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Casa okupa en la calle Juanita número 10.
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Casa okupa en la calle Juanita número 10. (Foto: Kike Rincón)

Okupación y pandemia: "La vivienda no es solo un bien social, es sanitario"

viernes 04 de septiembre de 2020, 07:41h

Esta semana se han vuelto a conocer varios casos de okupación en la Comunidad de Madrid, en especial quejas de vecinos que, desesperados por los problemas que aseguran que estas personas generan en su entorno, piden soluciones contra lo que consideran una “lacra” que “no les deja vivir tranquilos”. Así, varios medios de comunicación se han hecho eco de las situaciones que se viven en vecindarios del barrio de Carabanchel o los municipios madrileños de Nuevo Baztán o Camarma de Esteruela, donde sus habitantes aseguran que dichas okupaciones van acompañadas de “peleas, robos y prostitución”, así como “trapicheos con drogas” y “amenazas” en caso de llamarles al orden.

Lejos de minimizar esta situación, a todas luces injusta e incómoda, varias fuentes señalan a Madridiario que este tipo de casos, "una vez más", no se corresponden con la generalidad de la okupación en la región madrileña y en el resto de España, y defienden que es un práctica a la que muchas personas recurren por pura necesidad. De hecho, Fernando Bardera, portavoz del Sindicato de Inquilinos Madrid, sostiene que en la actualidad se está llevando a cabo una campaña para criminalizar a la okupación apelando a la sensibilidad del público, algo que califica de “demagógico”.

“A través de los medios de comunicación, sobre todo, se está apelando al sentimiento y pareciera que te vas a hacer la compra y te okupan la casa, y eso en ningún caso es así”, dice Bardera, que sostiene que “incluso el poder judicial ha dicho que estas situaciones no se dan”. Tal y como explica, ese caso -el de la “okupación” repentina de una primera vivienda en un momento de ausencia del inquilino- a un “delito de allanamiento de morada por el cual la Policía, a la que se tendría que llamar inmediatamente se diera el hecho, detendría en el momento a la persona que ha entrado y la sacaría de ahí”, recalca.

En la misma línea, Alejandra Jacinto Uranga, abogada de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), indica que “estamos acostumbrados a que los medios de comunicación sean capaces de 'hacer noticia' algo sobre lo que apenas hay interés o alarma social en temporadas como el estío, donde la ausencia de noticia suele ser tónica habitual”, pero este verano -marcado por el repunte de casos provocados por el coronavirus o la salida de España del Rey emérito-, “se entiende un poco menos ese énfasis en poner en el foco el fenómeno de la ocupación de viviendas sin explicar sus causas”.

Uso de viviendas abandonadas

Para Uranga, se tiende a tildar de “okupación a una situación en la que unos familiares no se ponen de acuerdo en repartir una vivienda en una herencia, un allanamiento de morada, el uso de una vivienda abandonada de un fondo buitre por parte de una familia en situación de vulnerabilidad, o el caso de un inquilino que no puede pagar la elevada subida del precio de la renta”, una serie de casos que a su parecer no son comparables entre sí ni parten de la misma raíz.

A este respecto, Bardera deja claro que “todo lo que se okupa es vivienda vacía, que lo está por periodos de tiempo largos, y en un 90 por ciento propiedad de bancos o fondos de inversión, no de particulares”. En la misma línea, Paco Morote, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), defiende que las personas recurren a la okupación responden a perfiles “con recursos insuficientes para poder costearse una casa de alquiler o una hipoteca”, en definitiva, que no tienen donde vivir “si no es en la calle”.

Según relata, “la okupación se produce, ni más ni menos, por la carencia total de vivienda pública para alquiler a precios asequibles y de tipo social”, al tiempo que explica que “España no cuenta con un parque público de viviendas como en países europeos, donde un 20 por ciento de todas las viviendas están destinadas a ser de tipo social, mientras que en nuestro país este número se reduce al 2 por ciento”. Del mismo modo, Morote enumera que “a causa de las diferentes reformas laborales, sobre todo la del 2012, que se han llevado a cabo se han devaluado tremendamente los salarios, y eso ha provocado un empobrecimiento de la gente” que no ha venido acompañado de una rebaja en el precio de los alquileres, si no “todo lo contrario”.

