El partido de Euroliga que enfrentará este jueves al Real Madrid y el Maccabi Tel Aviv en el Movistar Arena (20.45 horas) se jugará a puerta cerrada, una medida adoptada por la Delegación del Gobierno tras considerarlo de alto riesgo y evaluar la seguridad, lo que ha generado un amplio debate político y social en la capital.
El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha exigido un dispositivo de seguridad “adecuado” para que el partido se desarrolle sin incidentes, evitando repetir situaciones como las ocurridas durante el paso de La Vuelta a España por Madrid en septiembre. Novillo ha respaldado la decisión de jugar a puerta cerrada si esto garantiza “las mayores garantías de seguridad” y ha lamentado que las “disputas y protestas” vinculadas a la guerra en Gaza afecten a competiciones deportivas. El dispositivo previsto contará con unos 400 miembros de la Policía Nacional y un perímetro de seguridad alrededor del pabellón.
Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado que el partido se juegue sin público y ha acusado al delegado del Gobierno, Francisco Martín, de utilizar la seguridad como un “reclamo político”, comparando la situación con la final de la Vuelta a España. Almeida defiende que el encuentro podría haberse disputado con público garantizando la seguridad y actuando ante cualquier altercado dentro del Estado de Derecho.
Movilizaciones pacíficas
A esta controversia política se suma la oposición social al partido. Las organizaciones sociales madrileñas han convocado movilizaciones pacíficas frente al Movistar Arena el 8 de enero bajo el lema: “Por Genocida, fuera Israel del Baloncesto”, insistiendo en que el deporte no puede situarse al margen de los crímenes internacionales ni ampararse en una supuesta neutralidad.
Más de 250 organizaciones madrileñas, incluyendo colectivos de solidaridad con Palestina, vecinales, feministas, ecologistas, sindicatos, entidades culturales y formaciones de izquierda, han firmado un manifiesto unitario en el que exigen la suspensión del encuentro. Entre las organizaciones se encuentran BDS Madrid, FRAVM, Ecologistas en Acción, CCOO, UGT, CGT, SOS Racismo, FAPA Giner de los Ríos y plataformas universitarias, entre otras.
El comunicado denuncia que la celebración del partido contribuiría a la normalización internacional del Estado de Israel, actualmente investigado por la Corte Internacional de Justicia por el crimen de genocidio contra el pueblo palestino. Las organizaciones consideran que permitir la participación de equipos israelíes en competiciones internacionales es un uso del deporte como instrumento de blanqueamiento político.
La Federación de Comunidades Judías de España (FCJE), por el contrario, ha reclamado que el partido se dispute con público garantizando la seguridad, denunciando que el deporte no debe verse condicionado por presiones ideológicas ni por declaraciones que fomenten el odio contra equipos israelíes. La FCJE subraya que los equipos israelíes merecen el mismo trato que cualquier otro equipo internacional que visita España.
Mientras tanto, el Real Madrid deberá manejar la ausencia de su afición, uno de sus mejores aliados en el Movistar Arena, para conseguir un triunfo frente a un Maccabi irregular y situado en la zona baja de la clasificación de la Euroliga. La atención ahora se centra tanto en el resultado deportivo como en la seguridad y la gestión de un partido atípico para la capital española.
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