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Tragedia en el Madrid Arena

miércoles 31 de octubre de 2012, 00:00h
Cinco jóvenes murieron aplastadas en la avalancha que se produjo en un vomitorio del Madrid Arena, durante la fiesta 'Thriller Music Park' en la madrugada del 1 de noviembre. El suceso destapó numerosas irregularidades en el evento, como sobreaforos, botellones masivos, contratos privilegiados y carencia de licencias urbanísticas.
Eran alrededor de las 03.30 horas y en los alrededores del Madrid Arena corrió la voz. Iba a empezar a tocar en el antiguo rocódromo Steve Aoki, principal DJ de la fiesta 'Thriller Music Park'. Las miles de personas que estaban por la zona —el juzgado investiga si, además, se estaba celebrando un botellón como señalan todos los indicios—, se dirigieron en masa al coliseo. Incluso parece que se abrieron las puertas de emergencia para dejar entrar a la gente. El torrente humano confluyó a las 03.33 horas en un vomitorio con otra corriente de gente que bajaba a la pista desde los niveles superiores para escuchar el concierto y con otra marea que quería salir de la zona. Cientos de personas confluyeron en un pasillo de apenas tres metros de ancho. Hubo golpes, gritos y aplastamientos. Cundió la histeria colectiva y los escasos encargados de seguridad que había en el lugar no podían controlar el tráfico humano, aunque sí impidieron el paso por algunas de las salidas.

Cinco chicas, entre ellas una menor de edad, fueron aplastadas en la avalancha. Tres fueron trasladadas al botiquín, donde ejercía el equipo médico del antiguo concejal municipal Simón Viñals, de 77 años. El ex edil, que no había suscrito ningún contrato formal con la empresa organizadora del evento, Diviertt, comenzó a hacer la reanimación cardiopulmonar a una de las chicas. Las otras dos también fueron llevadas al botiquín pero, según se desprende de las declaraciones, no fueron atendidas inmediatamente. En el local estaba además del doctor Viñals, su hijo, también médico y funcionario municipal (lo que podría plantear un conflicto de incompatibilidades), y dos ATS, tal y como atestiguó inicialmente Viñals. Más tarde, Viñals se desdijo para afirmar que él y su equipo habían atendido a las tres trasladadas al botiquín. Sanitarios del Samur manifestaron, sin embargo, que fueron ellos los que atendieron a dos de las  jóvenes al igual que a otra chica que fue sacada a la calle por un agente de Policía Municipal fuera de servicio y a una quinta que estaba desvanecida en un pasillo. Finalmente, las cinco morirían, tres en el Pabellón Madrid Arena  y dos en el hospital. A pesar del incidente, la fiesta continuó hasta las 06.30 horas, ya que la Policía no quiso intervenir para evitar un pánico generalizado.

Desde el primer momento se habló de sobreaforo. El propio Aoki llegó a dar la bienvenida al inicio de su actuación a las 12.000 personas que se habían reunido en Madrid Arena. Diviertt presumía en su página web de haber llegado a congregar hasta 20.000 personas en el coliseo en otras fiestas. Al día siguiente de la tragedia, el vicealcalde de Madrid, Miguel Ángel Villanueva, compareció para explicar que, según los datos proporcionados por Diviertt, no se excedía el aforo, ya que solo se habían vendido 9.650 entradas, para un aforo máximo de 10.600 con que cuenta Madrid Arena. Planteó que la razón de la avalancha  podía haberse debido al estallido de una bengala, extremo que luego descartó la Policía en la investigación.

Estallaron las críticas porque asistentes y trabajadores contrastaban que no había ningún control en los accesos. El empresario de Diviertt, Miguel Ángel Flores, había comunicado previamente a Madrid Espacios y Congresos, empresa municipal gestora de Madrid Arena, que el aforo sería de unas 7.000 personas. Tres empresas estaban relacionadas con el control de las puertas. Seguriber, empresa homologada por MEyC, fue contratada para encargarse del dispositivo exterior y evitar que entrasen menores, drogas y alcohol. Kontrol 34, subcontratada por Diviertt, se tenía que hacer cargo, según el empresario, de la seguridad interior. Esta empresa, sin embargo, aseguró que solo dio una lista de 61 personas para realizar labores auxiliares y que no había sido contratada para la seguridad. La empresa Dato tenía que gestionar las entradas. Ninguna se quiso hacer responsable del control del aforo. El propio Flores manifestó ante el juez que su compañía vendió 9.600 entradas, pero no se hizo responsable de posibles duplicidades, falsificaciones y personas que se colaron en el complejo. Elevaba la cifra del aforo real del complejo a unos 17.000 asistentes. Poco después fueron halladas las urnas con las entradas y, tras el recuento judicial, hubo un aforo oficial de más de 16.000 personas.

