El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha criticado la condena impuesta a la portavoz de su partido en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, a 19 meses de prisión por participar en unos altercados durante un desahucio en 2014.
Por su parte, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado estas críticas considerando que “generan una sospecha inaceptable” sobre la independencia e imparcialidad de los tribunales.
Lo ha hecho a través de un comunicado aprobado con los votosa favor del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes; y de los vocales José Antonio Ballestero, Álvaro Cuesta, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya y Pilar Sepúlveda, mientras que Rafael Mozo ha votado en contra.
El vicepresidente mostró su rechazo a la sentencia en su cuenta de Twitter. Además, se suma la declaración que ha hecho este jueves, en la que ha defendido la libertad para criticar sentencias judiciales en un estado democrático.
“Profundo malestar”
El CGPJ ha expresado su "profundo malestar" no solo por cuestionar una actuación judicial, sino por sospechar de la "falta de imparcialidad de los jueces españoles" al insinuar que éstos "otorgarían un trato desigual y privilegiado a unos colectivos que, por su influencia y contactos, serían impunes a la acción de la justicia".
Asegura que las sentencias condenatorias por delitos de corrupción dictadas por los tribunales españoles solo en los últimos años, como las del caso Nóos, Gürtel, los ERE, las tarjetas 'black', son prueba de que no se ha hecho ningún tipo de distinción.
Evitar la “utilización política” de la justicia
Por el "tono ciertamente inapropiado" utilizado por Iglesias, dice el comunicado, se ve "una vez más en la obligación" de apelar "a la moderación, prudencia y mesura". Asimismo, vuelve a recordar la "responsabilidad institucional" que tiene un miembro del Poder Ejecutivo para que se evite "la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los jueces".
La Comisión Permanente subraya que de la "simple lectura" de la sentencia se puede concluir que la sentencia del TSJM no se basa en "ningún caso" en un acto de protesta, sino en los delitos de atentado, lesiones y daños que "el tribunal ha considerado acreditados".
Otros pronunciamientos
Por último, el órgano de gobierno de los jueces recuerda que durante su mandato --que se encuentra en funciones desde el 4 de diciembre de 2018-- ya ha tenido que salir en otras ocasiones para rechazar los pronunciamientos de miembros del Poder Ejecutivo.
En este sentido, destaca que "desde el más absoluto respeto al derecho de libertad de expresión", es imprescindible reafirmar "el Poder Judicial, institución esencial en toda sociedad democrática, persigue en todo momento el cumplimiento de la ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos españoles, fundamento de nuestro Estado social y democrático de Derecho".
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