La Policía Local ha desalojado este martes a los trabajadores de la antigua gestora de la perrera municipal de Parla y a voluntarios de la protectora La Voz Animal que llevaban encerrados casi dos meses en el centro en protesta por la adjudicación a Athisa, una empresa desratizadora.
Seis dotaciones policiales de Policía Local y Policía Nacional se han concentrado en torno a las
18.00 horas a las puertas del centro para obligar a los cuatro ocupantes que permanecían en su interior en ese momento a abandonar el encierro.
La portavoz de Voz Animal, Beatriz Menchén, ha afirmado que la Policía "ha aprovechado" que a las 17:00 horas "
había convocada una manifestación" en las inmediaciones del Ayuntamiento para desalojarles, ya que en ese momento sólo había cuatro personas en el encerradas. La portavoz de esta protectora de animales ha explicado que el desalojo ha sido "tranquilo y pacífico".
La también portavoz de La Voz Animal ha asegurado que seguirán "con los temas legales" para que los juzgados
impugnen la nueva adjudicación y vigilarán a la nueva gestora para "no permitir que sacrifiquen a ni un solo animal".
Aunque el Ayuntamiento de Parla y la nueva empresa adjudicataria han asegurado que van a llevar a cabo una política de "cero sacrificios", Menchén no confía en este acuerdo, ya que "se trata de una
empresa especializada en exterminar plagas".
El abogado de la protectora La Voz Animal, Daniel Dorado, ha detallado que consideran que el expediente de desalojo se ha tramitado "de manera irregular" y ha anunciado que han interpuesto un recurso contra las condiciones del contrato de adjudicación en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid.
Casi tres meses de encierro
El encierro
comenzó el 14 de enero después de que el Ayuntamiento anunciara a La Voz Animal que expiraba su contrato de gestión y que iba a ser la emprea Athisa la adjudicataria de la concesión.
Por su parte, fuentes del Ayuntamiento han informado de que el
jueves 7 de marzo se cumplió el plazo para que la antigua empresa abandonara la instalación, según un decreto del 1 de marzo publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid se aprobaba el desalojo.
Estas mismas fuentes han precisado que Recasur SL debía haber abandonado la perrera municipal de Parla el 8 de enero y que, por haberse mantenido encerrados hasta este martes, el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Madrid les ha condenado a una
multa de mil euros por "mala fe" al retrasar la incorporación de la nueva empresa
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