Acumula un historial disciplinario desde 1994, por tardar en investigar explosión refinería que causó 32 muertos en Algeciras.
El juez de instrucción número 9 de Madrid, Elpidio José Silva Pacheco, tiene pendiente desde el pasado mes de abril un expediente disciplinario por retrasos, falta de motivación de sus resoluciones y de consideración a sus funcionarios. Silva Pacheco acumula un nutrido historial disciplinario desde 1994, cuando fue suspendido tres meses de sus funciones por retrasos en su juzgado de entonces, el número 1 de Instsruccción de San Roque, en Cádiz.
Actualmente, la Comisión Disciplinaria del CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) está instruyendo contra él un expediente por dos faltas muy graves y una grave. Las primeras por absoluta y manifiesta falta de motivación de sus resoluciones y por retrasos en la tramitación de asuntos en su juzgado, mientras que la grave sanciona la falta de desconsideración a sus funcionarios.
La resolución del expediente debe producirse antes de seis meses desde su presentación o caducará. Caducidad que ya le ha valido al juez Silva para eludir dos sanciones anteriores de multa de 6.000 euros. El magistrado fue sancionado por el Consejo, en septiembre del 2010, por una 'falta grave', por desatender de forma reiterada requerimientos realizados por instancias jurídicas superiores, la misma multa y por la misma cantidad que le había sido impuesta por hechos similares un año antes, en abril de 2009.
El Comité Financiero de Caja Madrid declara este miércoles
Los miembros del antiguo Comité Financiero de Caja Madrid declaran como imputados por su presunta participación en el crédito de 26,6 millones de euros que la entidad financiera concedió al ex presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán cuando era consejero.
El juez Silva abrió diligencias a raíz de una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias en la que se acusa a Blesa de conceder un crédito por importe de 26,5 millones de euros a Díaz Ferrán en el que figuraba como garantía un holding empresarial que se encontraba en quiebra. Ambos están acusados de un delito societario y de falsedad documental, mientras que el ex responsable de créditos a empresas de Caja Madrid, Carlos Vela, está imputado por delito societario.
El instructor aprecia en la actuación de Blesa y Díaz Ferrán indicios de criminalidad inherentes a manifiestas infracciones de buenas prácticas bancarias que además inciden en la proyección de una imagen sumamente deteriorada de la llevanza del riesgo y la regencia de una entidad de relieve como es Caja Madrid.
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