El equipo de Gobierno municipal tardó en reaccionar ante la tragedia. Tras la declaración de Villanueva, Ana Botella, que había viajado a Lisboa a un encuentro familiar tras la tragedia, compareció con su plana mayor ante la prensa. Durante dos semanas estuvieron constantemente a rebufo de las informaciones periodísticas, hasta que la alcaldesa anunció la colaboración total con la justicia, la organización de una comisión de investigación, la prohibición de la celebración de fiestas de este tipo en equipamientos municipales y la publicación de varios documentos e informes sobre el caso. En ese proceso, se vinculó al vicealcalde con Flores, a cuyo hermano había casado y en cuyas instalaciones había celebrado varias fiestas. Pedro Calvo, delegado del Área de Economía y presidente no ejecutivo de MEyC, dimitió "en solidaridad con las víctimas" y a la espera de una imputación que no llegó. Botella cesó al consejero delegado y al director gerente de MEyC por pérdida de confianza al conocerse que habían suscrito un contrato preferente con Diviertt para la organización de eventos en exclusiva en Madrid Arena. Tampoco ayudaron sus compañeros políticos. Desde la Comunidad de Madrid se exigió llegar hasta el final en la investigación, cayese quien cayese. Incluso se especuló con que Esperanza Aguirre, recién dimitida de la presidencia, ambicionaba ser la próxima alcaldesa de la capital. En este clima de tensión, se interpretó que la firma de Ana Botella contra la transformación en geriátrico del hospital de La Princesa era "una respuesta pòlítica" a sus compañeros de la Comunidad.

Otro de los frentes abiertos que tuvo que resolver el Ayuntamiento fue el las licencias de Madrid Arena. El Sindicato Unificado de Policía denunció que el recinto carecía desde 2006 de licencia de funcionamiento. También se conoció un informe posterior que aseguraba que el coliseo no cumplía con la normativa de protección de incendios y que no tenía licencia urbanística. Botella anunció el cierre de los palacios de Congresos y de Cristal por sendos informes de seguridad. Sin embargo, la delegada de Urbanismo, Paz González, demostró que el Ayuntamiento no necesita dichas licencias y que el edificio cumplía una normativa de incendios legal. A esta situación se añadió que Diviertt no podía contratar con la administración y, por extensión, con Madrid Espacios y Congresos, tal y como reflejan sus estatutos, porque tenía varias deudas con la Seguridad Social.

La comisión de investigación comenzó con polémica. Izquierda Unida abandonó la mesa porque el PP no aceptó una lista de comparecientes mínima en la que estaba incluida Ana Botella. Casi todas las intervenciones fueron políticas y apoyaron una misma tesis, que es la que se aprobó en el dictamen con la mayoría absoluta de los populares: el edificio cumplía la normativa y fue el sobreaforo lo que precipitó la tragedia. La oposición pidió la dimisión de Botella por la negligencia en su gestión y la evasión de responsabilidades de su equipo en la tragedia. Entre otras decisiones, el Ayuntamiento obligará a los promotores privados que organicen eventos en edificios municipales a que contraten los servicios del Samur e instará a las autoridades competentes a que haya presencia policial en el interior de recintos con más de 5.000 personas.

Los dos principales elementos de confrontación estuvieron relacionados con la seguridad del evento. La actuación del Samur en el escenario del suceso fue muy elogiada. Sin embargo, sus mandos no se pusieron de acuerdo sobre si habían recibido o no comunicación de la fiesta, ni si se había establecido dispositivo previo de control. Algo parecido ocurrió con la actuación policial. En total, el Consistorio dispuso de 30 agentes en dos turnos para la fiesta, cuando en otros festejos como en el programa 'El Hormiguero' había llevado muchos más, con menos público. Aunque el Ayuntamiento de Madrid y la Policía Municipal lo negaron reiteradamente, casi todas las fuentes presenciales admitieron que en el exterior del Madrid Arena había un macrobotellón que no se controló. Los responsables admitieron que la topografía y la atención de la tragedia les dificultó el control del consumo de alcohol en vía pública.

En paralelo, Flores intentó organizar otra macrofiesta de Nochevieja en la Cubierta de Leganés. La empresa concesionaria anunció que organizaría por sí misma un festejo, pero el Ayuntamiento cerró la instalación después de encargar una inspección y hallar numerosos desperfectos que ponían en riesgo a los usuarios. El juez instructor del caso, Eduardo López Palop, tiene previstas nuevas imputaciones en el proceso.
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