Dotar de mayor seguridad jurídica a las personas con discapacidad para garantizar –y ampliar– las prestaciones recogidas en la legislación estatal. Es el objetivo fijado por la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA), que, tras presentar su modelo al Ejecutivo autonómico, aspira a modernizar las medidas contempladas en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal para adaptarlas en la realidad madrileña. A tal fin, el colectivo exige la redacción y puesta en marcha “con urgencia” de una nueva norma que abogue por el fomento de la “vida independiente”, apartando así el foco del modelo de la dependencia. En la práctica, esto se traduce en más oficinas de vida independiente y, sobre todo, un cambio de paradigma en los cuidados que se brindan desde las residencias públicas de la región.
“Imagina un hombre o una mujer que, en pleno mes de agosto, a las seis de la tarde y con un calor insoportable, se tiene que acostar sí o sí porque es la hora del cambio de turno de los profesionales. Esto está pasando ahora mismo en las residencias de nuestra región”, comienza relatando a Madridiario el presidente de FAMMA, Javier Font. Puesto que a ojos del colectivo es considerado un modelo “arcaico y trasnochado”, más centrado en la “gestión de los recursos humanos que en los cuidados que reciben los usuarios”, el cambio de enfoque sobre la práctica diaria en centros especializados se ha terminado por convertir en el eje vertebrador de sus reivindicaciones, presentadas por el propio Font en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad de la Asamblea de Vallecas del pasado 9 de abril.
El punto de partida en sus exigencias se sitúa en la compatibilidad de los cuidados en residencias con la figura del asistente personal, propiciando así que “los usuarios puedan interactuar con el exterior, informarse, por ejemplo, sobre cómo buscar un empleo y, finalmente, producir un retorno a la sociedad que haga más sostenible el sistema”. De acuerdo con las estimaciones de FAMMA, tan solo el 0,8 por ciento del total de las prestaciones recogidas en la Ley de Dependencia se destinan en la actualidad a la asistencia personal en la Comunidad de Madrid: “Son exactamente 82. Es una cifra ridícula. Otras regiones del país, por poner un contexto, gestionan muchas más. El País Vasco cerca de 7.000 y Castilla y León más de 2.000”.
El principal problema, aseguran, se encuentra en la falta de profesionales, una situación derivada de los “obstáculos” para efectuar la promoción de títulos habilitantes y que los trabajadores con formación en la materia puedan desempeñar su labor como asistentes personales. La competencia a este respecto, cedida por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, pertenece a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales que encabeza Ana Dávila.
“Debemos apostar por la autonomía, no por la dependencia”
La realidad, continúa Font en conversaciones con este digital, es que “existe un condicionamiento claro por parte de la Administración, que bebe de un sistema mercantilista mediado por intereses económicos, para que las personas con discapacidad terminen optando por las residencias al no poder aspirar a recursos fuera, en su núcleo familiar. Si derivamos directamente a una persona dependiente a una residencia, será cada vez más dependiente. No podrá desarrollar su proyecto de vida, estudiar, trabajar, tener una familia... Y su salud mental también se verá afectada. Debemos apostar por la autonomía, no por la dependencia”.
La cuestión económica, por ende, sería el segundo de los pilares en la hoja de ruta descrita por FAMMA. Mientras en otras regiones las prestaciones para la promoción de la autonomía superan ampliamente los 2.000 euros mensuales en el segundo y tercer nivel de dependencia, en Madrid, aseguran, esta cuantía asciende apenas a los 700: “Las prestaciones que la Ley de Autonomía Personal reconoce son muy limitadas. Rondan los 300 euros. Es por ello que deben ser mejoradas por la comunidades autónomas. Dos ejemplos muy claros de cómo abordar la dependencia los encontramos en la Comunidad Valenciana y Galicia. En el primer caso llega a los 2.350 euros y en el segundo van desde los 1.865 hasta los 2.085”.
Las oficinas de vida independiente, organismos encargado de la gestión de los servicios asistenciales que perciben las personas con discapacidad, juegan también un papel trascendental: “Se trata de poner los recursos humanos al servicio de las personas dependientes. Que sean gestionados por ellas mismas. A una persona sin discapacidad nadie le dice a qué hora debe levantarse, qué ropa se tiene que poner o qué debe comer. ¿Por qué hacerlo con las dependientes? Si no son ellas quienes gestionan sus propias vidas, no hay igualdad real”.
La Comunidad defiende su modelo
Frente a las propuestas de FAMMA, en la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ponen de relevancia la gratituidad de la atención a las personas con discpacidad, “una clara muestra del compromiso de la Comunidad, donde se incorpora incluso en la Ley de Servicios Sociales para su reconocimiento y protección”. Además, tal y como ha podido saber Madridiario, el Gobierno regional trabaja en la actualidad en un nuevo decreto para la "regulación del procedimiento y el acceso a los servicios de dependencia" en el que se incorporarán "nuevas compatibilidades" entre determinados servicios y prestaciones y "se potenciará la prestación de asistencia personal".
Fiel reflejo de su empeño en la materia, añaden fuentes próximas a Ana Dávila, es que Madrid se haya convertido en “la región con mayor número de personas beneficiarias de servicios en centros de atención diurna de España, y la segunda en teleasistencia y en servicios de ayuda a domicilio”. Todo ello, además, sin lista de espera: “Las personas que presentan algún grado de dependencia, manifiestan sus preferencias al solicitar el programa individual de atención, optando por aquellas prestaciones económicas y servicios que se ajustan más a sus proyectos de vida y sus intereses”.
El ejecutivo autonómico dedicará este año 419 millones de euros a la atención a personas con discapacidad, 23,4 millones más que en el anterior Presupuesto, un seis por ciento más. Esto, concluyen, se traduce en hasta 14.500 plazas en 314 centros dedicadas a la atención y tratamiento de personas con discapacidad intelectual o física.
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