los vigilantes de Seguriber, y con la asistencia de Santiago Rojo y Miguel Ángel Morcillo, intentó conseguir una mayor agilidad en el acceso al interior del numeroso público que esperaba.

En consecuencia Francisco del Amo, máxima autoridad en el evento, "pese a percibir que el público asistente era muy superior al aforo permitido, no solo no comprobó este extremo ni que se cumpliera la distribución del aforo por plantas que se había estipulado, sino que permitió, pudiendo evitarlo, que el evento continuara celebrándose en estas condiciones, y cooperó con Miguel Ángel Flores, Santiago Rojo y Miguel Ángel Morcillo, en la entrada masiva de más asistentes por lugares distintos del previsto y que estaban considerados como salidas de emergencia, así como en que el público fuera dirigido directamente a la pista ya excesivamente congestionada en ese momento".

De hecho, siguiendo la sentencia, a las 3:35, cuando la pista estaba masificada por el sobreaforo y porque estaban cerrados cinco de los ocho vomitorios por los que el público podía salir, y porque en dicha pista, que ya estaba colapsada, habían entrado miles de personas en menos de media hora, "muchos de los jóvenes que se encontraban en ella, y que sintieron una sensación de agobio y de falta de control sobre sus propios movimientos, intentaron salir por uno de los tres vomitorios que estaban abiertos en ese momento".

En ese vomitorio, de dimensiones muy reducidas cuya salida estaba taponada por las personas que querían ir a la pista, confluían quienes querían salir con los que pretendían entrar. "Debido a ello, el gran número de jóvenes que estaba en el interior del vomitorio cayeron unos encima de otros, produciéndose en pocos segundos una montaña de personas en la que los de abajo llegaron a tener hasta siete u ocho personas encima", recogen los hechos probados.

Rescate "descoordinado, lento y poco eficaz", además del caos en enfermería

La sentencia confirma que el rescate de las personas que quedaron atrapadas en el vomitorio se realizó de forma "descoordinada, lenta y poco eficaz", con la ayuda de los asistentes a la fiesta, y 20 minutos después del incidente, a las 3:55, se logró evacuar a todas.

En total, 29 jóvenes resultaron lesionados de diversa entidad y de extrema gravedad las cinco jóvenes que fallecieron como consecuencia del aplastamiento que habían sufrido.

Además, en la enfermería del Madrid Arena, "lejos de actuar con rapidez y hacer todo lo que estaba a su alcance, Simón Viñals Pérez, su responsable, y su Carlos, el otro médico, no realizaron un correcto diagnóstico de que, al menos Cristina Arce y Rocío Oña se encontraban en situación de parada cardiorrespiratoria ni le practicaron a las tres jóvenes una adecuada reanimación cardiopulmonar para intentar que se recuperaran".

En primer lugar, los dos "se desentendieron totalmente de Katia Esteban, no reconociéndola para efectuar un diagnóstico y no prestándole ningún tipo de asistencia médica, siendo la misma atendida por el técnico de ambulancia Rubén Pereira ayudado primero por Cristian Fraile, vigilante de Seguriber que cooperó en su traslado a la enfermería y posteriormente por su compañero Rodrigo Morales, quienes le practicaron correctas maniobras de recuperación cardiopulmonar básica, con masaje cardíaco continuado hasta la llegada del Samur, sin que Katia se recuperara de la situación de asistolia en la que estuvo en todo momento, no resultando acreditado si cuando la misma llegó a la enfermería estaba en parada cardiorrespiratoria o había ya fallecido".

La sentencia constata que la enfermería, con un aforo teórico de más de 10.000 personas, más de 16.000 en la práctica, "no contaba con elementos mínimos de atención, y ni siquiera tenía agua corriente". Por ejemplo, se carecía de modernos desfibriladores imprescindibles en caso de una parada cardiorespiratoria. Cuando fueron necesarios, tuvieron que ser trasladados desde las ambulancias del entorno, no conociéndose su manejo en la propia enfermería.

"En suma, la organización de un negocio (y este evento lo era) exige adoptar, máxime cuanto más lucrativo sea, las máximas medidas de seguridad exigibles al respecto", señalan los magistrados

Desestimar recurso de la casación

El Tribunal Supremo ha desestimado los recursos de casación interpuestos por Miguel Ángel Flores, Miguel Ángel Gordillo, Santiago Rojo, Francisco del Amo, Rafael Pastor, Carlos Manzanares, Juan José Paris, Raúl Monterde, los familiares de Katia Esteban, las empresas Diviertt, Segurivert y Kontrol SL y las aseguradoras AIG Europe y Hiscox Insurance. Les condenan además al pago de las costas y la pérdida del depósito.

No obstante, estiman el recurso de casación interpuesto por las representantes de familiares de Cristina Arce, que pedía la condena a Simón Viñals, y las aseguradoras Mapfre y Zurich, que estiman en parte sus reclamaciones pecuniarias, y de los que ordenan la devolución del depósito.

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