El Ayuntamiento de Madrid acuerda hacer una auditoría económica de las dos últimas legislaturas

El portavoz de Economía y Hacienda de Ciudadanos, Miguel Ángel Redondo, proponente de la medida, ha sacado a colación los 4.200 millones de euros en sobrecostes sólo en la M-30, unido a los 300 millones de la Caja Mágica o los 500 en la mudanza a Cibeles. Con la cantidad aportada a la M-30 se podrían haber construido 120.000 viviendas sociales. El edil ha propuesto que se consulte en sufragio a los ciudadanos cuando los proyectos superen el 10 por ciento del presupuesto.

El delegado del área, Carlos Sánchez Mato, ha rechazado que haya "venganza o revisionismo" en esa auditoría de la gestión económica sino que es una simple "obligación como Corporación para establecer responsabilidades políticas y en su caso penales por una gestión no adecuada para impedir que esto vuelva a pasar". "Ha habido mucha mala gestión", ha explicado el edil, que ha incluido dentro del capítulo de lo "asombroso" que el Ayuntamiento pagara el pasado ejercicio hasta 66 millones de euros por cláusulas suelo. "Son cifras que le pueden parecer pequeñas al PP pero son la cuarta parte de lo destinado en el Ayuntamiento en un ejercicio a promoción social", ha remachado.

El popular Íñigo Henríquez de Luna ha tachado de "sorprendente y pintoresca" la propuesta de Ciudadanos e, irónicamente, ha agradecido que no hayan propuesto una auditoría de la corrupción "como lo han hecho en la Asamblea". "Es el mundo al revés, el gobierno controla los medios de comunicación y la oposición, con apoyo del gobierno, controla a la oposición", ha criticado.

Además, ha considerado que la proposición de la auditoría es "ilegal" si pasa a una empresa privada ya que le corresponde hacerla a la Intervención General del Ayuntamiento, mientras que en términos políticos se hace a través de las comisiones y del Pleno. También les ha afeado que estén "aprovechando que el Pisuerga de las elecciones pasa por aquí para crear un juicio sumarísimo contra el PP". "Menos demagogia y más trabajar", ha aconsejado.

El delegado de Economía le ha preguntado si "ahora es demagogia preguntar por lo pasado" y ha matizado la diferencia entre legalidad y legitimidad. "El endeudamiento es legal pero no legítimo", ha remarcado.

El socialista Ramón Silva, que ha hecho un recuerdo de su abuela, que trabajó como limpiadora en el Palacio de Cibeles, ha aplaudido la auditoría pero cree que los "mayores derroches" se produjeron entre 2003 y 2007.