Manual para esquilmar al contribuyente

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recibió el pasado tres de marzo el “Libro Blanco sobre la reforma tributaria”, que recoge las sugerencias del comité de expertos nombrado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública con la finalidad de analizar el sistema fiscal y elaborar propuestas para su reforma. Las propuestas principales del informe coinciden con las que ya había venido anunciando el Gobierno desde hace tiempo.

El informe elaborado por el -artificiosamente denominado- “comité de personas expertas” (tal vez para evitar el funesto recuerdo del comité de expertos del Ministerio de Sanidad durante la pandemia) no estuvo exento de polémica, al dimitir dos de sus miembros. Uno de ellos, el catedrático Ignacio Zubiri, desveló en una entrevista en prensa que “la constitución de la comisión, formada por funcionarios del Instituto de Estudios Fiscales (IEF), con muchas personas que dependen de la Administración, daba lugar a una mayoría que prácticamente impedía discusiones en profundidad y el resultado es prácticamente unánime”.

La ministra afirmó que los expertos han trabajado sin interferencias del Gobierno y con absoluta independencia. Cualquiera diría eso de excusatio non petita, accusatio manifesta y, sobre todo, es poco pertinente la afirmación, ante la indiscutible calidad profesional de todos los miembros del comité. Otra cosa es que el comité de expertos esté formado mayoritariamente por personas dependientes jerárquicamente de la ministra o que apoyan los postulados del Gobierno. Es más deseable que los “comité de expertos” sean “comités de expertos independientes”.

No obstante, nada más presentarse el informe, la ministra se ha desmarcado del mismo, descartando aplicar inmediatamente las subidas fiscales que propone al declarar que “No es el momento”. También ha explicado que en este contexto de inestabilidad internacional “no se va a plantear ninguna subida fiscal”. De cualquier modo, a largo plazo, el informe es el libro de cabecera encargado por este Gobierno en cuanto a fiscalidad, y su contenido revela sus intenciones:

La política fiscal se divide en de dos partes: ingresos y gastos públicos; en el Libro Blanco se parte de la base de unos gastos públicos incuestionables y unos ingresos públicos (a través del sistema tributario) que se tienen que adaptar a esos gastos. Hubiera sido necesario incluir algo sobre la racionalización del gasto público y la introducción de criterios de eficiencia, como implantar en principio un “presupuesto base cero” -cosa de la que se habla mucho pero que nunca se ha hecho por parte de nuestra Hacienda-. Si no se pone orden en el gasto público, cómo se justifica a los ciudadanos que se les van a subir los impuestos. De cualquier modo, para la comisión la partida del gasto público es inamovible y no revisable.

Por otro lado, tampoco se tiene en cuenta la relación de los ingresos públicos con el crecimiento: algo de especial importancia en la situación actual, cuando los precios de la energía -en la que la mitad aproximadamente son impuestos- están haciendo que muchas empresas y autónomos se estén planteando cerrar la actividad antes de verse obligados a trabajar a pérdidas.

En el Libro Blanco la base inicial es justificar que en España hay capacidad para subir los impuestos, en comparación con los demás países de la UE, para poder ver por dónde se puede meter el cuchillo. La principal coartada es la presión fiscal, concepto defectuoso para medir si los ciudadanos pagan muchos o pocos impuestos (cosa que se podría ver por otros procedimientos, como el esfuerzo fiscal). Por otro lado, el comité “considera que la incertidumbre y las limitaciones de información existentes, junto con la observación atípica en la serie histórica que suponen los datos recientes, justifican realizar el análisis descriptivo con los datos tributarios previos al shock de 2020”. Sospechosamente, según Eurostat, en 2020 la presión fiscal en España aumentó al 37,5% frente al 41,3% en la UE; y en 2021 aumentó hasta niveles cercanos al 41%, es decir, igualada con la media de la UE. Esto requeriría alguna explicación.

El comité estimó que los dos grandes impuestos de nuestro sistema, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), debían ser objeto de un tratamiento específico. Pero pasó por encima de ellos sin ofrecer una revisión en profundidad de ambas figuras. Se dedica en el libro el mismo espacio a los dos impuestos de mayor recaudación (IRPF e IVA) que al Impuesto sobre el Patrimonio -cuestionado hasta en su propia existencia-.

Sin embargo, las medidas propuestas para estas dos figuras son un verdadero sablazo fiscal:

- Supresión en el IRPF de exenciones, reducciones (como la de arrendamiento de vivienda, deducciones o regímenes especiales que no se juzguen justificados; lo que redundará en un mayor tipo efectivo del impuesto. También se propone la sustitución de la reducción por tributación conjunta por un mínimo (o la modulación de los existentes).

- En cuanto al IVA, se propone la “elevación gradual de los tipos impositivos reducido y superreducido a partir del momento en que se haya consolidado la recuperación económica, hasta converger al tipo general que se decida establecer”; aunque el comité se cura en salud añadiendo: “siempre que los hogares con menos renta reciban una compensación adecuada por el aumento que experimenten en el IVA por el consumo de bienes y servicios esenciales”.