Por último, el de la PAH señala que en España, según el último censo de la vivienda del Instituto Nacional de Estadística (INE), “que se hace cada 10 años y debería actualizarse en 2021”, hay en torno a 3.400.000 viviendas vacías. Estas, en su gran parte, “son propiedad de grandes tenedores como bancos, fondos de inversión y fondos buitre, lo que las mantiene realmente fuera del mercado de la vivienda con el objetivo de especular con sus precios”, uno de los factores que ha llevado a la subida de los precios del alquiler a nivel general.

Okupar frente a allanar

Para la abogada Jacinto Uranga, “pareciera que se hubieran conjurado los astros para conseguir hacer un totum revolutum que no distingue ni jurídica ni socialmente las diferentes situaciones que pueden ser o no, consideradas okupación y que en todo caso sirven como cortina de humo para no hablar de la “causa del mal causado”, esto es, la falta de vivienda social asequible y la ausencia de políticas de vivienda que garanticen el acceso a la misma”.

Como relatara a este diario Fernando Bardera, la abogada incide en que hay que “aclarar algunos conceptos jurídicos básicos para evitar que cunda el pánico” entre los ciudadanos “cada vez que salimos a comprar el pan o si nos vamos unos días a la playa”. Para Jacinto, es imprescindible diferenciar “entre el delito de allanamiento de morada y la okupación”. Como indica, la diferencia entre la comisión de un delito u otro y sus consecuencias radican un hecho fundamental: “Si la vivienda es tu domicilio, tu morada, tu residencia o, por el contrario, se trata de una vivienda vacía, en desuso o desocupada”,

El primero de los casos, en el se trata de la entrada a un inmueble habitado, “el que cometa el delito será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años. Además la policía puede actuar ipso facto para desalojarle”. Por el contrario, si el delito es de usurpación, el popularmente llamado de okupación, “se comete cuando se ocupa una vivienda que no constituye morada de nadie. La vivienda estaba deshabitada o vacía como suele ocurrir en casos donde la propiedad corresponde, por ejemplo, a un fondo buitre que mantiene una vivienda vacía esperando que se suban los precios”.

En este tipo de casos, “que son los más frecuentes”, la pena prevista “es de multa de tres a seis meses”, comenta la letrada, que señala que en estos supuestos “se requiere interponer una denuncia penal con su consecuente tramitación judicial que puede culminar con una orden de desalojo, salvo que el Juez aprecie circunstancias eximentes de la responsabilidad penal”.

La ley de la patada en la puerta

El consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, difiere completamente con esta visión. Para el ex-alcalde de Alcorcón, la argumentación de que las okupaciones son fruto del empobrecimiento de diferentes sectores de la población y de la falta de parques de vivienda pública “es totalmente falsa, como lo es la actuación política de las plataformas que defienden esta idea”. Tal y como sostiene a Madridiario, “este tipo de entidades han sido muy hostiles en muchas ocasiones con los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular, pero cuando el signo político de estos ha cambiado a la izquierda, aún manteniéndose el mismo número de desalojos y medidas, se han autosilenciado”.

La parcialidad y la politización de estas plataformas haces que su acción carezca de credibilidad”, incide Pérez. Asimismo, el consejero asegura que “la Comunidad de Madrid tiene el mayor parque de vivienda pública de España, junto con Andalucía, comunidad en la que estamos por encima en términos de ratio de vivienda pública y población”. Tal y como relata, en la región se contabilizan “más 23.000 viviendas sociales a las que se les van a unir próximamente 1.500 inmuebles más, destinados todos ellos a la población vulnerable y en peor situación económica”.

En cualquier caso, “aunque la realidad fuera como indican estas asociaciones y plataformas, no se puede justificar la ilegalidad”, dice Pérez. “Esto es un Estado de derecho, y cuando un ciudadano necesita una vivienda puede y debe recurrir a los mecanismos y recursos legales que se la aseguran. Bien es cierto que pueden darse procesos que se alarguen en el tiempo, pero siempre será para asegurar que aquellos que más lo necesitan son los primeros en ser auxiliados”, sentencia el consejero. “Los ciudadanos de la Comunidad de Madrid tienen que estar seguros de que este Gobierno está y estará siempre a su lado”.

“La Comunidad de Madrid ha declarado la guerra a la okupación y se ha posicionado siempre del bando que protege al vecino, lo tenemos claro”, asegura de manera contundente el exregidor. “Este es territorio hostil para todos los okupas, tenemos tolerancia cero con este tema”, dice a Madridiario. Pérez señala que el combate que la Administración a la que pertenece lleva a cabo contra esta actividad radica en que “entendemos que una okupación es una violación a la propiedad privada y, por lo tanto, crea víctimas de maneja injusta”.

