Al final, se ha cumplido la posibilidad menos extrema y radical en el Parlament: su presidente, Roger Torrent, ha decidido aplazar la celebración del Pleno de investidura de Carles Puigdemont ante la prohibición del Tribunal Constitucional, que ha decidido mantener el veto.
Desafiante, tenso y solemne, pero acatador. Este martes, Roger Torrent se ha plegado a la legalidad y no ha desafiado al Tribunal Constitucional, algo que le hubiera llevado a un escenario penal similar al de su antecesora en el cargo, Carme Forcadell. El Parlament tenía que acatar la decisión del Alto Tribunal de suspender el Pleno de investidura hasta que se resuelva la situación legal de Carles Puigdemont, y así ha sido.
Por supuesto, en su comparecencia ante los medios, ha habido muchas amenazas, duras palabras y tensiones, pero Torrent se ha terminado doblegando ante lo inevitable, que era cumplir con la legalidad y suspender el Pleno. Pero él mismo se ha negado a hablar de "suspensión", sino de "aplazamiento" de ese debate de investidura para que así la Cámara autonómica que preside pueda presentar sus alegaciones al TC. "No propondré ningún candidato que no sea Puigdemont", avisó, en todo caso, sobre sus planes en el futuro.
Medidas rechazadas
Durante la mañana, el Constitucional ha replicado que mantiene su prohibición a la investidura de Puigdemont, mientras este no se ponga a disposición judicial. Por unanimidad, el pleno ha rechazado el recurso presentado por Junts per Catalunya, en el que solicitaba la suspensión cautelar de las medidas fijadas por este tribunal.
Es la réplica a un discurso, el de Torrent, que comenzó casi enojado, donde quiso aclarar que su Cataluña, la independentista, no se doblega ante el Estado español, y que la voluntad del pueblo catalán fue el pasado 21 de diciembre que Carles Puigdemont fuera el president de la Generalitat. Además, denunció la injerencia del Estado y sus tribunales desde Madrid, pero para finalmente acabar anunciando que aplazaba el Pleno, como le exigía el Tribunal Constitucional, para no incurrir en una ilegalidad.
"Iré hasta el final para defender los derechos de Puigdemont. Todas mis energías irán centradas a defender la institución, los votantes; en definitiva la esencia de la democracia porque la democracia no se suspende", dijo solemnemente. "Este Parlament representa la soberanía de todo el pueblo de Cataluña", remachó. En cuanto a la petición de amparo que le hizo Puigdemont ayer por carta, aseguró haberla aceptado: "El president Puigdemont sabe que la defensa de los derechos de los diputados es lo que me mueve en el ejercicio de mi cargo. Me he comprometido a garantizar su inmunidad. He instado a los servicios jurídicos de la Cámara a que se persone y presente alegaciones".
Puigdemont había amenazado con presentarse en Barcelona de una manera u otra, deafiando a la Justicia y a las fuerzas del orden, pero con esta decisión de la Mesa del Congreso queda finiquitado, por el momento, el nuevo culebrón al que está abocada la vida política catalana.
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