Un día antes de que se reanude la actividad en la Comisión de Avalmadrid, el Banco de España se ha pronunciado al respecto de la comparecencia solicitada al instructor adjunto del ente económico, alegando que “no resulta obligatorio” para sus empleados y autoridades atender a este requerimiento por parte de un parlamento autonómico.
En un escrito firmado por el Gobernador, Pablo Hernández de Cos, expone que el Consejo de Estado ha argumentado en diferentes dictámenes que "no resulta obligatorio para los empleados y autoridades del Banco de España atender los requerimiento de comparecencia realizados por comisiones de investigación de ámbito autonómico, por cuanto las cámaras parlamentarias autonómicas carecen de potestad para fiscalizar la actuación de una institución de ámbito estatal como el Banco de España, por ser ajeno a su ámbito competencial".
Además, en el documento remitido al presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, adelantado por el diario El Mundo y recogido por Europa Press, el Banco de España destaca que en el supuesto de que los citados a comparecer quisieran hacerlo voluntariamente, "estarían sujetas, en todo caso, al citado deber de secreto que les impide revelar cualquier información de naturaleza confidencial de la que hubieran tenido conocimiento en el desempeño de sus funciones como empleado de esta institución". Por ello, el gobernador solicita que "se reconsidere el requerimiento antes referido, dispensando al citado empleado don Danial Pérez García de la comparecencia a la que el requerimiento se refiere".
Se reanudan las sesiones
La Comisión de investigación sobre Avalmadrid reanuda su actividad este viernes con las comparecencias de la directora general de Economía y presidenta de Avalmadrid durante la X Legislatura, Rosario Rey, y el presidente del ente entre octubre 2014 y octubre 2015, José María Rotellar, para informar sobre las presuntas irregularidades del ente.
La primera está llamada a comparecer al objeto de informar sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid desde el año 2007 al año 2018. Mientras José María Rotellar García está citado para informar sobre las presuntas irregularidades realizadas por la entidad desde el año 2007 al año 2018, así como explicar las políticas de concesión de avales, las prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo en que ha desempeñado dichos cargos.
Así el único expresidente que quedaría por acudir a la comisión es Pablo Abejas, el que fuera en 2014 director general de Economía, Estadística e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid y que fue cesado por el expresidente regional Ignacio González por su supuesta implicación en el uso indebido de tarjetas de Caja Madrid para gastos personales.
También está llamado a comparecer este viernes Antonio Carrasco Reija, exsecretario general Técnico de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, en su condición de vocal del Consejo de Administración de Avalmadrid en 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, al objeto de aportar información y aclaraciones respecto a las actuaciones propias y de dirección de su Departamento en su relación con el ente.
Primera sesión
La primera y única sesión hasta la fecha contó con Eva Piero, presidenta de Avalmadrid entre 2006 y 2008 y viceconsejera de Economía entre 2008 y 2012; Juan Manuel Santos-Suárez, presidente de Avalmadrid entre 2008 y 2014 y viceconsejero de Hacienda entre 2007 y 2008; el presidente de la Confederación Española de Sociedades de Garantía Recíproca (Cesgar), Antonio Couceiro; y a la consejera delegada de la Compañía Española de Reafianzamiento (Cersa), Ana Vizcaíno.
Así, Piera Rojo aseguró que trató a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, igual que cualquiera que se le acercó durante sus años como viceconsejera de Economía, Comercio y Consumo para solicitarle información sobre las ayudas de la sociedad de garantía recíproca.
Por su parte, el presidente de Avalmadrid entre 2008 y 2014, Juan Manuel Santos Suárez, ha reconocido este martes que recibió en 2010 una misiva del entonces consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, una "carta de recomendación" en la que se hablaba de lo que "había hecho este grupo por la región".
Tras la Comisión los grupos parlamentarios de izquierda en la Asamblea de Madrid (PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos-IU) consideraron probado el "tráfico de influencias" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la gestión del aval concedido a la empresa de su padre por Avalmadrid; mientras que Cs tachó la primera sesión de la Comisión de Investigación del ente de "caza de brujas" contra la líder regional.
Por último, la propia Ayuso aseguró que las comparecencias habían demostrado que todo es "una burda patraña que ha organizado la izquierda" contra ella y su familia.