“Durante demasiado tiempo y por parte de demasiados políticos de izquierda, así como por muchas organizaciones o plataformas, se ha sido muy condescendiente con el tema de la okupación, y nosotros tenemos muy claro que se trata de un acto ilegal que no vamos a tolerar”, dice Pérez. Como mecanismo para hacer frente a la situación, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, impulsó la creación de una mesa de trabajo por la des-okupación en la que participan tanto la consejería dirigida por Pérez como la Consejería de Justicia, encabezada por Enrique López.

“Desde este lugar queremos impulsar medidas y actuar hasta donde nuestras competencias nos lo permiten, por eso estamos pidiendo al Gobierno central que nos ayude y nos permite trabajar de manera más coordinada y eficaz”, dice Pérez. En cualquier caso, sostiene que “tenemos más instrumentos de trabajo para hacer frente a la okupación de las viviendas públicas” para las que se han interpuesto hasta el momento “600 demandas para recuperar estas viviendas”. Asimismo, el consejero explica que “hemos pedido una modificación de la legislación para que se puedan desocupar esas viviendas más rápido y se entreguen a las familias que son las realmente dueñas”.

Pandemia y okupación

Esta es la tormenta perfecta para que la gente o tenga que vivir en la calle o okupar viviendas”, sentencia Morote haciendo referencia a la falta de vivienda pública, la subida del precio del alquiler y al empobrecimiento de la sociedad. “Mientras no haya una regulación estatal o autonómica que asegure el derecho a la vivienda en España, seguirá habiendo okupas”, dice. Pero además, en estos momentos esta tormenta perfecta suma un nuevo factor hasta el momento no tenido en cuenta: una pandemia.

“Durante la pandemia y con motivo del confinamiento, hemos reafirmado que la vivienda es un bien social, pero también un bien sanitario. Y es que no se nos ha confinado en cualquier lugar, se ha hecho en nuestras casas y en nuestro lugar de residencia”, explica el de la PAH. Con la llegada del Covid-19 a nuestro país se ha reivindicado nuevamente la sanidad y la educación públicas, pero “parece que la vivienda no entra dentro de estos derechos que marca la Consitución española, que en este caso lo hace en el Artículo 47”, dice.


En esta línea, Morote matiza: “La gente sí considera la vivienda como un bien social, pero la legislación española no, lo considera un mero bien de consumo. En España en general, a la vivienda, a pesar de ser una bien constitucional, solo puedes acceder pagándola. Si no tienes renta, no tienes casa”, señala. Además, no cesa en insistir en que “las administraciones han incentivado la cultura de la compra frente a la del alquiler”, lo cual también ha tergiversado la idea de derecho a la vivienda.

Con todos estos factores, Madridiario se pregunta: ¿Ha habido un repunte en la okupación desde que se decretó el estado de alarma o llegó la pandemia del Covid a nuestro país? Tanto desde la PAH como desde el sindicato señalan que “no hay datos oficiales que lo indiquen, pues estos tendrían que venir del poder judicial y por el momento no se ha hecho público nada al respecto”. Los último que se sabe a este respecto es que en 2019 hubo 250 desahucios al día, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial de 2019, dos de cada tres son por impago de alquiler.

Sin embargo, sí consideran que el paso del coronavirus ha podido incrementar la okupación. “Con motivo de la pandemia hay mucha gente que ha ido al paro, que están pendientes de cobrar el Ingreso Mínimo Vital o las cuantías relativas a las medidas propuestas por el Gobierno central”, algo que sin duda ha empobrecido a la población en un corto periodo de tiempo, dice Morote. Asimismo, “a partir del 4 de junio se reactivó la actividad en los juzgados y con ella los procesos de desahucios”, por lo que pareciera también que ha podido darse un aumento en los desalojos.

Por su parte, el consejero también aclara que “los casos de okupación que se están produciendo a día de hoy son puntuales, no se puede hablar de que se haya disparado la okupación a raíz de la pandemia ni mucho menos”. Según indica, en la actualidad la región contempla “4.000 viviendas okupadas, la mitad son públicas y la mitad son privadas”. Como ya han indicado desde la PAH y desde el sindicato de Inquilinos, Pérez reitera que “hay muy pocos casos de okupación de vivienda habitual, suelen ser segundas viviendas o de bancos, pero estamos dispuestos a combatir todos los casos”.

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