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Enrique Ossorio
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Enrique Ossorio (Foto: Comunidad de Madrid)

Aprobado el Proyecto de Ley Maestra de Libertad Educativa que blinda la concertada y la especial

Por MDO/E.P.
miércoles 07 de julio de 2021, 14:00h

Este miércoles se ha aprobado el Proyecto de Ley Maestra de Libertad Educativa de la Comunidad de Madrid que busca "garantizar un sistema educativo acorde con la Constitución y con el ejercicio de la libertad de elección de centro escolar, recogida en su artículo 27, teniendo en cuenta la demanda de las familias y el desarrollo integral de los alumnos y, específicamente, de los que presentan necesidades educativas especiales", tras la aprobación de la Ley Celaá.

A partir de ahora, el texto podrá ser remitido a la Asamblea de Madrid e inicie el debate previo a su entrada en vigor, que se prevé que entre el próximo 2021/22. Esta normal se aplicará en los centros educativos sostenidos con fondos públicos, de forma que más de 1,2 millones de estudiantes se beneficiarán de ella.

Actualmente, el 54,5% de los alumnos de la región se encuentran escolarizados en centros públicos, el 29,6% en concertados y 15,9% en privados, según han detallado desde el Ejecutivo regional.

Enrique Ossorio, el consejero de Educación, Ciencia y Universidades y portavoz del Gobierno, ha declarado en rueda de prensa que los objetivos de la Ley educativa madrileña son "garantizar la igualdad de oportunidades, avalar el derecho a recibir las enseñanzas en castellano, confirmar la pluralidad de la oferta educativa y fomentar la excelencia académica, asegurando la transparencia informativa en todos los procesos".

Además, esta normal regulará la normalización, inclusión, no discriminación e igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo para los estudiantes con necesidades educativas especiales. Ahora mismo, 5.839 son los alumnos escolarizados en modalidad de Educación Especial en centros sostenidos con fondos públicos, de los cuales 2.974 pertenecen a centros públicos y 2.865 a concertados.

Esta escolarización se revisará de forma continua para que en cada momento se cuente con "el entorno educativo más inclusivo y potenciador de las capacidades del alumno". De esta manera, "se garantiza en la región la continuidad de los centros de Educación Especial en la Comunidad de Madrid, pese a la aprobación de la nueva ley educativa estatal".

La Administración educativa dotará de los recursos humanos y materiales necesarios, y se impulsará la formación del profesorado junto con la investigación e innovación en la atención del alumnado con necesidades educativas especiales. Además, se promoverá la implicación de las familias del alumnado, recogiendo estas actuaciones en los documentos de organización para hacer efectiva la comunicación y participación de la familia en la vida de los centros educativos.

Esfuerzo y excelencia

Esta nueva ley apuesta por "el esfuerzo y la excelencia" dentro del sistema educativo, frente a la premisa de la LOMLOE de promover la titulación y la promoción con suspensos. Otra de las medidas es promover la realización de pruebas externas para fomentar la calidad de la educación. Además, también se garantizará el derecho a recibir las enseñanzas en español como lengua oficial y vehicular de España, para lo que se impulsará actuaciones de coordinación con otras comunidades e instituciones públicas y privadas con esta finalidad.

Esta normativa asegurará también "la libertad de elección de centro educativo con independencia del barrio de residencia y apostando por la zona única, una de las señas de identidad del sistema educativo madrileño". Y es que el 95,8% de las familias madrileñas ha obtenido plaza en el colegio elegido como primera opción para escolarizar a sus hijos de 3 años para el próximo curso escolar 2021/22.

Otro de los puntos que recoge la Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa de la Comunidad de Madrid es la defensa de la educación concertada, donde se garantizarán las plazas suficientes en enseñanzas declaradas obligatorias y gratuitas, teniendo en cuenta la oferta de los centros públicos y privados concertados e incluyendo el concepto de demanda social.

De esta manera, desde el Gobierno regional han remarcado que "este concepto ha quedado excluido en la nueva Ley educativa nacional, que pone en peligro la libertad de las familias madrileñas a elegir este tipo de educación".

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