A mediados de julio, el presidente de la Comunidad de Madrid,
Ignacio González, se mostró más contundente de lo habitual, algo que a más de
uno nos cogió por sorpresa, y anunció el fin de los recortes por parte del
Gobierno autonómico. En concreto, señaló
que, pese a que Madrid va a dejar de ingresar 100 millones de euros por un
sistema de financiación a todas luces injusto, el Ejecutivo que dirige no va a
llevar a cabo "ningún ajuste más". Entrecomillo estas últimas palabras
como prueba de las intenciones del presidente y para dejar constancia de que CSI-F,
como sindicato representativo de los empleados públicos, le toma la palabra.
Y es que tras una primera reacción de alegría al conocer
estas declaraciones, llegó el momento de la reflexión y de hacer balance de una
época, la más negra de la economía española en democracia, que ha resultado
especialmente perjudicial para los empleados públicos de nuestra región y del
resto de España. Por eso, tras esta buena noticia no cabe otra que ponerse
manos a la obra para recuperar todos los derechos perdidos por los trabajadores
de la Administración de la Comunidad de Madrid.
Desde que comenzó la crisis, en 2008, el sector
público ha sido el más afectado por estos ajustes, con amenazas continuas de
privatizaciones, como en la Sanidad, y privatizaciones consumadas; con una
reposición de empleo público del 10%, claramente insuficiente para un correcto
funcionamiento de la Administración; con juzgados colapsados, en los que hay
casos flagrantes como el de los juzgados de lo social; o con el servicio
público de la enseñanza gravemente deteriorado.
Y a todo
esto, se ha aprovechado la época de vacas flacas para bajar el sueldo a los
empleados públicos, quitarles días de asuntos propios o retirarles diversas
ayudas. Sin embargo, la carga de trabajo para este personal no ha bajado, todo
lo contrario. Durante los últimos años, el número de empleados públicos en la
Comunidad de Madrid ha ido bajando paulatinamente hasta llegar a los 427.400 de
finales de 2013 (EPA cuarto trimestre de 2013), la cifra más baja desde 2003. Los
datos de los dos primeros trimestres de este ejercicio muestran que estamos en
la senda de la recuperación, aunque de momento el incremento de empleo público
es tibio: 438.100 empleados públicos, según la última EPA.
Pero a
menos empleados en el sector público, la carga de trabajo ha sido mucho mayor.
Un ejemplo ilustrativo es el de los anteriormente mencionados juzgados de lo
social: durante la crisis los asuntos de esta jurisdicción se han multiplicado,
mientras que el número de empleados que los atienden o no ha subido o incluso
ha descendido.
CSI-F
siempre se ha opuesto de manera frontal a los recortes en el ámbito público en la
región. Recortes, como los salariales, que se han llevado a cabo desde la
imposición, sin negociación de ningún tipo y que han motivado las protestas
tanto de los sindicatos como de gran parte de la sociedad. Unos ajustes que,
además, han penalizado a los únicos que no tuvieron culpa en esta crisis; los
únicos que fueron austeros en la época de despilfarro. En definitiva, unos
recortes que han supuesto un retroceso de muchos años en todo lo avanzado en
Madrid desde que se constituyó como Comunidad Autónoma.
Esta
central sindical viene reclamando de manera insistente la reapertura de las
Mesas de Negociación de manera inmediata, como se ha comprometido recientemente
el secretario de Estado de Hacienda, Antonio Beteta. Y todo para que los
empleados públicos comiencen a vislumbrar la salida de la crisis después de
tantos años de recortes salariales, de pérdida de condiciones laborales, de
plantillas, etc.
Confiamos
en que las palabras de Ignacio González no se las lleve el viento y que, por
fin, se dé por terminada la época de los ajustes en el ámbito público en la
Comunidad de Madrid.
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