En materia de cumplimiento y administración tributaria, es de agradecer que se asuma la falta de seguridad jurídica del contribuyente y se proponga evitar la sensación de culpabilidad y persecución a los contribuyentes cumplidores, proponiendo aligerar las sanciones en supuestos de fallos o incumplimientos menores.

En otro apartado se trata la tributación de la economía digitalizada y las actividades emergentes, donde es importante la influencia de la tributación sobre el desarrollo de estas actividades; se hacen propuestas como la creación de la ventanilla tributaria electrónica o la implantación de medidas de incentivo fiscal de las PYMEs emergentes.

El apartado del informe dedicado a los impuestos medioambientales se aborda extensamente, al existir un mandato expreso que requiere “…especial atención al área de la fiscalidad medioambiental”. Se plantean los objetivos medioambientales y, como medio fundamental para alcanzarlos, se presenta un rosario de propuestas -básicamente impuestos- como panacea para “garantizar una adecuada progresión de la transición ecológica”. Estas propuestas recaen sobre los conductores, que parecen ser los paganos del festín tributario.

Así, encontramos propuestas de “Igualación de la fiscalidad de diésel y gasolina de automoción”, “Aumento general de la fiscalidad de hidrocarburos”, ”Creación de un tributo municipal sobre la congestión en determinadas ciudades”, “Consideración de mecanismos tributarios para el pago por uso de determinadas infraestructuras viarias” y, como colofón a esta “fiscorrea” de tributos sobre el uso de vehículos, “este comité considera conveniente explorar la futura introducción de un tributo sobre el uso de los vehículos que pueda sustituir a la mayor parte de los gravámenes”. Es lógico tener que acabar metiendo tantos tributos en un mismo saco, sobre todo porque en ese tótum revolútum ya no se puede cuestionar si se cumplen los criterios de implantación de los mismos, especialmente si “el que contamina paga demasiado”.

Sólo se plantea abiertamente la subida de impuestos medioambientales como si fueran un yacimiento de donde extraer los fondos necesarios para equilibrar el presupuesto público; sin siquiera plantearse sus efectos sobre el sector del transporte, los fabricantes de vehículos o los usuarios -mayoritariamente de la clase media-. Puede que haya muchas bajas después del hachazo fiscal.

En Sociedades se aumenta el tipo efectivo, aunque no de forma agresiva, ampliando la base imponible y eliminando beneficios fiscales. Se propone también la eliminación del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE): considerando una serie de deficiencias y posibles efectos negativos, el comité considera oportuno proponer su eliminación “al no corresponder este tributo a una figura propia de un sistema tributario moderno” (es curioso que el principal motivo para suprimirlo sea casi de imagen y cosmético). Eso sí, se proponen alternativas a las corporaciones locales para resarcirse del descenso en la recaudación (lo principal, cómo no, mantener la recaudación).

Finalmente, la medida estelar del Libro Blanco es la armonización fiscal en lo concerniente al Impuesto sobre el Patrimonio (IP) y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD). En principio, se expone que en Europa el IP, como impuesto personal sobre el patrimonio neto, únicamente existe en España, Noruega y Suiza (aunque haya aplicaciones parciales y puntuales en otros seis países). Por otro lado, el ISD en la UE27 se dice que se aplica en la mayor parte de los países; si bien, como se expone en la información facilitada, no se aplica en cinco países, y en otros trece hay unas importantes exenciones para cónyuges, parejas de hecho e hijos y, a veces, hermanos (que es lo que más interesa a los contribuyentes); por tanto, sólo se aplica plenamente en nueve países -entre ellos España-. Aunque estos impuestos en la UE o no se aplican (IP) o se hace de forma minoritaria y parcial (ISD), aquí al comité no le interesa la imagen cuando decide mantener estos dos impuestos caducos.

El Comité decide que la descentralización no debe seguir, aduciendo motivos constitucionales, y decide proponer la armonización en IP e ISD. Por el contrario, y sorprendentemente, se mantiene la descentralización en los Regímenes Forales y en el IRPF. Concretando en la propuesta, “el comité propone el establecimiento de límites mínimos de gravamen efectivo. Dichos límites serían un porcentaje máximo de elevación del mínimo exento respecto al fijado en la norma estatal del IP y del ISD. También se establecería un porcentaje máximo de reducción de la tarifa estatal.”

Parece que la intromisión del Gobierno en competencias autonómicas, avalada por el comité, imposibilitando que las comunidades autónomas puedan evitar a sus residentes el pago del IP o mitigar la carga del ISD para los familiares próximos, va dedicado a la Comunidad de Madrid, que con su modelo económico liberal “a la madrileña” ha puesto de manifiesto lo exitoso de la estrategia de bajar impuestos, frente a las ineficaces subidas generalizadas de impuestos propugnadas por el Gobierno de España.

En el Libro Blanco se han reflejado fielmente los planteamientos del Gobierno que, de momento, no está interesado en aplicar las medidas que propone, por lo que lo ha aparcado. Pero cuando al Gobierno le interese poner en marcha el texto, no tendrá en sus manos una reordenación del sistema fiscal, sino un verdadero manual para esquilmar al contribuyente.