El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha tomado este martes declaración a Martín Artajo en una comparecencia que se ha prolongado cerca de una hora y en la que el español ha negado los hechos que se le imputan y ha aportado documentación sobre las propiedades que posee en España para acreditar su arraigo en el país. Estados Unidos, país con el que España tiene suscrito un convenio de extradición, tiene un plazo de 40 días para presentar su demanda extradicional. Tras ello, se celebrará una vista ante la Sala de lo Penal donde el reclamado tendrá la oportunidad de ratificar su negativa a ser entregado.
Martín Artajo llegaba a la Audiencia Nacional en torno a las 11.30 horas, poco después de haberse entregado en la comisaría de Canillas en virtud de una orden internacional de detención dictada en su contra por la Justicia de Estados Unidos por fraude y delitos fiscales. Los hechos por los que era buscado se remontan a 2012 cuando el español era director gerente de la oficina de inversión de JP Morgan en Reino Unido. Entre marzo y mayo de 2012, Martín Artajo, junto a otras personas, presuntamente manipuló e infló el valor de posiciones de la cartera de créditos sintéticos de su empresa con el fin de lograr objetivos específicos de pérdidas y ganancias diarios y a fin de mes.
A mediados de este mes, las autoridades de EEUU presentaron formalmente cargos contra el español y sobre el también exempleado de la entidad Julien Grout, por participar en una supuesta conspiración para falsear las cuentas y registros, comisión de fraude y falsificación de los registros ante la Comisión de Valores de EEUU (SEC). La demanda, presentada por el Juzgado del Distrito Sur de Nueva York, está relacionada con las multimillonarias pérdidas sufridas en 2012 por el banco estadounidense relacionadas con una operación fallida con derivados realizada por la oficina londinense de la entidad, que tuvo que asumir pérdidas de 6.200 millones de dólares (unos 4.590 millones de euros).
En un primer momento el escándalo, que hizo tambalearse al propio consejero delegado de JP Morgan, Jamie Dimon, se centró en la figura del operador Bruno Iksil, conocido como 'la ballena de Londres', aunque finalmente las autoridades estadounidenses solo se dirigieron contra Julien Grout y Martín-Artajo. En su demanda, el tribunal neoyorquino señaló que los dos exempleados de JP Morgan "al menos entre marzo y mayo de 2012" conspiraron y acordaron realizar actos que vulneran las leyes estadounidenses, incluyendo la falsificación de registros y registros ante la SEC.