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Vecinos protestan por la subida del precio del agua
Vecinos protestan por la subida del precio del agua

Rascafría remunicipaliza la gestión del agua

Por Enrique Villalba
martes 20 de mayo de 2014, 14:05h
El Pleno del Ayuntamiento de Rascafría-Oteruelo aprobó este lunes la remunicipalización del servicio de gestión del agua y la rescisión del contrato con el Canal de Isabel II, después de realizar una consulta ciudadana sobre el modelo de gestión del agua en el que el 72 por ciento de los votantes abogaron por esta reversión.

Como ya explicó Madridiario a principios de año, el conflicto surgió cuando el Ayuntamiento suscribió un acuerdo con la compañía de gestión de aguas, tras una consulta popular, para que gestionase, en sustitución del Consistorio, las redes de aguas, al detectar malos usos, problemas en infraestructuras y fugas en la red que no se reparaban. El acuerdo, en vigor desde el 6 de junio de 2012, por 50 años y sin cláusula de rescisión, supuso la multiplicación de las facturas de agua de los vecinos. El Canal se hacía cargo de los contadores, la renovación de dos tercios de la red de alcantarillado por tuberías de hierro de fundición y del mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas. Asimismo, consideraba resueltas las deudas anteriores contraídas por el Ejecutivo y pagaría la aducción de aguas.

Al llegar facturas astronómicas, rápidamente se organizó una plataforma a la que se unieron 1.300 de los 1.800 vecinos del municipio. Defendían que la consulta había sido opaca y que quieren pagar en función del gasto pero manteniendo la infraestructura en manos municipales para que el beneficio revierta en el pueblo. No quieren que el Canal se lucre a costa de los vecinos, algo que desmintió tajantemente la empresa, recordando que el acuerdo era idéntico al de otros municipios. La alcaldesa, Ana María García, defendía que era buen acuerdo que evitaba que los vecinos tuviesen que pagar por infraestructuras que, de otro modo, tendrían que haber sufragado. únicamente se controlaba el consumo y se saldaban deudas.

Ante las presiones vecinales, el 26 de abril, el Ayuntamiento hizo una consulta popular en la que el 72 por ciento de los votantes (587) abogaron por la gestión municipal del servicio. Este lunes, el Pleno ratificó la decisión vecinal con los votos del PP y la abstención del concejal del partido independiente. El PSOE, partido en el Gobierno, no pudo contar con dos de sus ediles, uno porque no estaba nombrado después de la baja de una concejala anterior por motivos personales y otro porque no pudo acudir al Pleno por motivos laborales. Se acordó constituir un consejo sectorial del agua para establecer los pasos a seguir en la remunicipalización.

Según Víctor Velasco, uno de los portavoces de la plataforma, no es cierto que hubiese malos usos, sino fugas y mala gestión que no había resuelto el Ayuntamiento. "Con los cambios introducidos se han producido episodios de sobrepresión y se han estropeado los electrodomésticos de muchos vecinos", comenta. A su juicio, la decisión municipal conllevará consecuencias que tendrán que resolverse de manera particular y, probablemente, el Canal pida al Ayuntamiento lucro cesante, sobre todo, al no existir cláusula de rescisión del contrato. El Canal explicó a este periódico digital que, cuando reciba la comunicación oficial del municipio, estudiará las medidas a tomar. Según cálculos municipales, la decisión plenaria va a suponer el pago al Canal de 1,7 millones (una cantidad superior al presupuesto de un año) y la pérdida de una inversión prevista en el plan director de la empresa de aguas de 9,6 millones de euros que salen de las arcas de la entidad.

La alcaldesa del municipio, Ana María García, mantuvo en una conversación con Madridiario que la actuación con respecto al convenio con el Canal ha sido impecable por parte del Ayuntamiento. De hecho, está secundado por los técnicos y servicios jurídicos municipales, informes externos, asociaciones de vecinos y  los grupos políticos de la Asamblea de Madrid, salvo Izquierda Unida. La regidora sentenció: "El convenio lo ha desmontado el PP a base de populismo, asegurando que se privaba a los vecinos de un bien, cuando es todo lo contrario. Había que controlar la gestión de aguas por una cuestión de justicia social, porque las infraestructuras necesitaban una inversión importante y porque no se consumía de manera lógica, tal y como reflejan los contadores. Creo que hemos dado un paso atrás, no un paso adelante".

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