Rectificar es de sabios, señor González

Entiendo perfectamente, don Ignacio, los nuevos bríos con los que usted ha llegado a la presidencia de la Comunidad de Madrid, comprendo que aspire a ver su nombre en una placa conmemorativa, que no quiera ser menos que sus ilustres antecesores en el cargo, pero hay formas de pasar a la posteridad distintas de las que ha elegido. Repetidamente observo los    nombres de Joaquín Leguina, Alberto Ruíz Gallardón y Esperanza Aguirre labrados en los vestíbulos de muchas dotaciones urbanas pensadas y construidas para facilitar la vida cotidiana a los madrileños, y aunque yo me sienta  más cercano a uno que a otros, me identifico con la voluntad común de cimentar un futuro mejor para todos. Nuestros gestores actuales pueden escudarse en la ruina de recursos disponibles que han heredado y explicarnos que las alegrías inversoras solo son viables en tiempos de bonanza económica. Cierto es, pero tan responsable es el argumento citado como respetables son los que  niegan que haya de hacerse tabla rasa de todo lo conseguido hasta ahora, desandar lo andado o agravar la desazón que nos desvela cada noche.

Cuatro días, como aquel que dice, lleva instalado nuestro presidente González en la Puerta del Sol y ya se le han abierto mas frentes que a Napoleón Bonaparte en su etapa imperialista. Afortunadamente  acaba de resolver uno de sus problemas más recientes, el conflicto de la Princesa, un contencioso artificial planteado por una estrategia equivocada de su Consejero de Sanidad. Para ello, ha escuchado a los profesionales del centro y el consenso ha comparecido de forma natural. La voluntad de negociar y la táctica del acuerdo son excelentes analgésicos para rebajar la calentura en un sector ya alterado por los planes de privatización y los proyectos de externalización de muchos servicios. Los afectados piensan que las empresas titulares de las futuras concesiones no se involucrarían en una operación semejante  para perder dinero, realidad incuestionable en la que basan sus malos augurios. Temen que los beneficios salgan de un deterioro evidente de la atención sanitaria, de la extinción de los contratos que vinculan a la mayoría de los facultativos interinos y médicos residentes con los departamentos asistenciales  y de una reducción implacable de las plantillas de trabajadores auxiliares. González debería reconducir la situación y evitarnos una huelga general en los hospitales  de  la Comunidad.

Otro de los asuntos que debería reconsiderar el señor González no es otro que cobrarnos un euro por receta dispensada. Se trataría de una tasa injusta, que grava por igual a todos los ciudadanos, independientemente de su renta o de la dolencia que padezcan. Es discriminatoria, ya que se cobraría a los implicados por el lugar donde residen, desvirtuando el principio constitucional de la igualdad de todos ante la norma. Podría darse la paradoja, por ponerles un ejemplo que los habitantes de Parla desembolsaran el dichoso euro en su farmacia habitual y que pocos kilómetros más allá, en Illescas, se lo ahorraran por vivir en La Mancha. Nuestro gobierno autónomo no tiene competencias legales para  cargarnos nuevos tributos, tal como estipula el Consejo de Estado del Reino de España.

Hace algunos años, Joaquín Leguina pretendió legislar un impuesto suplementario del tres por ciento en las contribuciones de todos los madrileños y fue llamado al orden por el Gobierno de la Nación. Todavía recuerdo a Joaquín Leguina y Felipe González paseando por los jardines de la Moncloa. La iniciativa quedó archivada de inmediato. Don Ignacio González debería seguir aquel ejemplo y consolarse pensando que rectificar es de sabios.