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La agonía de la mediación, el arbitraje y la conciliación laboral en Madrid

Por José María Casero
lunes 02 de agosto de 2021, 13:11h

La reforma laboral de 2012 y la pandemia, junto a la crónica precariedad de medios, ponen en entredicho el papel del SMAC para evitar la dilación y judicialización de las reclamaciones laborales, perjudicando a los trabajadores y trabajadoras.

UGT denuncia la paulatina agonía del Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación en la Comunidad de Madrid en perjuicio de los derechos de los trabajadores y trabajadoras.

La reforma laboral del 2012 supuso para el SMAC un duro golpe en el papel que venía desempeñando en cuanto a la pronta resolución y reconocimiento de los derechos laborales de los asalariados y la no judicialización de las reclamaciones. La Reforma ha supuesto un alargamiento de los plazos que, sin duda perjudica a la parte más débil de la relación laboral, principalmente en los casos de despido y reclamación de salarios.

La Reforma Laboral eliminó los salarios de tramitación, es decir, las cantidades que la empresa tenía que abonar al trabajador hasta la finalización del procedimiento. La empresa era la principal interesada en alcanzar de manera rápida una conciliación favorable ante el SMAC, una fórmula efectiva para evitar el procedimiento en los tribunales de justicia, en sus distintas instancias y hasta la sentencia definitiva.

Tras la entrada en vigor de esta reforma laboral, tan lesiva para los derechos de los trabajadores y trabajadoras, es la empresa la que no le interesa lograr la conciliación en este organismo de arbitraje y conciliación. Pasa a tener el control del tiempo procedimental a sabiendas de su posición privilegiada a la hora de lograr asesoramiento y asistencia jurídica, recursos económicos y, el probable desistimiento, abandono de la reclamación, por parte de la parte más débil de la relación laboral, el asalariado por cuenta ajena.

Por otra parte, el Covid-19 obligó a establecer restricciones y limitaciones a la hora de acceder a los servicios del SMAC de manera presencial por razones de salud pública. Ahora bien, la pandemia no puede justificar el mal funcionamiento de la oficina virtual que se puso en marcha. Un verdadero suplicio a la hora de lograr la certificación y hace que sólo los actos que cuentan con una conciliación favorable previa, tengan visos de sustanciarse.

La reforma laboral, la pandemia y la desidia, la falta de interés de la Administración Regional a la hora de dotar de suficientes medios los déficits crónicos del SMAC, de falta de personal, recursos materiales y tecnológicos, hace que no podamos hablar de un servicio normalizado.

Hoy, en la Comunidad Autónoma de Madrid, se da cobertura a las conciliaciones laborales con acuerdo, pero la monumental carga de trabajo ha provocado que sólo se atiendan “despidos y sanciones, dejando en un segundo plano las reclamaciones de cantidad”.

Esto va en claro perjuicio de los trabajadores y trabajadoras que, ante esta situación, se ven abocados a la judicialización de las reclamaciones en los tribunales, asumiendo, si pueden, los costes de la asistencia y asesoramiento jurídico, necesario para que prospere su reclamación y se reconozca su derecho, pero, además, con una gran dilación en el tiempo.

Para UGT Madrid, esta situación se convierte en un grave problema. El célebre pensador romano Séneca expresó que “nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía” y en definitiva el desamparo de las personas trabajadoras.

Además, el conflicto estriba en que lo que en principio sólo parece un trámite administrativo puede hacer perder al trabajador demandante su derecho a la tutela judicial efectiva. Porque para acudir al juez de lo Social es preceptivo haber intentado, al menos, la conciliación previa con la empresa.

De hecho, el juez puede archivar la demanda si no se ha cumplido esa diligencia con lo preceptuado en el artículo 81.2 de la Ley de la Jurisdicción Social.

La UGT, que estamos en el día a día de los problemas de las personas trabajadoras, a la hora de dar toda nuestra protección jurídica, vemos como desde el SMAC sólo se están agendando las citas que fueron pedidas antes del estado de alarma, pero cuyos actos de conciliación tuvieron que ser suspendidos por el confinamiento, así como otras en las que licenciado/a y trabajador/a han alcanzado con carácter informal un principio de acuerdo. “Y ésas son excepcionales”, o se está dando prioridad a las demandas de despido, que deben interponerse antes de que transcurran 20 días.

Por todo lo anterior, desde UGT, exigimos que se dote de medios o mecanismos que permitan a las personas trabajadoras acreditar en los tribunales la imposibilidad de la celebración de los actos de conciliación por motivos no atribuibles a la persona.

Antes, concurrían un sello para acreditar que el acto de conciliación no se había celebrado ni se iba a celebrar y con esa certificación podías acudir ante el juez sin problemas. Pero, en todo este periodo de inactividad y posterior desescalada, ese sello no se ha proporcionado, con el consiguiente perjuicio para el demandante si el magistrado/a es meticuloso.

Asimismo, apremiamos Gobierno Regional a que ponga todos los medios necesarios y active un plan que ponga en marcha a pleno rendimiento el Servicio de Mediación y Arbitraje, para con ello rescatar la función de interlocución entre personas trabajadoras y empresas para evitar la judicialización de los conflictos laborales y bloquear la administración de justicia y la tutela efectiva por parte de los tribunales De lo Social.

José María Casero

Secretario de Políticas Sindicales de UGT Madrid

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